En estas Pascuas, los padres y una parte sustancial de la sociedad que espera ver a Loan de vuelta, vivo, sano y salvo, continúan formulando la pregunta central del caso: ¿qué hicieron con Loan? Hasta el momento, la jurisdicción no ha brindado una respuesta suficiente ni ha adoptado una de las medidas probatorias más idóneas para alcanzarla. ¿Qué hicieron con Loan? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? La ausencia de reconstrucción del hecho no constituye un aspecto accesorio del proceso: configura, en este estado, un déficit relevante de verificación probatoria. Una respuesta jurídica de fondo puede surgir de una reconstrucción integral, amplia y técnicamente sustentada en pericias forenses capaces de producir evidencia controlable y oponible en juicio oral. Su realización resultaría especialmente adecuada en una fecha análoga a la del hecho 13 de junio de 2026, en condiciones que permitan contrastar, con rigor, las distintas hipótesis en juego.

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La querella que representa a la familia de Loan la solicitó expresamente ante el Tribunal Oral de Corrientes el 27 de febrero. La decisión aún no ha sido adoptada. Y el tiempo procesal se agota. No obstante, y como dato alentador se tiene en cuenta siempre el apoyo firme y permanente que asegura la elevación de una causa instruida por la Dra. Pozzer Penzo que se elevó a juicio en tiempo y legal forma, y con el aval permanente de los fiscales intervinientes, Dres. Carlos Schaefer y Tamara Pourcel quienes promueven la agilidad y la celebración del juicio oral en el menor tiempo posible. Caso Loan: sabemos qué pasó, pero no dónde está. La lección de la docuserie Amy Lynn Bradley Todo lo demás, está en manos de los Señores Jueces. El tribunal oral que deberá juzgar el caso no sólo enfrenta la complejidad probatoria propia del hecho, sino que además se encuentra en proceso de integración, circunstancia que refuerza la necesidad de adoptar, con urgencia, todas las medidas probatorias idóneas antes del debate. Deber, memoria y justicia “Justicia, justicia perseguirás”. No dice esperarás. No dice confiarás. Dice perseguirás. El mandato no es simbólico: es operativo. Impone acción, no contemplación. Y además, impone memoria. El pueblo judío no solo busca justicia: recuerda. Recuerda Egipto, la esclavitud, el sometimiento. No como liturgia, sino como advertencia: lo que no se reconstruye, se repite. El cristianismo establece el mismo principio bajo otra forma. La Pascua no es un rito vacío: es la memoria de una injusticia concreta, la condena de un inocente. No se la recuerda para conmoverse, sino para impedir su naturalización. El islam fija un estándar exigente: la justicia debe sostenerse incluso contra uno mismo. Incluye el testimonio veraz, aunque incomode. El hinduismo, a través del dharma, define la justicia como adecuación al orden debido. Su quiebre no es individual: desordena el mundo. El budismo introduce una lógica ineludible: toda acción produce consecuencias. La injusticia no desaparece por omisión. Permanece. El confucianismo agrega un elemento decisivo: la justicia no depende solo de normas, sino de conducta sostenida en memoria social. El taoísmo advierte que cuando se pierde el orden natural, emergen estructuras que intentan reemplazarlo. Cuando falla lo esencial, se sobrerregula lo accesorio. Cuando el poder se aparta del orden, aparece el abuso. Y cuando el abuso no se confronta, se legitima. En la tradición cristiana, con Basilio el Grande, el estándar es inequívoco: la omisión frente a la injusticia es, en sí misma, injusticia. La estructura es común: memoria más reconstrucción equivale a búsqueda de verdad. La reconstrucción no es reemplazable Las procesiones, representaciones y escenificaciones no son folklore. Son formas históricas de reconstrucción del hecho: se revive para comprender, se comprende para no repetir. El derecho penal moderno no hace otra cosa. Pero lo hace con método, legalidad, contradicción, control y verificación. No producir la prueba disponible, adecuada y exigible conforme la magnitud del hecho investigado es una forma de impunidad. En uno de los casos más dolorosos y paradigmáticos de la historia reciente —la sustracción, retención y ocultamiento de un menor de diez años— el proceso se encuentra en un punto crítico. No solo por la gravedad del hecho, sino por la oportunidad probatoria que se abre. «Que nos encarcelen, pero que nos devuelvan a Loan»: el duro comunicado de los padres Los intentos de reconstrucción existentes son incompletos, técnicamente insuficientes y ajenos a las exigencias del juicio oral. No permiten verificar hipótesis ni integrar adecuadamente el material probatorio. Pretender sustituir la reconstrucción del hecho por una inspección ocular o constatación implica una confusión grave: no cumplen la misma función procesal. Son actos de percepción estática, fragmentaria, limitados al estado actual de las cosas. No reproducen dinámicas, no contrastan versiones, no verifican condiciones materiales. La reconstrucción, en cambio, es una prueba técnico-jurídica compleja. Permite confrontar relatos bajo condiciones análogas de tiempo, espacio y acción. Integra pericias, testimonios y datos objetivos en un mismo plano verificable. Confundir percepción con prueba, intuición con verificación, impresión judicial con verdad controlada no es un error menor: es decidir sin comprobar. Una medida necesaria, no opcional No existe, a la fecha, argumento jurídico serio que permita descartar la reconstrucción del hecho en estas condiciones. El único obstáculo invocable no es jurídico ni técnico: es su exigencia. Requiere trabajo, coordinación, despliegue y dirección técnica. Precisamente por eso se impone. La reconstrucción exige presencia en el terreno, recreación de condiciones, representación rigurosa de tiempos, lugares, personas y dinámicas. Es el punto donde el proceso penal deja de narrar y empieza a verificar. No hay otra herramienta que concentre, articule y someta a prueba la totalidad del material probatorio con igual eficacia. No hay otra instancia que permita medir, con igual claridad, la consistencia de cada versión. El hecho: un niño desaparecido Loan no es una abstracción. Es un hecho. Un niño desaparecido. La pregunta no es teológica. Es probatoria: ¿qué pasó? ¿dónde está? Responder exige reconstrucción. No como gesto simbólico, sino como acto procesal imprescindible. Es compleja. Es costosa. Es exigente. Pero es indispensable. Porque es el punto donde la memoria deja de ser relato y se convierte en prueba. Antecedentes jurisprudenciales relevantes. La experiencia judicial demuestra que no se trata de una hipótesis teórica, sino de una práctica consolidada. En la práctica judicial comparada y nacional, la reconstrucción del hecho ha demostrado ser un instrumento decisivo para quebrar versiones incompatibles con la realidad empírica y consolidar resultados probatorios robustos. Así ocurrió, por ejemplo, en la causa “Etchecolatz, Miguel Osvaldo s/ privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio” (Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata, 2006), donde la reconstrucción de las dinámicas represivas, integrada con prueba testimonial y pericial, permitió descartar versiones defensivas y establecer la mecánica de los hechos con precisión suficiente para fundar condena. Caso Loan, cuando el reloj corre contra el Estado: plazo razonable y deber reforzado de protección al menor En igual sentido, en la causa “Cabello, Sebastián s/ homicidio culposo agravado” (Tribunal Oral en lo Criminal N° 30 de la Capital Federal, 2005), la reconstrucción accidentológica resultó determinante para demostrar la imposibilidad física de las explicaciones del imputado, fijando velocidades, trayectorias y tiempos que desarticularon su versión. A nivel comparado, en “Caso Marta del Castillo Casanueva s/ homicidio” (Audiencia Provincial de Sevilla, España, 2011), las sucesivas reconstrucciones del hecho evidenciaron contradicciones insalvables entre los relatos de los acusados y las condiciones materiales verificadas, contribuyendo a la determinación de responsabilidad penal. Del mismo modo, en el juicio por el homicidio de Fernando Báez Sosa “Thomsen, Máximo y otros s/ homicidio agravado” (Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, 2023), la reconstrucción espacio-temporal del ataque, apoyada en registros audiovisuales y pericias, permitió asignar roles concretos y desarticular defensas de participación secundaria. En todos estos precedentes, la reconstrucción no operó como un acto meramente ilustrativo, sino como un verdadero mecanismo de verificación: expuso inconsistencias, confrontó relatos con condiciones reales y transformó la narrativa en prueba controlable, evidenciando que cuando las versiones son sometidas a las mismas condiciones en que los hechos ocurrieron, la verdad deja de ser una hipótesis para convertirse en una conclusión jurídicamente verificable. Colofón No ordenar la reconstrucción del hecho en un caso de esta naturaleza no es una decisión neutra ni discrecional. Es una definición metodológica que debe ser explicada con rigor. Implica prescindir del único medio probatorio capaz de verificar, en condiciones controladas, la consistencia de las hipótesis en juego. En ese marco, la eventual negativa no elimina el problema: lo traslada. Ya no será la reconstrucción la que deba justificarse, sino la jurisdicción la que deberá explicar por qué decide prescindir de ella. La fe interpela. La justicia exige verificación. Y cuando el proceso penal evita sus propios puntos de control, deja de producir verdad y empieza a administrar incertidumbre. Porque lo que no se verifica, no se prueba. Y lo que no se prueba, en justicia, no existe.