Donald Trump está reconfigurando la política económica y exterior de Estados Unidos con instrumentos comerciales, militares, financieros y culturales orientados a restaurar y asegurar la primacía de sus grandes capitales. Los aranceles vuelven a ser una herramienta central. La negociación con países de la Unión Europea concluyó en un arancel base del 15% sobre productos europeos, incluidos automóviles, a cambio de mayor compra de energía estadounidense e inversión directa en EE.UU. Esta política tarifaria busca reorientar cadenas de suministro y atraer inversión productiva, en línea con el lema America First. Paralelamente, la administración promueve una expansión sin restricciones de la producción de combustibles fósiles y desacredita agendas climáticas como el “cero neto”, lo que favorece a grandes empresas energéticas y extractivas con intereses en mercados globales. El uso del poder militar y de acciones de fuerza selectiva forma parte de la estrategia. La administración ha liderado operaciones que han alterado equilibrios regionales: la gestión del conflicto Rusia-Ucrania, el apoyo táctico y diplomático a Israel frente a Palestina, las operaciones de élite en Venezuela que han facilitado cambios políticos favorables a intereses petroleros y el ataque militar a Irán en compañía de Israel. En Venezuela un resultado: la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorizó a Repsol, Eni, BP, Chevron y Shell a operar en Venezuela: extracción, refinación, transferencia tecnológica y acuerdos con Pdvsa. El control de reservas estratégicas de hidrocarburos constituye un objetivo geoeconómico explícito, cuya captura implica beneficios directos para corporaciones angloamericanas con capacidad tecnológica y financiera.

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En el terreno de la política interna y el discurso internacional, Trump ha enfatizado la centralidad del dólar y del sistema financiero estadounidense como pilares de la seguridad nacional. En su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS, 2025) sostiene que la supervivencia de la república está estrechamente vinculada a la continuidad “del sistema financiero y los mercados de capitales líderes…, incluyendo el estatus de moneda de reserva global del dólar”. Esta posición explica políticas que combinan estímulo interno –con fuertes incrementos en gasto militar y subsidios a sectores estratégicos– con medidas para preservar la liquidez internacional del dólar y la prevalencia de instituciones financieras estadounidenses en mercados globales. El fortalecimiento militar viene acompañado de cifras: la administración afirma haber impulsado una inversión de un billón de dólares en las Fuerzas Armadas, y presiona a aliados de la OTAN para elevar gasto militar desde el objetivo tradicional del 2% del PBI hasta el 5%. Ese reclamo implica no solo un rearme colectivo favorable a la industria de defensa de EE.UU., sino también la consolidación de cadenas de suministro militares y tecnológicas dominadas por empresas estadounidenses. De hecho, la NSS combina el “ejército más poderoso y capaz del mundo” con recursos económicos y tecnológicos para ejercer influencia en teatros geopolíticos, y suma el poder cultural como complemento para legitimar la estrategia. La intervención discursiva en foros globales refuerza ese marco. En Davos, Trump defendió que la prosperidad occidental provino de “nuestra cultura tan especial” más que de códigos tributarios, y reclamó la defensa de esa cultura como base del liderazgo transatlántico. Ese relato cultural –la reivindicación del American Way of Life y la noción de libertad ligada al mercado– sirve para validar políticas que priorizan la rentabilidad corporativa y la primacía financiera frente a agendas multilaterales de consolidación fiscal o acción climática. Ese divorcio con las recomendaciones de organismos multilaterales es notable. El FMI, en su actualización de Perspectivas de la Economía Mundial (enero 2026), insiste en la necesidad de “reconstruir reservas fiscales” y avanzar en reformas para controlar la deuda y sostener el crecimiento. La política estadounidense se aparta del guión del FMI: el estímulo por la vía del gasto militar y el respaldo a combustibles fósiles sustituyen las medidas de consolidación fiscal y reformas estructurales. La administración incluso ha firmado la Orden Ejecutiva 14.199, retirando financiación federal a numerosas agencias y ONG’s internacionales consideradas “contrarias a los intereses de Estados Unidos”, lo que reduce la capacidad multilateral de respuesta en áreas como desarrollo, salud y cambio climático. La combinación de intervenciones económicas, militares y culturales genera un modelo de acumulación y poder que favorece a un núcleo de grandes financieros y rentistas. Estos actores, estrechamente vinculados al Estado, obtienen beneficios directos: acceso preferente a recursos naturales (petróleo y gas), contratos de defensa, ventajas regulatorias y protección diplomática. La puesta en escena de conflictos controlados –desde sanciones y operaciones selectivas hasta alianzas estratégicas– estabiliza escenarios propicios para la inversión de estos grupos, aun cuando la economía global experimente bajo crecimiento y volatilidad financiera. En el plano interno, la disputa cultural se intensifica. Las políticas migratorias y las operaciones de la Oficina de Control y Aduanas (ICE) han provocado reacciones ciudadanas y movilizaciones locales, como en Minneapolis, donde se multiplicaron protestas contra la presencia de la agencia. El choque se evidenció también en el terreno simbólico: el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX en San Francisco, con la actuación de Bad Bunny quien reivindicó una América culturalmente diversa desde Tierra del Fuego hasta Alaska, fue objeto de críticas desde la Casa Blanca. Ese episodio refleja la tensión entre una narrativa inclusiva y multicultural –que reconoce los pueblos originarios, las migraciones y los mestizajes como parte del futuro humano– y la narrativa oficial, que privilegia una versión tradicionalista y comercializable del carácter estadounidense. La tensión entre un discurso de hegemonía cultural y la realidad económica subyacente es clave. El gobierno proclama baja inflación y crecimiento sostenido; datos oficiales muestran reducciones puntuales en el índice de precios al consumidor en ciertos trimestres y aumentos en producción de hidrocarburos. Sin embargo, el crecimiento global sigue débil, la deuda pública estadounidense permanece en niveles elevados (superiores al 120% del PBI en términos brutos) y persisten riesgos financieros. La apuesta por la primacía mediante gasto militar, control de recursos y consolidación del poder cultural no elimina vulnerabilidades macroeconómicas ni la necesidad de políticas fiscales y estructurales que fomenten productividad y reducción de desigualdades. *Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Latinoamérica21.