La ciudad de Zapala puso en marcha una nueva actualización del Censo de Arbolado Urbano, una iniciativa que busca relevar el estado de las especies y mejorar la planificación ambiental en la localidad.

El trabajo se realiza tras la firma de un convenio entre el Municipio y la Universidad Nacional del Comahue, a través del Centro Regional Universitario de San Martín de los Andes. Esta nueva etapa da continuidad a los relevamientos realizados en 2020 y 2022.

El objetivo es obtener un diagnóstico preciso del arbolado público: identificar especies, evaluar su estado sanitario y detectar posibles problemas, como raíces que dañen veredas o interferencias con el alumbrado público.

A partir de esta información, los especialistas podrán planificar futuras podas, definir extracciones en casos necesarios y determinar qué especies son más adecuadas para cada sector, así como los momentos óptimos de plantación.

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Desde el municipio informaron que los censistas estarán debidamente identificados con gorras y credenciales oficiales, y que solo realizarán tareas en veredas, sin ingresar a viviendas particulares.

El relevamiento tendrá una duración aproximada de dos meses y forma parte de una estrategia de planificación urbana orientada al cuidado del ambiente y la mejora del espacio público.

El avance de las fotomultas y radares en la Ruta 7 entre Neuquén y Centenario empieza a tomar forma concreta. Luego de varios intentos, el municipio de Centenario firmó un convenio para implementar un sistema de control automatizado que apunta a reducir los accidentes en uno de los tramos más transitados de la región.

El acuerdo, impulsado por el intendente Esteban Cimolai, contempla la instalación de radares de velocidad y cámaras inteligentes, aunque todavía debe ser aprobado por el Concejo Deliberante. El objetivo es intervenir especialmente en sectores donde se registran siniestros viales de forma frecuente.

Uno de los puntos que ya aparece como fijo es la zona del expeaje sobre la Ruta 7, un sector donde son habituales los accidentes y vuelcos vinculados al exceso de velocidad. Además, se realizará un relevamiento inicial de 15 días para definir otras ubicaciones estratégicas.

Cómo funcionará el sistema de fotomultas

El proyecto prevé la instalación de tres radares fijos de velocidad y al menos ocho cámaras en semáforos, que permitirán detectar infracciones como cruces en rojo o invasión de la senda peatonal.

Todo el sistema operará de forma automatizada: las cámaras registrarán la infracción, captarán datos como patente, hora y ubicación, y enviarán la información directamente al Juzgado de Faltas, que será el encargado de determinar la sanción.

Este modelo implica un cambio importante en los controles de tránsito, ya que permitirá detectar infracciones en tiempo real sin necesidad de presencia policial constante.

El convenio fue firmado con la UTE Speed Radar Tech – Arcuva SAS, que se encargará de proveer, instalar y operar la tecnología. La empresa ya tiene antecedentes en ciudades de Río Negro como General Roca, Villa Regina, Allen y Cipolletti.

Costos, multas y esquema de recaudación

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que no habrá inversión inicial por parte del municipio. La empresa cobrará el 50% de lo recaudado por multas efectivamente pagadas, mientras que el otro 50% quedará para Centenario.

Además, el convenio establece que si el municipio deja de aplicar multas, deberá compensar a la empresa con un promedio de ingresos previos, lo que asegura la continuidad del sistema.

En cuanto a los valores de las infracciones, el proyecto no fija montos específicos. Las multas seguirán el esquema de la ordenanza tarifaria vigente, por lo que podrían ubicarse en rangos similares a otras ciudades de la región.

Otro punto clave es que las multas impagas con sentencia firme se convertirán en títulos ejecutivos, lo que permitirá al municipio iniciar directamente acciones judiciales para su cobro.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero mantiene un monitoreo constante sobre las cuentas bancarias y billeteras virtuales en busca de inconsistencias entre los ingresos declarados y el dinero que circula.

Una de las dudas más frecuentes es si existe un límite de transferencias mensuales. La respuesta es no: no hay un número máximo de operaciones permitido. Lo que realmente analiza el organismo es el volumen total de dinero y si ese movimiento es coherente con la situación fiscal del titular.

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En ese sentido, hay montos de referencia que pueden activar alertas automáticas. Generalmente, cuando los movimientos mensuales superan cifras cercanas a los $200.000 o $400.000 —según el tipo de cuenta—, las entidades financieras informan esas operaciones, lo que puede derivar en un análisis más detallado.

Esto no implica una sanción inmediata. En la mayoría de los casos, se trata de una verificación para que el usuario justifique el origen de los fondos mediante facturas, contratos o comprobantes.

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El problema surge cuando ese dinero no puede respaldarse. En esos casos, ARCA puede avanzar con ajustes impositivos, multas o incluso considerar esos ingresos como no declarados.

Por eso, especialistas recomiendan mantener siempre coherencia entre lo que se declara y los movimientos bancarios. Más allá de la cantidad de transferencias, lo que realmente importa es que los números cierren.