En una semana sin sesiones, oficialismo y oposición miden fuerzas con agendas contrapuestas. En el Senado, La Libertad Avanza retomó el debate del proyecto del Gobierno sobre inviolabilidad de la propiedad privada, mientras que en la Cámara de Diputados distintos bloques comienzan a unificar un proyecto para aliviar a familias sobreendeudadas con tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, busca acuerdos con las bancadas dialoguistas para dictaminar la semana próxima y votar la siguiente el proyecto de propiedad privada del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que introduce cambios en venta de tierras, expropiaciones, desalojos, uso de terrenos incendiados y tenencia de propiedades en barrios populares.

La discusión se reanudó este miércoles en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde expusieron invitados críticos del proyecto.

Uno de los puntos más cuestionados fue la eliminación de los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de privados extranjeros. Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras integrado por investigadores del CONICET y la UBA, advirtió que más de 13 millones de hectáreas están actualmente en manos extranjeras, una cifra que representa el 4,97% de la superficie nacional.

Si bien el porcentaje está lejos del límite vigente, que es del 15%, el especialista alertó que el problema es “la concentración en regiones específicas” donde las tierras tienen un valor productivo, ambiental o hasta geopolítico.

La ministra de Ambiente de Buenos Aires, Daniela Vilar, subió la apuesta y denunció que la ley también permitirá “entregar nuestros ríos, lagos y acuíferos” con la derogación de artículos vigentes. “Vamos a poner en venta el acceso al agua de los argentinos. Complementado con la Ley de Glaciares, el escenario es catastrófico”, lamentó.

Vilar, funcionaria de Axel Kicillof, sostuvo que “una cosa es la inversión productiva y otra cosa es la propiedad del suelo. No se necesita ser dueño de la tierra para realizar una inversión”. De esa manera salió al cruce de Sturzenegger, quien aseguró ante los senadores que el objetivo de la propuesta es atraer inversiones privadas.

El capítulo vinculado a los desalojos también fue cuestionado. Según señaló Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, se habilita un “desalojo ultra exprés” donde “si te atrasás con el pago de alquiler, te desalojan de inmediato”. Algo preocupante en un contexto donde, indicó, los precios de los alquileres se disparan y muchas empresas pagan salarios en cuotas.  

Desendeudamiento familiar

En la Cámara de Diputados, la oposición puso en debate una veintena de proyectos que prestan auxilio a las familias que se sobreendeudan para gastos básicos de consumo. La intención de diputados de Unión por la Patria, el interbloque Unidos, Innovación Federal y la monobloquista Marcela Pagano es unificar una iniciativa que genere un esquema de refinanciación de las deudas.

Según un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) basado en datos del Banco Central, para las familias el ratio de irregularidad en el crédito al sector privado se cuadriplicó entre noviembre de 2023 y enero de 2026, pasando del 2,7% al 10,6%. En ese mismo período, la irregularidad en tarjetas de crédito creció un 566%.

La morosidad en entidades financieras (bancos) es del 11,2%, mientras que en entidades no financieras (billeteras virtuales) trepa al 29,9%. En total, se registran 4,8 millones de personas con mora superior a tres meses: son 1,5 millones más con respecto a febrero de 2024, cuando recién iniciaba la gestión de Javier Milei. Es decir, un aumento del 45% en apenas dos años.

Estos y otros datos fueron puestos sobre la mesa en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el diputado y sindicalista Hugo Yasky (Unión por la Patria). Allí se realizó una primera ronda de invitados y se acordó concretar una segunda con más expositores, mientras los bloques trabajan para consensuar un único proyecto.  

El líder de Unión por la Patria, Germán Martínez, llamó a avanzar con celeridad. “Es un tema que genera angustia a miles de personas con nombre y apellido. Hay que salir del Excel, no es una cuestión solo de números”, dijo. Además, marcó un contrapunto con el Gobierno al denunciar que con la Ley de Inocencia Fiscal “le perdonaron las deudas a todos”.

La Libertad Avanza rechazó avanzar en una ley como la que propone la oposición. El cordobés Marcos Patiño Brizuela, integrante de la comisión, consideró que el camino es avanzar con un nuevo Código de Defensa del Consumidor que contemple, por ejemplo, la categoría de consumidores “hipervulnerables”. Recordó que hay proyectos presentados desde 2019 en ese sentido.

No obstante, el kirchnerismo marcó una fuerte presión. “En los barrios populares la gente se endeuda con los prestamistas que muchas veces terminan siendo los mismos transas de los barrios”, blanqueó la diputada Natalia Zaracho, del ala de Juan Grabois. “Las tarjetas se utilizaban como un instrumento financiero para pagar un inmuebles o vacaciones; hoy se usan para pagar comida en cuotas”, alertó la fueguina Andrea Freites.

La ex oficialista Pagano también defendió la ley y responsabilizó al Gobierno por la crisis en las finanzas familiares: “No se trata de responsabilidad individual: esta es la consecuencia de un modelo económico que los empuja a endeudarse para sobrevivir y llegar a fin de mes, tomando créditos a tasas que no se pueden sostener porque ningún salario puede explicar el repago de esas tasas”.

Corresponsalía Buenos Aires.

La Justicia formuló cargos contra un hombre que protagonizó un violento episodio en el barrio 2 de Febrero. El imputado deberá cumplir estrictas medidas de restricción hasta el inicio del juicio.

Un ataque planificado en el barrio 2 de Febrero

El pasado 12 de abril, alrededor de las 21:00 horas, se vivió una situación de extrema tensión en una vivienda de Cipolletti. Según la acusación fiscal presentada en el Foro Penal, el imputado irrumpió en el domicilio de su expareja de manera violenta: ingresó por el techo de la propiedad sin ningún tipo de autorización.

Una vez dentro, el hombre se dirigió al dormitorio donde la víctima se encontraba durmiendo. Allí, la habría amenazado con un arma, iniciando una persecución por distintos sectores de la casa que generó un profundo temor en la mujer.

Destrozos y violencia de género

Antes de retirarse del lugar, el acusado descargó su violencia contra los bienes de la víctima. La fiscalía detalló que el hombre rompió un vidrio de la puerta de ingreso al domicilio y destrozó la luneta y un vidrio trasero de un vehículo que estaba estacionado en el garaje.

Debido al vínculo previo y las características del ataque, la fiscal del caso encuadró el hecho bajo la calificación de amenazas agravadas, violación de domicilio y daños, todo enmarcado en un contexto de violencia de género.

Medidas cautelares y vigilancia satelital

Durante la audiencia, la jueza de Garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso medidas de protección urgentes para la víctima. Dado que la defensa oficial no presentó objeciones a los hechos ni a la calificación legal, se establecieron restricciones para el imputado.

El acusado será monitoreado mediante una tobillera electrónica con control satelital para asegurar que no viole las restricciones. Además, se fijó la prohibición de acercamiento sin poder aproximarse a menos de 200 metros de la víctima ni de su domicilio.

También se estableció la restricción de contacto y cualquier tipo de comunicación con la mujer. Finalmente deberá presentarse de forma quincenal en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

La jueza habilitó un plazo de cuatro meses para la etapa penal preparatoria, tiempo durante el cual se recolectarán las pruebas finales antes de elevar la causa a juicio.

El ministro de Salud reconoció que la obra social atraviesa dificultades, pero buscó llevar tranquilidad en medio del conflicto con profesionales y proveedores.
En un contexto de tensiones y expectativas, el Ministerio de Economía de la Nación procedió a una transferencia financiero de $150 mil millones destinada al PAMI, el organismo encargado de garantizar los servicios de salud para jubilados y pensionados en Argentina. Esta medida resulta crucial frente al creciente malestar manifestado por diversas instituciones y profesionales del sector salud debido a las demoras en los pagos que han afectado a distintas prestadoras y al mismo tiempo, ha precipitado una significativa crisis en el sistema de atención al afiliado. Lee también: Restituyen la cobertura 100% en medicamentos de PAMI: quiénes pueden acceder Mario Lugones, al frente del Ministerio de Salud, proporcionó detalles sobre esta inyección de fondos durante su participación en las jornadas de la AmCham Summit 2026, destacando la importancia de esta acción para frenar un conflicto que amenaza con deteriorar más el servicio de salud «El PAMI está pagando, la plata llegó», declaró Lugones, quien reconoció que, si bien la entidad enfrenta grandes desafíos, el envío de estos recursos representa un paso necesario para normalizar las operaciones administrativas con sus proveedores.Mientras estos eventos se desarrollan, los médicos de cabecera del PAMI se anunciaron en huelga durante 72 horas, en repudio a las resoluciones recientes que, según argumentan, implican una disminución en sus honorarios y establecen primitivas condiciones de trabajo. La medida de fuerza busca revertir las normativas emanadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, sobre todo aquellas figuras en la Resolución RESOL-2026-1107, que alteraron el esquema compensatorio de los médicos dedicados a tiempo completo a atender a la población jubilada.El paro médico descentralizado está palpable en las distintas regiones del país, donde los reclamos no sólo pasan por la reivindicación económica, sino también por la protesta frente a un sistema informático plagado de inconvenientes. Los profesionales destacan la inviabilidad de ajustes que merman los montos salariales a un nivel que consideran indigno y poco sustentable dado el crecientemente alto costo de vida.El impacto de la huelga podría, sin embargo, estar parcialmente amortiguado dado los médicos han autorizado la atención a urgencias aun en contexto de paro. Sin embargo, las tensiones se toman de palabra y el conflicto postula la urgencia de una respuesta más integral por parte del gobierno federal para estructurar un esquema estable para los servicios de salud desarrollados por PAMI.