Buenos Aires fue seleccionada para formar parte del programa internacional eBRT2030, una iniciativa financiada por la Unión Europea que busca acelerar la transición hacia sistemas de transporte público eléctrico más eficientes, conectados y sustentables.

El proyecto reúne a distintas ciudades del mundo en un esquema de cooperación internacional orientado a desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas a la movilidad urbana, con foco en la reducción de emisiones, la digitalización del servicio y la mejora de la eficiencia operativa.

La Ciudad de Buenos Aires fue incorporada junto con Ciudad del Cabo, Curitiba y Kigali, tras un proceso de selección internacional en el que participaron 25 ciudades, y pasó a integrar el denominado International Cluster City, un grupo de ciudades piloto del programa.

La implementación local se realizará a través del trabajo conjunto con el organismo internacional Urban Electric Mobility Initiative (UEMI), encargado de articular la ejecución técnica de las iniciativas en las ciudades seleccionadas.

En ese marco, la Ciudad avanzará con dos desarrollos principales vinculados a la gestión energética del sistema de colectivos eléctricos.

Por un lado, se implementará un sistema de carga inteligente (smart charging), que permitirá organizar la recarga de la flota en función de la demanda del servicio, la disponibilidad de la red eléctrica y los costos de la energía. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa, evitar picos de consumo y optimizar el uso de la infraestructura existente.

Por otro lado, se realizarán estudios de factibilidad para la incorporación de sistemas de almacenamiento energético mediante baterías (BESS) en estaciones de carga. Estas soluciones permitirán acumular energía en momentos de menor demanda y utilizarla en horarios pico o como respaldo ante interrupciones del suministro. También se evaluará la integración de energías renovables, como la solar, en la infraestructura de carga.

Como parte del programa, Buenos Aires recibirá una subvención de 120.000 euros destinada al desarrollo de estas iniciativas, que serán ejecutadas por equipos técnicos del área de movilidad y planificación del Gobierno porteño.

Con esta participación, la Ciudad busca avanzar no solo en la incorporación de colectivos eléctricos, sino también en la gestión inteligente de la energía asociada a su operación, un componente clave para la expansión de la electromovilidad urbana.

En línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), entre ellas su extitular, ya procesado, Diego Spagnuolo.

Corrupción en Andis: amplían indagatorias

Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo. La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—“, sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

NA

La Justicia formuló cargos contra un hombre que protagonizó un violento episodio en el barrio 2 de Febrero. El imputado deberá cumplir estrictas medidas de restricción hasta el inicio del juicio.

Un ataque planificado en el barrio 2 de Febrero

El pasado 12 de abril, alrededor de las 21:00 horas, se vivió una situación de extrema tensión en una vivienda de Cipolletti. Según la acusación fiscal presentada en el Foro Penal, el imputado irrumpió en el domicilio de su expareja de manera violenta: ingresó por el techo de la propiedad sin ningún tipo de autorización.

Una vez dentro, el hombre se dirigió al dormitorio donde la víctima se encontraba durmiendo. Allí, la habría amenazado con un arma, iniciando una persecución por distintos sectores de la casa que generó un profundo temor en la mujer.

Destrozos y violencia de género

Antes de retirarse del lugar, el acusado descargó su violencia contra los bienes de la víctima. La fiscalía detalló que el hombre rompió un vidrio de la puerta de ingreso al domicilio y destrozó la luneta y un vidrio trasero de un vehículo que estaba estacionado en el garaje.

Debido al vínculo previo y las características del ataque, la fiscal del caso encuadró el hecho bajo la calificación de amenazas agravadas, violación de domicilio y daños, todo enmarcado en un contexto de violencia de género.

Medidas cautelares y vigilancia satelital

Durante la audiencia, la jueza de Garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso medidas de protección urgentes para la víctima. Dado que la defensa oficial no presentó objeciones a los hechos ni a la calificación legal, se establecieron restricciones para el imputado.

El acusado será monitoreado mediante una tobillera electrónica con control satelital para asegurar que no viole las restricciones. Además, se fijó la prohibición de acercamiento sin poder aproximarse a menos de 200 metros de la víctima ni de su domicilio.

También se estableció la restricción de contacto y cualquier tipo de comunicación con la mujer. Finalmente deberá presentarse de forma quincenal en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

La jueza habilitó un plazo de cuatro meses para la etapa penal preparatoria, tiempo durante el cual se recolectarán las pruebas finales antes de elevar la causa a juicio.