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Salió el decreto nacional que permite a Neuquén y Río Negro gestionar obras en rutas clave de la región
A través de un decreto, el Gobierno nacional habilitó a Neuquén y Río Negro a concesionar obras en rutas nacionales. La medida incluye la posibilidad de cobrar peajes para financiar mejoras.
El Gobierno nacional oficializó un cambio clave en la gestión de la infraestructura vial al habilitar a Neuquén, Río Negro y otras siete provincias a concesionar obras en rutas nacionales estratégicas como la 22 y la 151, dos corredores fundamentales para la región.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 253/2026, que establece un esquema de delegación “temporal” para que las provincias puedan avanzar con obras de reparación, mantenimiento y ampliación.
Rutas 22 y 151: el foco en corredores clave del Alto Valle
Las rutas nacionales 22 y 151 concentran desde hace años reclamos por su estado, el volumen de tránsito y la falta de obras estructurales. Con esta nueva normativa, las provincias podrán intervenir directamente en su mejora.
Además de Neuquén y Río Negro, el esquema incluye a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y Santa Cruz, ampliando el alcance de la política a distintas regiones del país.
El decreto aclara que no se transfiere la titularidad de las rutas ni la jurisdicción, sino que se delega de manera temporal y revocable la gestión operativa.
Uno de los puntos centrales de la medida es la posibilidad de que las provincias liciten y firmen contratos con empresas privadas o mixtas, incluyendo la opción de implementar peajes como fuente de financiamiento.
El texto oficial establece que estos esquemas deberán respetar criterios de “razonabilidad tarifaria” y fija un límite: las concesiones no podrán extenderse por más de 30 años.
También se determinó que los fondos recaudados por peajes en un tramo específico no podrán ser utilizados para obras ajenas a ese sector, incluso si están conectadas dentro de la misma traza.
Condiciones para que las provincias accedan a la delegación
Para avanzar con este esquema, cada provincia deberá firmar un convenio con la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y presentar una serie de requisitos técnicos.
Entre ellos, se incluye un plan de obras con cronograma, el detalle del peaje proyectado y las fuentes de financiamiento, además del compromiso de asumir responsabilidades legales ante eventuales reclamos.
El decreto también fija plazos concretos: una vez aprobado el convenio, la provincia tendrá un año para llamar a licitación. En caso contrario, la delegación quedará sin efecto.
A pesar de la descentralización operativa, la Dirección Nacional de Vialidad mantendrá un rol clave en el proceso, ya que será la encargada de la supervisión y auditoría técnica de los contratos que se firmen.
De esta manera, el Gobierno busca acelerar las obras en rutas críticas, en un contexto donde la infraestructura vial se convirtió en un eje central para la producción, la seguridad y la conectividad en regiones como el Alto Valle.