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Concejal chileno inventó un secuestro para faltar al trabajo y terminó confesando consumo de drogas
El funcionario cambió su versión ante la policía y quedó bajo investigación. La Justicia analiza posibles irregularidades vinculadas a su conducta y al uso de fondos públicos.
Olivares aseguró que se quedó en el «ruco» intimidado por sus nuevos amigos (Foto: archivo)
Un concejal de la ciudad chilena de San Felipe quedó bajo investigación luego de reconocer que una denuncia por secuestro presentada el año pasado no se correspondía con lo ocurrido.
Se trata de Ronald Olivares, quien inicialmente había declarado ante la policía que había sido víctima de un secuestro en Viña del Mar, situación que utilizó para justificar su inasistencia laboral.
Sin embargo, en una nueva declaración, el propio funcionario modificó su versión y admitió que había salido a comprar drogas, lo que derivó en un giro completo del caso.
Un relato que derivó en una causa judicial
La Municipalidad de San Felipe confirmó la presentación de una querella contra el concejal.
Desde el Ejecutivo local señalaron que, al tratarse de un funcionario público, corresponde avanzar judicialmente ante posibles irregularidades en su conducta.
La causa ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron delitos vinculados a la falsa denuncia o al uso indebido de recursos.
El cambio de versión que complicó su situación
Según su nueva declaración, Olivares reconoció que había salido con la intención de comprar drogas y que terminó en un asentamiento precario junto a otras personas.
En ese contexto, indicó que realizó transferencias de dinero mientras permanecía en el lugar, lo que contradice la versión inicial de secuestro.
Este cambio en el relato fue clave para que el caso tomara un rumbo judicial.
Uso de fondos públicos bajo la lupa
Otro de los puntos que se investiga es el destino de un viático entregado para una capacitación.
El concejal admitió haber utilizado ese dinero en la compra de drogas, lo que suma un nuevo eje al caso.
Esto podría implicar responsabilidades adicionales vinculadas al manejo de recursos públicos.
Un caso que impacta en la función pública
El episodio generó repercusión en el ámbito político local.
Más allá de lo judicial, el hecho abre cuestionamientos sobre la conducta de funcionarios y el uso de mecanismos institucionales para justificar situaciones personales.
El avance de la causa será clave para determinar las consecuencias legales y administrativas.
El caso pone en evidencia cómo una denuncia grave puede derivar en una investigación mayor cuando surgen inconsistencias, especialmente tratándose de un funcionario público.