Un municipio de Neuquén en conflicto con un organismo nacional: denuncia que no notifica sus multas

El municipio de Villa La Angostura anunció en un comunicado la presentación de una intimación contra un organismo dependiente de la Nación.

Se trata de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), a la que responsabilizó por «la falta de implementación efectiva» de los mecanismos para notificar a los automovilistas de las infracciones de tránsito registradas en la localidad.

Los incumplimientos, se explicó desde la comuna, fueron detectaron en «las obligaciones asumidas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en relación con el funcionamiento del Sistema Nacional de Administración de Infracciones (SINAI)».

En particular, la ciudad acusó «falta de implementación efectiva de los mecanismos de notificación fehaciente de actas de infracción mediante correo postal con aviso de remoto«.

Infracciones que se detectan, pero no se notifican

El subsecretario de Seguridad, Transito y Ordenamiento Vial de Villa La Angostura, Milton Maraboli, explicó la posición de la municipalidad en contacto con Diario RÍO NEGRO.

Indicó que las irregularidades se detectaron durante un proceso de evaluación que habitualmente realiza el Ejecutivo sobre los convenios con otros organismos estatales, ya sea de la provincia o del plano nacional.

«Observamos que se estaba incumpliendo con la notificación postal de las infracciones, así que decidimos pasar el expediente a nuestra área de legales para dictaminar qué tipo de reclamo podíamos formalizar» con la ANSV.

Esto afectó especialmente a los dominios radicados en otras jurisdicciones, que en una localidad turística como la Villa La Angostura, son más que habituales.

Consultado por los radares, precisó que el inconveniente no alcanzó a las infracciones que registran los dispositivos, que en la localidad son cinco y se ubican en todos los casos sobre la Ruta Nacional 40.

«Estamos hablando de otro tipo de acciones, como las que registran los inspectores que recorren la calle«, dijo. Las más habituales son protagonizadas por vehículos que estacionan en zonas reservadas o en doble fila, por ejemplo.

Las consecuencias también se trasladaron al plano económico, precisó el funcionario, ya que al no realizarse la notificación de las infracciones, no se puede avanzar con «el debido proceso» y el posterior cobro de la multa.

Según dijo, la intimación todavía no fue presentada, aunque es «el camino más probable». La espera se debe al análisis que está haciendo el departamento de Legales para terminar de definir «cuál es la acción más adecuada».

«Debilitamiento de organismos nacionales»

De acuerdo al documento oficial, el proceso de notificación fue establecido por medio de un convenio que firmaron el municipio y la ANSV. El acuerdo fue refrendado por medio de una ordenanza, la 3080, que se aprobó en 2016.

El aviso de los infractores fue definido como «un aspecto central» por parte de la comuna, ya que garantiza «el debido proceso, el derecho de defensa de los presuntos infractores y la validez jurídica de las actuaciones administrativas derivadas en las infracciones de tránsito».

El Ejecutivo expresó en ese contexto «su profunda preocupación» por el impacto directo de las decisiones que están afectado el «funcionamiento de sistemas esenciales como el SINAI» y generan un proceso de «debilitamiento operativo de organismos nacionales», esencialmente por la falta de financiamiento.

Al no obtener respuestas por parte del ente nacional, el documento advirtió con la presentación de una intimación formal contra la ANSV «a fin de que regularice de manera inmediata el cumplimiento de las obligaciones asumidas, bajo apercibimiento de evaluar las acciones administrativas y legales correspondes«.

Desde el municipio, sobre el final del mensaje, reafirmaron el compromiso «con una política de seguridad vial seria, transparente y ajustada a derecho». Sostuvieron que «no es aceptable que decisiones de política pública a nivel nacional perjudiquen a los municipios ni debiliten herramientas clave para garantizar el orden y la seguridad en la vía pública».

«El cumplimiento efectivo de los convenios interjurisdiccionales es una condición indispensable para garantizar reglas claras, previsibilidad y resguardo de los derechos de los vecinos», se indicó.