Tolerancia cero para empleadas faltadoras: de quiénes se trata

Dos empleadas estatales que mantuvieron faltas graves en su trabajo fueron cesanteadas por el gobierno provincial, en un esquema de estricta vigilancia sobre indisciplinas en su labor. Se trata de una trabajadora en el Laboratorio del Hospital Castro Rendón y otra del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

Se indicó que ambas estatales “incurrieron en inasistencias injustificadas y ambas fueron cesanteadas con decretos” firmados en las últimas horas por el gobernador Rolando Figueroa.

Faltó dos meses y medio

Uno de los decretos oficiales oficializa la cesantía de la empleada Vilma Nélida Barros, quien pertenecía a la planta permanente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura y no justificó la ausencia al trabajo durante casi dos meses y medio.

Las ausencias continuas e injustificadas se observaron durante el período comprendido entre el  1 de enero y el 12 de marzo de 2024. En ese momento, en la órbita del ministerio se llamaba de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, se inició el sumario administrativo correspondiente.

Además, se ordenó la revisión de la liquidación de haberse para establecer si cobraron los días no trabajados. De ser así, el gobierno iniciará actuaciones para que devuelvan el dinero.

Faltazos en el Castro Rendón

La otra empleada provincial cesanteada es Julieta Micaela Hernández, quien se despeñaba como preparadora de material en el Laboratorio del Hospital Castro Rendón. La ahora exagente faltó en forma reiterada e injustificada en el período comprendido entre el 2 de enero al 8 de marzo de 2024.

En la documentación oficial consta que el 25 de abril de 2024, la subsecretaría de Salud le inició actuaciones sumariales. Y que la oficina de Personal del hospital adjuntó el listado de ausencias, en el que figuraban 47 inasistencias sin aviso en el período al que se hizo mención.

Se aseguró, además, que la agente no presentó certificados médicos y que, el 20 de agosto de 2025, la Jefa de Personal del hospital informó que la agente “continuaba ausentándose sin prestar servicios efectivos”, por lo que solicitó un nuevo sumario administrativo.

En el decreto también se dejó constancia de una notificación según la cual la agente no prestaba servicios efectivos desde el 7 de noviembre de 2023 y que el último certificado médico que justificaba ausentismo se extendía desde el 23 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2023. Según se indicó al respecto, mediante contacto con la madre de la ex agente, “se informó que la misma se encontraba fuera del país y se facilitó un nuevo número de celular”.

Se aseguró, además, que en marzo de 2024 se intentó comunicación por WhatsApp, pero cuando le solicitaron información sobre la renuncia que dijo que iba a presentar bloqueó esa vía de comunicación. En el expediente se indicó que con su actitud, esta mujer generó un perjuicio en el servicio de salud, y con ello a la comunidad contribuyente.