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La Cámara del Trabajo revocó la cautelar y quedo en total vigencia la reforma laboral

La Sala VIII hizo lugar a la apelación del Gobierno y dejó sin efecto la medida que había suspendido parte de la Ley 27.802. Los puntos cuestionados vuelven a regir mientras continúa el proceso judicial.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió revocar la medida cautelar que había suspendido 82 artículos de la reforma laboral aprobada este año por el Congreso y restableció su vigencia en todo el país. La decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal tras analizar la apelación presentada por el Estado nacional contra el fallo de primera instancia dictado por el juez Raúl Ojeda.
Con esta resolución, los artículos de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802) que habían quedado en suspenso vuelven a tener aplicación efectiva. La Cámara dispuso que el recurso interpuesto por el Gobierno tenga “efecto suspensivo”, lo que implica que la cautelar queda sin efecto mientras se sustancia la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
El planteo de la CGT
El fallo de primera instancia había sido dictado a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó diversos aspectos de la reforma bajo el argumento de que vulneraban principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo y la progresividad de los derechos laborales. En ese contexto, el juez Ojeda había hecho lugar a la cautelar y ordenado la suspensión de un conjunto de artículos considerados centrales dentro del esquema de cambios impulsado por el Poder Ejecutivo.
La Cámara, al revisar esa decisión, habilitó la aplicación inmediata de esos puntos mientras continúa el trámite judicial. En términos procesales, la resolución no implica un pronunciamiento definitivo sobre la validez de la ley, sino que redefine el escenario en el que se desarrollará la causa hasta que exista una sentencia de fondo.
El restablecimiento de los artículos reactiva aspectos sensibles de la reforma laboral, que forman parte del paquete de modificaciones orientadas a redefinir condiciones de contratación, relaciones laborales y mecanismos de regulación del empleo. Estos cambios habían quedado parcialmente paralizados desde la intervención judicial inicial.