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La fiscal pidió archivar la causa por el viaje de la esposa de Adorni en avión oficial
Alejandra Mangano concluyó que no hubo delito ni perjuicio económico para el Estado. El planteo quedó ahora a resolución del juez Daniel Rafecas.
La foto que destapó el viaje de Adorni y su esposa Betina Angeletti a Estados Unidos con la comitiva presidencial.
La fiscal federal Alejandra Mangano solicitó el archivo de la denuncia presentada por el viaje a Estados Unidos de la esposa del vocero presidencial Manuel Adorni en un avión oficial, al considerar que no se configuró delito alguno en el uso de la aeronave.
El planteo fue elevado ante el juez federal Daniel Rafecas, quien deberá definir si hace lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y da por cerrado el expediente. La investigación se había iniciado a partir de cuestionamientos sobre la inclusión de Bettina Julieta Angeleti en la comitiva que viajó al exterior.
De acuerdo con el dictamen, la fiscal analizó informes remitidos por la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete sobre las características del vuelo, la integración de la delegación y los costos asociados. En ese marco, concluyó que no se verifican los supuestos contemplados en el artículo 260 del Código Penal ni en otras figuras vinculadas a delitos contra la administración pública.
La argumentación
Uno de los puntos centrales del análisis fue la capacidad operativa de la aeronave utilizada, un Boeing 757-200 con 39 plazas. Según el dictamen, el número de integrantes de la comitiva oficial se ubicó por debajo de ese límite, con más de diez asientos disponibles en cada tramo del viaje realizado entre el 6 y el 11 de marzo.
En ese contexto, la fiscal sostuvo que la inclusión de Angeleti se encuadra dentro de un uso “razonable” de las facultades discrecionales de la Presidencia, sin que ello implique una erogación presupuestaria adicional o extraordinaria para el Estado nacional.
El dictamen también señala que la conducta denunciada carece de entidad suficiente para configurar los delitos planteados en la presentación inicial. La definición final quedará ahora en manos del juez Rafecas, quien deberá resolver si homologa el criterio del Ministerio Público o dispone la continuidad de la causa.