Política
Presentan un amparo para que los periodistas vuelvan a ingresar a la Casa Rosada
El conflicto entre el Gobierno nacional y la prensa sumó un nuevo capítulo judicial: el medio Ámbito Financiero presentó una acción de amparo contra el Estado para que se restituya el acceso de sus periodistas a la Casa Rosada, tras el cierre dispuesto por el Ejecutivo.
La presentación, impulsada por las empresas editoriales responsables del medio, incluye un pedido de medida cautelar urgente para que se levante de inmediato la restricción mientras se resuelve el fondo del planteo. El objetivo es que las cronistas Liliana Franco y Cecilia Camarano puedan retomar sus tareas habituales dentro de la sede gubernamental.
El origen del conflicto se remonta a la decisión oficial de dar de baja, sin previo aviso, las acreditaciones y accesos de todos los periodistas que cubren a diario la actividad en Balcarce 50. La medida fue ejecutada por el área de seguridad y dejó sin funcionamiento la sala de prensa presidencial.
Desde el Gobierno de Javier Milei justificaron la decisión como una acción preventiva vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal, luego de que se detectara la filmación de sectores internos del edificio con dispositivos no autorizados. Sin embargo, el amparo cuestiona que la restricción se haya aplicado de forma generalizada a toda la prensa.
El planteo judicial sostiene que la medida es desproporcionada y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Además, remarca que no existe una resolución judicial que avale una limitación de tal alcance.
El caso se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los medios, con cuestionamientos cruzados y restricciones en el acceso a la información. En paralelo, otros sectores del periodismo analizan avanzar con acciones similares, mientras que desde la oposición reclaman explicaciones formales.
Ahora, la definición quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si el cierre del acceso a la Casa Rosada constituye una medida legítima en términos de seguridad o una restricción indebida al trabajo periodístico.
