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Ex intendente de Cervantes reconoció su responsabilidad por defraudación y aceptó tres años condicional
Gilberto Montanaro admitió los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso. El juez dará a conocer la resolución el jueves 30 de abril.
El ex intendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, reconoció su responsabilidad en los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso, en el marco de la causa conocida como Techo Digno. El imputado aceptó una pena de tres años de prisión de ejecución condicional con el cumplimiento de reglas de conducta.
La decisión final será comunicada por el juez de Garantías el próximo jueves 30 de abril a las 12.30 en los tribunales de General Roca. La condena comenzará a cumplirse una vez que se conozca la sentencia, ya que tanto la fiscalía como la defensa renunciaron a los plazos procesales.
La fiscalía solicitó además la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y el cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de salir del país, presentaciones periódicas ante el órgano de control, mantener domicilio fijo y no cometer nuevos delitos. También se tuvo en cuenta que el imputado no registra antecedentes penales computables y su edad, 75 años.
Durante la audiencia, el ex intendente admitió los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal y aceptó el acuerdo pleno. La defensa destacó que el imputado recibió el asesoramiento correspondiente y que comprendía los alcances del acuerdo.
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La investigación se originó en un convenio firmado en noviembre de 2014 entre el entonces Ministerio de Planificación Federal y el municipio de Cervantes para la construcción de 135 viviendas e infraestructura, en el marco del programa Techo Digno. Según la acusación, se habrían presentado certificaciones de obra falsas para informar avances superiores a los reales.
De acuerdo a la fiscalía, esto permitió el desembolso de $60.995.019,86, equivalente al 99,83 por ciento del monto total previsto, beneficiando indebidamente a las empresas constructoras involucradas. La acusación se sustentó en más de 80 puntos probatorios, entre ellos informes oficiales, pericias, documentación administrativa y relevamientos realizados sobre las viviendas.
