Autoridades de Defensa del Consumidor realizaron una fiscalización en el aeropuerto de Neuquén luego de recibir consultas y reclamos por cancelaciones de vuelos de la aerolínea Flybondi, que dejaron pasajeros varados y sin asistencia.

Según se informó, se suspendieron tanto el vuelo desde Buenos Aires hacia Neuquén como la salida desde la capital neuquina hacia Córdoba.

Durante la inspección in situ, el personal constató que no había representantes de la empresa atendiendo a los usuarios afectados.

Además, se derivó a algunos pasajeros a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), y se mantuvo una reunión con autoridades del organismo presentes en la terminal aérea para evaluar la situación.

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Desde el área señalaron que existe “mucha preocupación” por la reiteración de cancelaciones y por la desatención a los consumidores. También indicaron que hay familias enteras afectadas, personas que debieron reprogramar viajes y usuarios que optaron por comprar pasajes en otras compañías.

Otro de los puntos observados tiene que ver con las devoluciones de dinero. Según advirtieron, en algunos casos la empresa reintegraría solo el valor del pasaje y no los impuestos cobrados, lo que podría constituir una irregularidad.

Las autoridades informaron que se inició un proceso de constatación con fotografías y reclamos formales, y que se evalúa solicitar una reunión a nivel nacional con la ANAC para analizar medidas frente a la situación que atraviesa la compañía y su impacto en los pasajeros neuquinos.

Cadena Uno

La jueza de garantías Carina Álvarez resolvió reprogramar para el 27 de abril la audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Plottier, Luis Bertolini, en una causa que investiga presuntas maniobras de defraudación contra la administración pública. La decisión se tomó luego de que el jefe comunal no se presentara por un problema de salud acreditado con certificado médico y ante el reciente cambio de abogados defensores de otros imputados.

El Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, tenía previsto formular cargos por los delitos de defraudación agravada en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La audiencia también alcanzaba a la subsecretaria de Hacienda municipal, Gladys Ramírez, y a dos particulares.

La investigación

Según la investigación, los hechos bajo análisis se vinculan con un presunto direccionamiento de contrataciones dentro del municipio entre enero de 2024 y marzo de 2026. De acuerdo con la hipótesis fiscal, se habría implementado un esquema para favorecer a una empresa privada que resultó adjudicataria en la mayoría de los procesos, cuyo propietario tendría vínculo familiar con la funcionaria de Hacienda.

La suspensión de la audiencia también se apoyó en la incorporación de nuevas defensas. En el caso de Ramírez, asumió la abogada Melina Pozzer minutos antes del inicio de la audiencia y solicitó tiempo para interiorizarse en el expediente. En paralelo, los abogados de Bertolini, Javier Pino Muñoz y Maximiliano Gómez, acompañaron el pedido de postergación.

Durante la audiencia, la defensa del intendente sostuvo que el informe contable incorporado a la causa no registra sobreprecios en las contrataciones investigadas. “En el informe que nos presentaron no existen sobreprecios”, plantearon, y solicitaron acceso a eventuales peritajes adicionales para preparar la estrategia defensiva.

El tramo más tenso de la jornada se produjo cuando uno de los defensores calificó la causa como de “extrema gravedad institucional” y afirmó que “los golpistas de hoy pretenden lograr lo que no lograron en las urnas”. La declaración motivó una respuesta inmediata del fiscal Vignaroli, quien pidió precisiones sobre a quién se refería y advirtió que podría impulsar una denuncia ante el Tribunal de Disciplina.

En ese contexto, el fiscal también cuestionó el estado de salud del intendente y solicitó la intervención de un médico para constatar su condición, planteo que fue rechazado por la jueza Álvarez al considerar suficiente el certificado presentado.

La postergación

La nueva audiencia, fijada para el 27 de abril a las 8.30, incluirá además la formulación de cargos contra una cuarta persona, cuya situación ya había sido diferida previamente por cuestiones vinculadas a su defensa. El expediente avanza en una etapa inicial, en la que la Fiscalía deberá formalizar la imputación y delimitar los hechos que serán objeto de investigación.

La Justicia de Zapala resolvió que el femicidio de Mabel Rosana López Fernández será juzgado mediante un jurado popular. La decisión fue tomada durante una audiencia de control de acusación encabezada por la jueza de garantías Bibiana Ojeda.

El imputado, identificado como A.R.R., está acusado de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, un delito que prevé penas superiores a los 15 años de prisión.

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La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, solicitó la intervención de un jurado popular en función de la gravedad del hecho y la expectativa de pena. El pedido fue acompañado por la querella y finalmente avalado por la magistrada.

El crimen ocurrió el 9 de noviembre de 2025 en un tramo de la Ruta Provincial 13, entre Villa Pehuenia y Zapala, en la zona conocida como el puente de Kilka.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, tras una discusión y agresiones, el imputado condujo una camioneta hasta el lugar y la arrojó por un barranco con la víctima en su interior, provocándole la muerte. Antes de la caída, dos personas que viajaban en el vehículo habrían sido obligadas a descender.

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En los próximos días se realizará la audiencia de selección de jurados, donde se definirá la integración del tribunal popular, que estará compuesto por 12 miembros titulares —en paridad de género— y 4 suplentes.

Será ese jurado el encargado de escuchar las pruebas durante el juicio y emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad en un caso que conmocionó a la región.