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Techo Digno: un exintendente del Alto Valle reconoció su responsabilidad penal
Aceptó una defraudación a la administración pública y uso de documento público falso. La fiscalía pidió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
La defensa argumentó que la causa empezó hace 9 años y el hombre, de 77, está «cansado del proceso».
El exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, reconoció su responsabilidad penal en el marco de la causa Techo Digno, en la que fue acusado por los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso. El reconocimiento se realizó durante una audiencia de acuerdo abreviado pleno.
La fiscalía solicitó que Montanaro sea declarado responsable y que se le imponga una pena de tres años de prisión de ejecución condicional. También pidió la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y el cumplimiento de reglas de conducta, entre ellas la prohibición de salir del país, presentaciones periódicas ante el organismo de control, mantener domicilio y no cometer nuevos delitos.
El juez de Garantías interviniente dará a conocer su resolución el próximo jueves 30 de abril, a las 12:30, en los Tribunales de Roca. Según se informó durante la audiencia, la condena comenzará a cumplirse de manera inmediata si el magistrado homologa el acuerdo, ya que la fiscalía y la defensa renunciaron a los plazos procesales.
La fiscalía fundamentó el pedido de pena en que el exjefe comunal no registra antecedentes penales computables, tiene 75 años y se tuvieron en cuenta sus condiciones socioculturales. A su turno, la defensa particular sostuvo que Montanaro recibió asesoramiento adecuado y aceptó los alcances del acuerdo.
El defensor señaló que la causa se inició hace nueve años, cuando el exintendente tenía 66, y planteó que su cliente está “cansado de este proceso”. También indicó que la continuidad del caso podría demandar “al menos 4 o 5 años más”, por lo que se evaluó la posibilidad de darle un cierre definitivo mediante el acuerdo.
La acusación por las viviendas
Durante la audiencia, la fiscalía leyó más de 80 puntos de sustento probatorio vinculados con el convenio firmado en noviembre de 2014 entre la Secretaría de Obras Públicas del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y el Municipio de Cervantes, representado por Montanaro.
Según la acusación, el acuerdo preveía la construcción de 135 viviendas e infraestructura, divididas en tres planes, por un monto total de $61.101.000. Las obras fueron licitadas y adjudicadas a tres empresas: Baszkir Construcciones, Eraiki S.A. y ECA S.A.
La fiscalía sostuvo que, mediante la presentación de certificaciones de obra falsas, se informó a Nación un avance superior al efectivamente realizado. Eso derivó en el desembolso de $60.995.019,86 al municipio, equivalente al 99,83% del convenio.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, esa maniobra benefició indebidamente a las constructoras, ya que se certificaban avances que no correspondían a las obras reales o que estaban por fuera del circuito regulado. La prueba mencionada incluyó informes de organismos nacionales, documentación del IPPV, ordenanzas, filmaciones con drones, licitaciones, facturas, convenios de rescisión, pericias caligráficas e informes de áreas técnicas de investigación.
