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Acuerdos para abordar situaciones críticas en escuelas de Neuquén
Se trabajará en conjunto entre la cartera provincial y el Ministerio Público de la Defensa. Los detalles de cómo se trabajará ante temas como bullying, acoso, ausentismo y desvinculación escolar, violencia familiar, salud mental, consumo problemático, y embarazo adolescente.
La ministra de Educación de la Provincia, Soledad Martínez, y la Defensora General del Ministerio Público de la Defensa, Vanina Merlo, firmaron un Convenio Marco de Cooperación y Compromiso. Foto: Neuquén Informa
El gobierno del Neuquén avanzó en la consolidación de un esquema integral para intervenir ante situaciones problemáticas en las escuelas, a partir de la firma de un convenio entre el ministerio de Educación y el Ministerio Público de la Defensa. La iniciativa pone el foco en el diseño de herramientas concretas para actuar frente a conflictos que atraviesan la vida escolar, con un abordaje coordinado, interdisciplinario y centrado en la protección de derechos.
El acuerdo, rubricado por la ministra Soledad Martínez y la defensora general Vanina Merlo, establece la implementación de protocolos de actuación y la generación de espacios de trabajo conjunto que permitan a las instituciones educativas responder de manera organizada ante escenarios complejos. Entre ellos, se incluyen casos de bullying, acoso y ciberacoso, ausentismo y desvinculación escolar, violencia familiar, problemas de salud mental, consumos problemáticos y embarazo adolescente.
Uno de los ejes centrales será la construcción de dispositivos de intervención temprana dentro de las escuelas, con el objetivo de detectar situaciones de riesgo y actuar antes de que se profundicen. Para ello, se prevé la capacitación de equipos docentes y directivos, así como la articulación con organismos del sistema de protección integral establecido por la Ley 2302.
Además, se promoverá la conformación de redes interinstitucionales que acompañen a las escuelas en la resolución de conflictos, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sistema educativo, las defensorías y otros actores del Estado. Este enfoque apunta a garantizar la continuidad educativa y la inclusión, incluso en contextos adversos.
Protocolos para situaciones críticas
El convenio también contempla la elaboración de protocolos claros que funcionen como guía ante situaciones críticas. Estas herramientas buscarán ordenar la respuesta institucional, definiendo pasos de actuación y responsabilidades, aunque contemplando las particularidades de cada escuela y de cada región.
Otro aspecto relevante será la incorporación de estrategias vinculadas al nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801), que comenzará a aplicarse en septiembre. En este marco, se impulsarán acciones de sensibilización y formación para abordar la situación de adolescentes en conflicto con la ley penal desde una perspectiva de derechos y con enfoques de justicia restaurativa.
Desde el Ministerio de Educación destacaron que el trabajo también incluirá el fortalecimiento de las responsabilidades parentales, entendiendo que muchas de las situaciones que emergen en la escuela reflejan fallas previas en los sistemas de contención.
Con esta iniciativa, la provincia busca dotar a las escuelas de herramientas concretas para enfrentar problemáticas complejas, mejorar la capacidad de respuesta institucional y garantizar entornos educativos más cuidados, inclusivos y acompañados por el Estado, según se informó.
