La oposición quiere reabrir la Sala de Periodistas y autoconvocó a la Comisión de Libertad de Expresión

Una semana después de que el gobierno de Javier Milei cerrara la Sala de Periodistas de la Casa Rosada —sin resolución oficial, sin plazo y sin explicación formal—, la oposición en el Congreso mostró una doble respuesta: en el Senado, tres senadores del bloque Convicción Federal presentaron un proyecto de ley para convertir en obligación jurídica la existencia de salas de prensa en los tres poderes del Estado. En la Cámara de Diputados, la oposición autoconvocó la Comisión de Libertad de Expresión con la presencia de periodistas, organizaciones del sector y directivos de medios. Ni el oficialismo ni sus aliados participaron en ninguno de los dos escenarios. La iniciativa legislativa lleva las firmas de la senadora nacional Carolina Moisés —presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión—, del catamarqueño Guillermo Andrada y de la tucumana Sandra Mendoza. El proyecto propone modificar la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275 para incorporar Salas de Prensa Institucionales permanentes en la Casa de Gobierno, el Palacio del Congreso y la Corte Suprema. El texto establece que esos espacios no podrán ser reemplazados por modalidades virtuales ni sedes alternativas, y prohíbe expresamente la revocación masiva de acreditaciones. Cualquier restricción deberá ser individual, motivada y revisable judicialmente: exactamente lo contrario de lo que ocurrió el 23 de abril. Para Moisés, el proyecto apunta a resolver una contradicción de fondo: que algo tan central para el funcionamiento democrático haya dependido siempre de la voluntad del gobierno de turno. «Cuando el poder decide quién puede preguntar y quién no, deja de informar y empieza a ocultar», sostuvo la senadora jujeña al presentar la iniciativa.

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Libertad de Expresión: la comisión que el oficialismo bloqueó La reunión en Diputados fue impulsada por los vicepresidentes de la Comisión de Libertad de Expresión, Nicolás Trotta (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), luego de que su presidente, el libertario Guillermo Montenegro, se negara a convocarla formalmente. El encuentro no figuró en la agenda oficial de la Cámara y fue transmitido por YouTube en modo «oculto»: solo accesible para quienes tenían el link directo. El secretario de Comunicaciones, Javier Lanari, y el responsable de la Oficina de Respuesta Oficial, Juan Pablo Carreira, fueron invitados y confirmaron que no asistirían. A una semana del cierre de la Sala de Prensa, Javier Milei cada vez más lejos de retrotraer la medida El clima de la reunión estuvo marcado por el episodio ocurrido apenas 24 horas antes: al retirarse del Congreso tras la sesión informativa de Manuel Adorni, Milei llamó «chorros y corruptos» a periodistas acreditados en el Parlamento. No fue un exabrupto aislado. FOPEA presentó su monitoreo 2025: las acciones judiciales contra la prensa crecieron un 150%, el discurso estigmatizante un 71,6% y las restricciones al acceso a la información un 33%. La entidad también informó que impulsa una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evaluar la situación en el país. «No es un problema sectorial, es un problema de la democracia», advirtió Trotta, quien también cuestionó el «silencio» de bloques que antes hacían de la libertad de prensa una bandera. El reclamo de los periodistas Uno de los momentos más nítidos de la jornada lo aportó Jonathan Heguier, de El Destape, periodista acreditado en Casa Rosada. Eligió responder con datos al relato oficial sobre la prensa: el 70,5% de los periodistas cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal; el 43% se mantiene en esa situación aun sumando todos sus trabajos; y apenas el 4,8% puede vivir con un único ingreso periodístico. Además, describió el cierre de la sala como un proceso que se fue construyendo: infiltrados en conferencias de prensa, código de vestimenta, restricciones en acreditaciones. «Seguimos en un limbo. No hay una comunicación formal sobre esto», resumió. Javier Milei habló en el cierre de la Expo EFI y se lavó las manos: «Discrepancia inédita entre los datos reales y lo que dicen los medios» Natasha Niebieskikwiat, de Clarín, puso el conflicto en perspectiva: «Estamos ante la peor situación que yo haya vivido en la democracia». Liliana Franco, de Ámbito, fue en la misma dirección y pidió que el Poder Legislativo tome partido: «Lo que no acepto es que la más alta autoridad de un país diga que el 95% del periodismo son corruptos, chorros, basuras humanas». Desde el plano laboral, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires advirtió que el Estatuto del Periodista Profesional vence a fin de año y alertó sobre la contradicción de repudiar la violencia oficial mientras se vota la derogación de sus garantías laborales.La presión legislativa, en construcción. Agustín Bosch, abogado de Jorge Fontevecchia (PERFIL), cuestionó con dureza los ataques de Milei contra la prensa y sostuvo que «este atropello del presidente a la libertad de expresión y, concretamente, a la libertad de prensa es ya evidente en toda Argentina». En ese marco, recordó que la libertad de prensa está protegida por dos artículos de la Constitución Nacional y remarcó que ambos hacen especial referencia a la prohibición de la “censura previa”. El letrado vinculó esa garantía constitucional con lo que consideró una estrategia oficial de hostigamiento hacia periodistas y medios críticos. «Que venga y le diga a los periodistas ‘chorros, corruptos’; el presidente está para gobernarnos, él tiene que expresarse por medio de los actos de gobierno, no para bajarse, insultar, gritar a los periodistas», señaló. Bosch también denunció que «hay una persecución clarísima contra el periodismo independiente o disidente» y planteó que el oficialismo impulsa una forma de censura indirecta mediante la desacreditación pública de periodistas y el manejo discriminatorio de la publicidad oficial. «Hay una discriminación», aseguró al referirse a la pauta que el Gobierno distribuye a través de empresas estatales o con participación estatal, como YPF o Aerolíneas Argentinas. Además, sostuvo que desde ARCA el Ejecutivo lleva adelante una “persecución” contra el Grupo Perfil y recordó que Fontevecchia mantiene una causa judicial contra Milei por injurias, luego de que el mandatario lo calificara públicamente de «periodista ensobrado, que vive de la pauta, lo ha llamado quebrador serial, delincuente y se ha mufado de su aspecto físico». Para graficar el nivel de confrontación del Presidente con los medios, Bosch añadió: «El fin de semana de Pascuas escribió 86 tuits contra la prensa». Y concluyó con una crítica política al mandatario: «El presidente se llama libertario, pero en realidad es antilibertario». La reunión fue planteada como el inicio de una mesa de trabajo permanente entre legisladores, periodistas y organizaciones del sector. La diputada Sabrina Selva anunció que presentará su propio proyecto para garantizar por ley las salas de prensa en los tres poderes, en línea con la iniciativa de Moisés en el Senado. El socialista Esteban Paulón propuso además modificar el reglamento de las comisiones para impedir que sus presidentes puedan bloquear el debate. Trotta volvió a reclamarle formalmente a Montenegro una convocatoria «urgente». JD/DCQ