Con importantes concesiones a los gobernadores, la CGT y las empresas, el Gobierno finalmente cerró la letra chica de la reforma laboral que se votará este miércoles en el Senado. Tras varias idas y vueltas, la Casa Rosada aceptó resignar la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, que afectaba la coparticipación provincial. A la vez, aceptó prorrogar la cuota solidaria y no disminuir el aporte patronal a las obras sociales, dos puntos clave para la caja de los sindicatos.

Reforma laboral: el oficialismo cedió en Ganancias y obras sociales para blindar la votación

Esas fueron algunas de las 28 modificaciones que sufrirá en el recinto el dictamen firmado en diciembre. Así lo dio a conocer la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien escenificó el consenso alcanzado con dialoguistas en una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias, al cabo de una reunión de Labor Parlamentaria donde se acordó la mecánica de la sesión.

Aunque Bullrich reiteró que confía en tener los votos para la aprobación (lograría más de 40 en general), solo participaron del anuncio senadores de la UCR y el PRO, sin presencias de bloques provinciales. Estuvieron a la cabeza Eduardo Vischi y Martín Goerling, presidentes de las bancadas del radicalismo y el macrismo.

“Una ley no es la imposición de una parte sobre la otra, sino la construcción de un acuerdo. No hay ganadores y perdedores; hay un acuerdo”, enfatizó Bullrich. Bajo esa premisa, la exministra hizo primar la flexibilidad ante los distintos planteos, en contraposición al ala más intransigente del Gobierno, referenciada en el asesor presidencial Santiago Caputo.

El oficialismo finalmente aceptó eliminar la rebaja de las alícuotas de Ganancias para sociedades, un reclamo compartido por prácticamente todos los gobernadores. Bullrich no tenía asegurados los votos para la aprobación y, para evitar una derrota en el recinto, logró posponer esa discusión para más adelante, en el marco de la reforma tributaria integral que también enviará el presidente Javier Milei.

Otro de los cambios relevantes tiene que ver con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que financiará las indemnizaciones por despidos sin causa. En el dictamen, el empleador aportaba el 3% mensual de la masa salarial, que se descontaba de los aportes previsionales. Con la nueva versión, propuesta por la UCR, las grandes empresas aportarán menos (el 1%) y las MyPymes más (2,5%).

Por otra parte, las negociaciones subterráneas con la CGT dieron sus frutos. Bullrich blanqueó en la conferencia que hubo diálogos privados con la central obrera, que este miércoles movilizará al Congreso, pero no convocó a un paro general.

“Hemos receptado muchas cosas de la CGT”, confirmó la senadora. Como corolario, el triunvirato integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo se llevó al menos dos grandes triunfos.

En primer lugar, la cuota solidaria que perciben los sindicatos seguirá en vigencia de manera compulsiva por dos años, con un tope del 2% de la remuneración. Recién una vez que culmine ese período se requeriría conformidad del trabajador. “Los empleadores van a poder seguir siendo agentes de retención”, explicó Bullrich. En cuanto a los aportes a las cámaras, asociaciones o agrupaciones empresarias, el tope será del 0,5%.

Por otra parte, no se tocará el aporte patronal a las obras sociales: quedará en 6% y no en 5%, como pretendía originalmente el Gobierno. “Consideramos que la salud es importante, necesitamos no desfinanciar las obras sociales y eso nos pidieron también”, informó la titular de la bancada libertaria.

Por el contrario, el proyecto seguirá adelante con el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, por lo que no habrá más renovación automática: vencerán las cláusulas obligacionales y los sindicatos tendrán que renegociarlas en el plazo de un año. Bullrich confirmó que no aceptaron modificar ese aspecto.

Asimismo, tal como indicaba el dictamen, “un convenio colectivo posterior modifica en cualquier sentido a un convenio colectivo anterior de igual ámbito”. Y, además, “un convenio de ámbito menor, prevalece, dentro de su ámbito de representación personal y territorial, frente a otro convenio de ámbito mayor, anterior o posterior”.

El dictamen también seguirá igual en materia de “vacaciones más flexibles” (entre el 1ro de octubre y el 30 de abril del año siguiente, pudiendo acordar fuera de temporada y fraccionar con un mínimo de siete días); regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado; y nuevo cálculo indemnizatorio (excluye conceptos como aguinaldo y vacaciones).

En otro orden, el Gobierno cedió a una queja de las entidades bancarias y no habilitará finalmente el pago de sueldos a través de billeteras virtuales.

Por otra parte, derogarán el Estatuto del Periodista en un plazo de 180 días, sin abrir ninguna renegociación. Pero la indemnización especial que prevé ese estatuto para persuadir de despidos arbitrarios será derogada de inmediato. “La regla general va a ser la Ley de Contrato de Trabajo”, dijo Bullrich.

Bullrich confirmó que, salvo algunos retoques de redacción, el dictamen no recibirá más modificaciones relevantes de aquí al momento de la votación. Por estas horas, la jefa del bloque libertario y los senadores dialoguistas trabajan en el documento final para tenerlo sobre sus bancas este miércoles, en el debate que comenzará a las 11.

El formato de la sesión se acordó este martes en las oficinas de la vicepresidenta Victoria Villarruel con la presencia de autoridades de los bloques. El oficialismo logró imponer la votación por títulos (no por capítulos ni artículos) para minimizar el peligro de que caiga algún artículo. Bullrich leerá la redacción final de los artículos modificados antes de la votación en general.

Los peronistas José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti participaron de la reunión de Labor, pero se quedaron sin margen para ganar cualquier pelea. Por eso, la estrategia de este miércoles sería monopolizar los discursos en contra de la reforma laboral.

“Este no es un proyecto de consenso; es un proyecto de (Luis) Caputo y (Federico) Sturzenegger. El oficialismo ya fagocitó al PRO y a parte del radicalismo, pero eso no es consenso”, se quejó Mayans.

Anticipó, además, que el proyecto tiene “vicios de inconstitucionalidad” y que estudian llevarla a la Justicia si es sancionada.

Corresponsalía Buenos Aires