La Justicia ordenó peritar el celular del contratista que refaccionó la casa de Manuel Adorni

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó una nueva medida de prueba: la Justicia ordenó peritar el teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado refacciones por USD 245.000 en la casa del jefe de Gabinete en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La decisión apunta a reconstruir las comunicaciones entre Tabar y Adorni, especialmente los contactos previos a la declaración testimonial del contratista ante el fiscal federal Gerardo Pollicita. El dispositivo había sido entregado por el propio testigo, junto con documentación, fotos y videos relacionados con las obras realizadas en la propiedad.

En paralelo, Pollicita rechazó el pedido de la diputada nacional Marcela Pagano para ordenar la “inmediata detención” del jefe de Gabinete por supuesto riesgo de entorpecimiento de la investigación. Según fuentes judiciales, la fiscalía entendió que no estaban acreditados los riesgos procesales invocados por la legisladora.

Pagano había reclamado la detención de Adorni al sostener que el funcionario tomó contacto con un testigo clave antes de su declaración. La diputada también pidió que, en caso de no avanzar con esa medida, se le prohíba al jefe de Gabinete comunicarse con testigos de la causa. Página/12 informó que la legisladora acusó al funcionario de “obstaculizar la investigación” por haber enviado mensajes a uno de los declarantes.

El análisis del teléfono fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo técnico del Ministerio Público Fiscal. La medida buscará recuperar registros de llamadas, mensajes temporales o conversaciones eliminadas que puedan aportar información sobre el vínculo entre Adorni y el contratista.

La declaración

Tabar declaró bajo juramento que Adorni lo contactó por WhatsApp en agosto de 2024 para pedirle que visitara una casa ubicada en el lote 380 del country Indio Cuá y evaluara posibles refacciones. Según su testimonio, luego se reunió con el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, para avanzar con los trabajos.

De acuerdo con la declaración del contratista, el presupuesto inicial rondaba los USD 94.000, pero el monto final habría escalado hasta USD 245.000. Tabar afirmó que los pagos fueron realizados por Adorni en efectivo, en dólares y sin facturas ni recibos. Infobae consignó que el testigo sostuvo que el funcionario pagó USD 55.000 a fines de 2024 y el resto durante el año siguiente.

Las obras se habrían realizado entre octubre de 2024 y julio de 2025. Según el detalle aportado en la causa, incluyeron trabajos en la entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior, reforma de parrilla, remodelación de pileta con cascada, cocina, mesadas, isla, desayunador, iluminación y muebles.

Uno de los puntos que quedó bajo análisis es el contacto que Adorni habría mantenido con Tabar antes de que declarara. El contratista dijo que el jefe de Gabinete le manifestó que necesitaba hablar con él y que le ofreció “ayuda” o la posibilidad de que su equipo lo contactara. Según su testimonio, primero evaluó esa alternativa, pero luego decidió rechazarla para evitar que se interpretara como una estrategia común.

Adorni, por su parte, evitó dar nuevas explicaciones públicas sobre su patrimonio y sostuvo que responderá en el ámbito judicial. En su exposición ante el Congreso había afirmado: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”.

La investigación continuará con nuevas declaraciones testimoniales. Entre las medidas previstas figura la presentación de Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que vendió al matrimonio Adorni un departamento en Caballito, operación que también forma parte del análisis patrimonial.

Además, la fiscalía ya solicitó un informe sobre la evolución patrimonial del matrimonio. Si se detectan inconsistencias entre ingresos, gastos, bienes declarados y deudas asumidas, el funcionario podría ser intimado a justificar su nivel de vida. En caso de que las explicaciones no resulten suficientes, la causa podría avanzar hacia una eventual declaración indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito.