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Legítima defensa: sobreseyeron a la mujer que mató a su pareja
El Ministerio Público Fiscal pidió cerrar la causa al considerar que la mujer actuó en un contexto de violencia de género y en exceso de la legítima defensa. La resolución fue dictada por el juez de garantías Juan Guaita.
Se determinó en una audiencia judicial este jueves.
Una mujer que había sido acusada por el homicidio de su pareja en Senillosa fue sobreseída luego de que el Ministerio Público Fiscal modificara su postura inicial y considerara que el hecho ocurrió en un contexto de violencia de género. La imputada, identificada como R.M., había sido acusada en agosto de 2025 por el delito de homicidio agravado por el vínculo.
El planteo de la fiscalía
El pedido de sobreseimiento fue realizado por el fiscal del caso Andrés Azar y el asistente letrado Maximiliano Jávega, quienes analizaron el avance de la investigación y concluyeron que la mujer actuó en exceso de la legítima defensa. El juez de garantías Juan Guaita hizo lugar al planteo y dictó el sobreseimiento.
El hecho ocurrió el 19 de agosto de 2025 en la vivienda que la mujer compartía con la víctima. Según la investigación, durante una discusión, R.M. utilizó un cuchillo y lesionó al hombre, quien murió posteriormente como consecuencia de una herida punzocortante que le provocó un shock hipovolémico.
Azar sostuvo que del análisis de la prueba surgió que la imputada “estaba inmersa en un círculo de violencia y tenía una sensación de permanente peligro”. Esa conclusión fue respaldada por testimonios, informes, antecedentes de violencia entre ambos y pericias incorporadas durante la investigación.
Con esos elementos, el MPF entendió que la mujer actuó para repeler una agresión, aunque excediendo los límites de la legítima defensa. Por ese motivo, los funcionarios fiscales solicitaron el sobreseimiento y descartaron sostener la acusación inicial por homicidio agravado por el vínculo.
La resolución judicial cerró la causa penal contra R.M. y dejó sin efecto la imputación que pesaba sobre ella. El caso quedó encuadrado por la fiscalía dentro de una situación de violencia previa, que fue considerada determinante para evaluar la responsabilidad penal de la mujer.
