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Universidad Nacional de Río Negro denuncia ante la ONU la caída del 45% en el financiamiento educativo argentino
El rector Anselmo Torres llevó la crisis universitaria a las Naciones Unidas. Salarios en su piso histórico, becas desfinanciadas y un veto presidencial que desafía a la Justicia.
La Universidad Nacional de Río Negro.
La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) escaló al escenario internacional la crisis que atraviesa la educación superior en Argentina. El rector Anselmo Torres presentó una denuncia formal ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, la Dra. Farida Shaheed, a través del sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El escrito sostiene que el país atraviesa un proceso de regresividad en derechos económicos, sociales y culturales incompatible con los compromisos internacionales asumidos bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El financiamiento a las universidades nacionales cayó un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026, y hoy representa apenas el 0,431% del PBI, frente al 0,718% de hace tres años.
Crisis universitaria: salarios en el piso y becas desfinanciadas
El impacto sobre los trabajadores es contundente: docentes y no docentes perdieron el 32% de su poder adquisitivo frente a la inflación, alcanzando el nivel salarial real más bajo de los últimos 23 años. Para recuperar el terreno perdido desde fines de 2023, se necesitaría una recomposición superior al 47%. En paralelo, las Becas Progresar sufrieron un recorte nominal del 82% entre 2025 y 2026, lo que equivale a una caída real de más del 95% respecto a 2023.
El conflicto también tiene dimensión judicial. Aunque el Congreso ratificó con mayoría agravada la Ley Nº 27.795 de financiamiento universitario, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto Nº 759/2025. La Justicia Federal ordenó en primera y segunda instancia aplicar de inmediato las actualizaciones salariales y de becas, pero el gobierno recurrió a la Corte Suprema para frenar su cumplimiento.
La denuncia destaca que el desfinanciamiento golpea con especial dureza a estudiantes de sectores vulnerables, mujeres con responsabilidades de cuidado y habitantes de regiones periféricas como la Patagonia, donde la universidad pública es, en muchos casos, la única vía de acceso a la educación superior.
Torres solicitó a la Relatoría que requiera información urgente al Estado argentino y recomiende medidas para garantizar el cumplimiento de las leyes sancionadas por el Parlamento. La presentación concluye que no se trata de una disputa presupuestaria, sino de la supervivencia de instituciones estratégicas para la ciencia, la tecnología y la democracia.
