Abogada del caso de abusos en Unión Vecinal: “Los chicos no están en condiciones de hablar”

Celina Fernández, abogada querellante en la causa contra el entrenador del club Unión Vecinal acusado de delitos contra la integridad sexual de menores, dialogó este miércoles con AM Cumbre tras una jornada cargada de audiencias. Esta semana la defensa pidió la libertad del imputado o una prisión domiciliaria; el tribunal, integrado por tres jueces, rechazó el pedido y confirmó la prisión preventiva.

La letrada explicó que la causa es compleja porque las víctimas son adolescentes de entre 15 y 16 años que tenían al entrenador como figura de autoridad: él decidía convocatorias, capitanías y números de camiseta. “¿Qué pibe de esa edad que sueña con jugar al fútbol no quiere estar convocado?”, graficó Fernández para describir el contexto en que habrían ocurrido los hechos.

“Hay cosas que están muy naturalizadas”: el grooming en el centro de la investigación

Uno de los ejes del caso es el grooming: Fernández advirtió que muchas situaciones no son reconocidas como tales ni por las propias víctimas, porque están normalizadas dentro del grupo. La investigación arrancó, en parte, por el llamado de atención de algunas familias ante regalos caros y transferencias de dinero que el entrenador hacía a varios jugadores del plantel. En paralelo se investigan estafas a padres y madres del club. Al día de hoy hay cuatro víctimas con cargos formalizados, pero la lista de entrevistas y cámaras Gesell pendientes es larga.

Sobre el estado de los chicos, fue contundente: “Claramente no la están pasando bien. Nadie quiere ser citado, ni declarar, ni que le pregunten cosas”. Y extendió el impacto a las familias, que vieron sacudida la confianza que tenían depositada en el club. En ese punto también apuntó a la institución: colaboró con la justicia cuando fue requerida, pero las familias esperaban otro tipo de contención. “La respuesta formal ante un tribunal es una cosa, y la contención que esperan las familias es otra”, marcó la diferencia.

La investigación tiene plazo hasta julio y se esperan nuevas audiencias la semana próxima, donde la defensa podría volver a insistir con el pedido de libertad ante el Tribunal de Impugnación.