Eran las 19. Estábamos sobre la vereda, en Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña. Éramos periodistas, reporteros gráficos y manifestantes inorgánicos. La mayoría nos habíamos quedado para ver cómo seguía la marcha contra la reforma laboral después de la represión que a las 17 había vaciado la Plaza de los Dos Congresos. La Policía empezó a avanzar caminando por la calle, directo hacia nosotros. De golpe llegó la policía motorizada. Aparecieron sin aviso. Estaban armados, nos apuntaron y nos empezaron a gritar: “Al piso, al piso”. A mi amiga y a mí nos dejaron ir cuando nos identificamos como periodistas de PERFIL. No encontrábamos a un compañero y el pensamiento fue automático: se lo llevaron. Por suerte apareció enseguida. Zafó. No fue el caso de Nicolás Viñas, un fotógrafo freelance que fue arrestado mientras documentaba la protesta y recién liberado al día siguiente. En Argentina, terminar en una comisaría por participar de una manifestación se volvió una posibilidad cada vez más concreta. La Comisión Provincial por la Memoria relevó un total de 31 detenciones arbitrarias. Los demorados fueron cerca de 100. Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), solo en la intersección de 9 de Julio y México retuvieron de una vez a unas 50 personas y hubo operativos que llegaron a la zona de Constitución. Reforma laboral: las fotos de los graves incidentes y la represión en el Congreso

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El avance policial sucedió después de las 16, cuando un grupo minúsculo de manifestantes encapuchados comenzaron a tirar piedras y proyectiles improvisados. El operativo represivo no terminó cuando la zona se despejó. En las horas siguientes, la Policía avanzó en una especie de “cacería” sin justificación: fue nuestro caso, por ejemplo, que estábamos en la vereda sin hacer más que filmar videos. La brutalidad y la falta de acción policial para frenar al puñado de encapuchados instaló una sospecha: ¿hubo infiltrados? PERFIL intentó comunicarse con las autoridades de Seguridad de la Ciudad y la Nación para consultar sobre las dudas que despertó el operativo, pero no recibió respuesta. Hubo dos recortes que se repitieron hasta el cansancio en los medios oficialistas: el de un grupo de cinco jóvenes preparando una bomba molotov y el de un manifestante rompiendo una vereda a martillazos. Las imágenes respaldaron el argumento de la prensa mileísta, que insiste en la “violencia kuka”, pero también envalentonaron a quienes advirtieron escenas inverosímiles. Sin embargo, las hipótesis “infiltrados” o “violentos” no son las únicas posibles. ¿Acaso hay una escalada de violencia frente a un Gobierno que restringe el derecho a huelga y movilización? Si ese fuera el caso, de todas formas, resulta incomprensible que un operativo de 800 policías no haya podido frenar a un grupo inorgánico y pequeño antes de que todo se desmadre. El tercer escenario es el que advierte una especie de “zona liberada”, un dejar hacer para tener la excusa perfecta y avanzar con la represión. Testigos del operativo: escenas que alimentaron las sospechas María del Carmen Verdú, fundadora de CORREPI, remarcó que en el operativo del 11F hubo cosas extrañas: “Jamás en la vida vi que un grupito pueda ponerse a armar una molotov con todo el tiempo del mundo mientras son filmados por cadena nacional”, aseguró. Sin embargo, subrayó una idea: “Hay que tener cuidado con el discurso fácil de los infiltrados cada vez que vemos un piedrazo. Hay personas que entienden que ese es el camino a pesar de no estar legitimados por la mayoría”. Lula González trabaja en El Destape y es una de las pocas periodistas que tiene presencia perfecta en las movilizaciones contra el Gobierno, sobre todo en las de cada miércoles. En esta oportundad casi terminó detenida cuando intentó mostrar en cámara los cartuchos de las municiones que estaba usando la policía. “La convocatoria grande era a las cinco de la tarde y a partir de las cuatro se empezó a querer disipar a todas las fuerzas políticas. Estando in situ, consideré que eran infiltrados por mi experiencia cubriendo la movilización durante el debate por la Ley Bases, cuando sucedió lo del auto de Cadena 3, y en la marcha donde atacaron a Pablo Grillo, cuando se prendió fuego un patrullero”, contó. Al día siguiente, revisó el material fotográfico de la marcha y, entre los manifestantes que iniciaron el conflicto, identificó a dos jóvenes que suelen asistir a las movilizaciones de los jubilados. “El resto no sé, pero ellos no eran infiltrados”, sostuvo. Comunicado del Gobierno tras la media sanción de la Reforma Laboral: «La industria del juicio está por llegar a su fin» González aseguró que “cada movilización es impredecible”, pero hay un patrón que comenzó a registrar en los últimos tres miércoles. “Hubo un recrudecimiento de la violencia, sobre todo por parte de la Policía de la Ciudad: vi cómo quebraban a los jubilados y cómo los golpeaban, vi cuando tiraron contra Cristian, un chico discapacitado, y cómo casi se llevan a Fernando, un hombre que está con muletas”, relató. Pablo Cuarterolo es fotógrafo de PERFIL y también forma parte del grupo de profesionales que cubren de forma sistemática las movilizaciones. Del 11F se quedó con una sensación: “Estás en el lugar y te enfocás en hacer fotos y registrar todo. Pero después, cuando revisás el trabajo, notás que hay situaciones inverosímiles. En la escena de la molotov, por ejemplo, el que daba las órdenes era un muchacho con una camisita de lino celeste que tenía más aspecto de oficinista que de militante anarquista. Intentaron detener a un montón de gente, pero no se avanzó en el momento sobre esos pibes y todavía no está claro si fue identificado, a pesar de todas las filmaciones”, reflexionó. En redes sociales se viralizaron cortes que mostraban la ineficacia de la policía para apuntar con el camión hidrante contra el grupo que preparaba la bomba casera, lo que fogoneó aún más la idea de que la situación estaba “armada”. El diputado nacional Juan Grabois fue uno de los que habló abiertamente de “infiltrados”. Reforma laboral: los 5 cambios de mayor impacto sobre los trabajadores Cuarterolo también fue testigo de otra foto que recorrió los medios: la de un joven frente a la policía con los pantalones bajos. La imagen transmitía violencia y provocación desmedida. Para los voceros del Gobierno representó algo así como la «irracionalidad» de la protesta. Del otro lado, hubo quienes la interpretaron como la señal de que los presuntos violentos no pertenecían a ninguna agrupación. “Eso pasó en Rivadavia y Rodríguez Peña, cuando un grupo le tiró una molotov a un grupo de policías que se acercaba. Esta persona parecía fuera de sí, alcoholizada, y se puso delante de los efectivos. No parecía consciente de lo que hacía. Le dispararon y lo sacaron de la zona otros manifestantes”, contó Cuarterolo. Violencia, militancia, infiltrados y política La hipótesis de los infiltrados fue creciendo a medida que se iban liberando los detenidos. La pregunta que se instaló era simple: ¿cómo podía ser que con semejante despliegue solo hayan agarrado a personas que no habían cometido ninguna infracción? El jueves 12, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, publicó un video en sus redes que intentó contrarrestar esa narrativa: “Dijimos que los íbamos a identificar. Y miren qué tengo acá. En esta carpeta tengo el trabajo articulado de la Justicia y la Policía Federal Argentina”, dijo. Infobae accedió a las identidades de los cuatro sospechosos que, al cierre de esta edición, tenían un pedido de arresto. El dato sirvió para que la prensa oficialista retomara su argumento: los violentos existen y tienen nombre y apellido. Por ahora, de todas formas, no fueron vinculados a ninguna organización política o militante, como sí sucedió con la mayoría de los detenidos durante el debate por la Ley Bases. Aquella manifestación fue la primera que dejó en claro que el Gobierno de Javier Milei estaba dispuesto a avanzar. Hubo decenas de heridos por balas de goma y 33 personas acusadas por delitos graves sustentados en la Ley Antiterrorista. El periodista Pablo Solanas reflexionó al respecto en un artículo de Revista Crisis que se tituló “De violencias e infiltrados”. Según señaló, en aquella oportunidad el oficialismo logró alterar el eje del debate público: “Terminamos luchando no ya contra la situación que generó la protesta sino contra las detenciones injustas”. La escena se repitió el miércoles 11. Uno por uno: qué senadores votaron a favor de la reforma laboral y cuáles en contra Solanas también advirtió sobre la simplificación automática frente a cada episodio violento: “Hay que afinar el análisis y asumir el debate sobre la violencia”. Sostuvo que “la afirmación que señala que ‘esa violencia solo le sirve al Gobierno’ es atendible, aunque suele resultar simplista. No siempre la conclusión es así de lineal”. La reflexión corre en doble sentido: ni todo es infiltración estatal ni toda acción violenta es pura manipulación funcional al poder. Desde este punto de vista, la discusión no se agota en señalar servicios de inteligencia y habilita el reconocimiento de que puede haber militantes o grupos que eligen no retroceder. Tal vez la pregunta no sea únicamente si el 11F hubo infiltrados, loquitos sueltos o un dejar hacer policial. Quizás, frente a un Gobierno cada vez más dispuesto a reprimir, la violencia estatal y la respuesta violenta se retroalimenten. Se trata de una conversación que sucede en la militancia y entre las organizaciones. La llegada de Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad instaló una práctica que ahora continúa su discípula Monteoliva: el «protocolo antipiquete» se activa con previo aviso a las organizaciones, pero una vez que se desconcentran las movilizaciones, la Policía sale a «cazar». No se trata de una palabra usada al azar, sino del término que repiten los militantes para advertir el riesgo. «El miércoles se vio: para el primer momento, cuando había estructuras políticas en la plaza, necesitaron un conflicto para justificar el avance. Al atardecer, la situación fue distinta. Sucede siempre. Por eso nosotros y todas las organizaciones les recomendamos a las personas que se vayan cuando se van de las marchas las columnas grandes», subrayó Verdú. A las 16:30 nos afectaron los gases lacrimógenos mientras intentábamos registrar el operativo. A las 19 estábamos filmando en la vereda. En nuestro grupo no había piedras, barricadas ni bombas molotov, pero la Policía avanzó igual. Aunque el debate por infiltración, desborde o zona liberada tenga un alto grado de especulación, hay algo que quedó claro: en Argentina manifestarse o realizar una cobertura periodística dejó de ser un acto previsible y cualquier chispa (provocada, espontánea o tolerada) puede convertirse en la justificación perfecta para lo que viene después. ML