«Matan porque pueden»: el fallo que obligó a un vecino violento a irse de su casa

l 3 de junio volvió a poner sobre la mesa una discusión que no cierra: once años después de la primera marcha del Ni Una Menos, los femicidios siguen ocurriendo y el debate sobre cómo prevenirlos sigue siendo urgente. En el programa Avión Sin Nafta de AM Cumbre 1400, la abogada Soledad Crespin, el abogado penalista Emiliano Saavedra y el licenciado en Relaciones Públicas especialista en masculinidades Federico Sacchi combinaron análisis político, reflexión social y un caso judicial concreto que llegó a sentencia la semana pasada.

Crespin señaló que buena parte de los avances en materia de protección de mujeres no vinieron del Estado por iniciativa propia, sino empujados desde abajo. «La demanda siempre es del territorio y la responsabilidad es de los funcionarios a cargo de los distintos poderes del Estado, porque esto es un sistema», afirmó, y agregó un dato que consideró crucial y que, según ella, no fue mencionado por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva al hablar de la baja en los femicidios: «El lugar donde más disminuyeron es en la Provincia de Buenos Aires, que es el único lugar donde subsistió el Ministerio de Mujeres y es -a la vez- donde más aumentaron las tentativas de femicidio. No es una lectura casual. Hay herramientas de protección, hay dispositivos accionando rápido.»

Federico Sacchi, por su parte, describió lo que vive desde adentro de su trabajo cotidiano con varones. «Lo primero que se me viene es que la primera marcha de Ni Una Menos en 2015 tuvo que ver con un caso de femicidio que todavía en ese momento no se hablaba como tal», recordó. Y celebró que, después de un tiempo de adormecimiento, algo volvió a moverse en la sociedad. «Siento, después de mucho tiempo, de nuevo, que es algo de la sociedad. Ya no de las feministas, ya no de grupitos aislados. Es algo popular.»

El fallo: 39 denuncias, piedras en el techo y una prohibición de acercamiento que lo sacó de su propia casa

Por su parte, el abogado Emiliano Saavedra relató en detalle un caso que llevó ante la justicia y que la semana pasada obtuvo sentencia. Sus clientas: dos docentes de escuela primaria que durante más de un año y medio fueron hostigadas por un vecino lindero. El comienzo fue con piedras de gran tamaño arrojadas sobre el techo, siempre de madrugada, siempre entre las dos y las tres de la mañana. «Los que hemos vivido en barrio y hemos tenido techo de chapa sabemos lo que es ese ruido», dijo Saavedra.

Lo que siguió fue una escalada progresiva. «Esto es un camino. La mayoría de los femicidios se llega a partir de una historia de muchos ejercicios de violencia sostenidos en el tiempo, cuya conducta se va agravando. ¿Por qué? Porque pueden». Las docentes instalaron cámaras de seguridad para probar que era el vecino. Él siguió. Las amenazas pasaron de insultos misóginos a frases directas: «De la próxima no la contás», «te voy a matar.»

El número que Saavedra puso sobre la mesa fue elocuente: 39 denuncias en la justicia penal y las mismas en la civil, sin que ninguna de las dos instancias tomara medidas efectivas en un primer momento. «Estamos hablando de dos docentes de escuela primaria que no tienen ganas de andar denunciando porque sí. Cuesta mucho, desde el Estado, el tema de creerle a la víctima», señaló.

La Cámara Civil, integrada por jueces varones según precisó el abogado, no hizo lugar a las astreintes —una multa civil— por falta de pruebas. Lo que vino después rozó lo inverosímil: en la audiencia de formulación de cargos penales, el propio acusado reconoció su responsabilidad tanto por las piedras como por las amenazas de muerte. «Para la justicia no había pruebas. 39 denuncias, dos docentes que no dormían; y esta persona, en la audiencia, reconoce la responsabilidad. Increíble pero cierto», resumió Saavedra.

Lejos de frenar, el acusado salió de esa audiencia y escaló aún más: empezó a arrojar piedras con mensajes escritos de amenazas de muerte. «Inmediatamente fuimos a la fiscalía y a la justicia civil con otra intencionalidad. Y por suerte hubo recepción», relató el abogado. El resultado fue una medida de prohibición de acercamiento de 500 metros. Siendo vecinos linderos, el agresor tuvo que irse de su propia casa.

En la audiencia donde se dictaron esas medidas, el acusado tomó el micrófono e intentó ponerse en el lugar de víctima. «Le dijo a mi clienta docente, con 39 denuncias y un año y medio de esta situación, que no tenía tiempo para ella. No me olvido más de eso», recordó Saavedra. «Para mí estábamos potencialmente en una situación de riesgo de femicidio. Una persona sin antecedentes penales, que no nace de un repollo. Viene de una sociedad que tiene padre, que tiene hermano, que tiene esposa, que tiene hijo», afirmó Saavedra.

Crespin cerró el análisis del caso remarcando el marco legal utilizado: la ley provincial 2786, que protege las distintas formas de violencia que pueden sufrir las mujeres más allá del vínculo familiar. Y volvió al argumento central que atravesó toda la columna: «No se trata de crear más leyes, no se trata de aumentar penas. Se trata de hacer uso de las herramientas que el Estado ya tiene. Los varones matan mujeres porque pueden. No matan a los varones porque se los permiten.»