Tras la reforma laboral, el Ejecutivo avanzará con una denuncia por terrorismo

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que los disturbios durante el debate por la reforma laboral fueron un “acto de terrorismo”. Hubo más de 70 detenidos.
El Gobierno nacional confirmó que presentará una denuncia por terrorismo contra las personas que participaron en los incidentes ocurridos el miércoles en las inmediaciones del Congreso, durante el debate por la reforma laboral.La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que los hechos excedieron el marco de una manifestación tradicional y los calificó como una acción organizada con intención de desestabilizar el orden institucional.Desde el Ejecutivo indicaron que más de 70 personas fueron detenidas en el marco de la protesta. Varias de ellas fueron identificadas como presuntas responsables de arrojar bombas molotov y enfrentar a la Policía Federal.“Fue un acto de terrorismo”Monteoliva sostuvo que los elementos secuestrados y las acciones registradas durante la jornada evidencian una violencia extrema. “Gente con bidones de nafta y bombas Molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar”, expresó.En ese contexto, aseguró que el Gobierno se encamina a radicar una denuncia federal. “Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba Molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos”, señaló.La funcionaria defendió además el accionar de las fuerzas de seguridad durante el operativo. Indicó que se aplicaron los protocolos vigentes con el objetivo de dispersar la concentración y evitar mayores daños.Según el balance oficial, siete efectivos resultaron golpeados y hubo civiles heridos sin gravedad.Identificación de los involucradosMonteoliva informó que ya se identificaron más de diecisiete personas vinculadas a los disturbios y que el proceso continúa con análisis de imágenes captadas por cámaras de fuerzas federales, de la Ciudad y registros audiovisuales de medios de comunicación.La causa quedó bajo intervención de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali, con autorización judicial para avanzar en la identificación mediante herramientas de reconocimiento facial y bases de datos policiales.Respecto al perfil de los involucrados, la ministra indicó que hay personas de entre 20 y más de 60 años, en su mayoría provenientes de la provincia de Buenos Aires, aunque también de Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Salta. Señaló que algunos cuentan con antecedentes penales y que se investiga una posible vinculación con barras bravas y agrupaciones de izquierda combativa o anarquistas.