Prohibición de corte de servicios básicos en Río Negro: “Pone en el centro la dignidad de las personas”

La medida es hasta el 31 de diciembre de 2027 y está destinada a los sectores más vulnerables de la provincia. Una vez que la ley sea promulgada, no se podrán cortar los servicios esenciales en aquellos hogares que no tengan ingresos por encima de la canasta básica. Foto: archivo
La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad una ley que suspende hasta el 31 de diciembre de 2027 los cortes de los servicios públicos domiciliarios de gas, luz y agua. La aprobación apunta a los sectores más vulnerables de la provincia.Te puede interesar: Se terminaron las salidas transitorias para condenados por delitos graves en Río NegroLa nueva normativa garantiza la continuidad de estos servicios esenciales en todo el territorio rionegrino para jubilados, pensionados, familias con ingresos por debajo de la canasta básica, personas en situación de vulnerabilidad económica y hogares que tienen a cargo personas con discapacidad.La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos), celebró la aprobación de la iniciativa y destacó su impacto social. “Es una ley profundamente humana, que pone en el centro la dignidad de las personas. Nadie puede vivir sin agua, sin luz o sin gas. En el difícil contexto económico que atraviesan miles de familias rionegrinas, el Estado tiene la obligación de proteger derechos básicos”, expresó.Por otro lado, explicó que, tras el vencimiento de la prórroga anterior el 31 de diciembre de 2025, muchos usuarios habían quedado en una situación de incertidumbre ante la posibilidad de sufrir cortes de servicios esenciales. En ese sentido, remarcó la importancia de que el proyecto finalmente haya obtenido la sanción definitiva.Además, la legisladora reconoció el trabajo de la senadora nacional Ana Marks, quien impulsó el proyecto, y valoró el acompañamiento de organizaciones sociales y de derechos humanos que reclamaron por su tratamiento. Entre ellas mencionó a la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Bariloche y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que acompañaron el pedido para garantizar esta herramienta de protección social.