La reciente propuesta de reforma laboral presentada por el gobierno de Javier Milei ha levantado una oleada de críticas por parte de más de 500 intendentes de diversas regiones del país. Agrupados bajo la Federación Argentina de Municipios (FAM), estos líderes comunitarios han expresado su profundo desacuerdo a un proyecto que consideran retrógrado y desfavorable para las condiciones laborales y el bienestar social.

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En su declaración conjunta, los intendentes fueron categóricos al calificar la reforma de Milei como un retorno a las prácticas laborales arcaicas del año 1900. Expresaron que, lejos de crear empleo, el proyecto podría facilitar despidos y desmantelar los derechos laborales arduamente conquistados por los trabajadores argentinos. Según el documento, la implementación de esta ley implicaría una precarización absoluta de las relaciones laborales, debilitando significativamente la posición de los empleados dentro del marco laboral nacional.

El ministro de Transformación y Desregulación, Federico Sturzenegger, es la figura detrás de esta iniciativa, elaborada como parte del Consejo de Mayo. Desde la FAM, se critica la reforma por promover lo que describen como una «modificación laboral anticuada», trayendo a la memoria anteriores intentos fallidos de modernización que resultaron en la erosión de la seguridad laboral, como la controvertida ‘Ley Banelco’ en la década de los noventa.

Los líderes municipales están especialmente preocupados por el impacto económico que podría derivarse de una reducción general en la masa salarial formal, lo cual consideran que podría desestabilizar el consumo y descarrilar la actividad económica de las provincias y municipios. Esto, advierten, limitaría la capacidad de los gobiernos locales para atender necesidades esenciales en áreas como educación, salud y seguridad.

De forma paralela, el gobierno nacional continúa con las negociaciones para lograr la aprobación de esta reforma en el Congreso, una tarea que enfrenta resistencia no solo de los intendentes, sino también de algunas provincias que manifiestan su preocupación por los cambios fiscales propuestos. Mientras tanto, se continúan planificando encuentros para discutir posibles modificaciones al marco tributario e identificar formas de mitigar los impactos adversos en la población.