La Auditoría respalda al Ejecutivo y deja en offside al Concejo: demoras, trabas y plata que se pierde

El Dictamen N.º 047-AUD-2026 de la Auditoría Municipal no solo le da respaldo al proyecto de eficiencia administrativa del Ejecutivo. También deja bastante expuesto al Concejo Deliberante por el impacto que tienen sus tiempos —o sus demoras— en el funcionamiento del municipio.

El informe reconoce problemas de fondo: demoras administrativas, vacíos normativos y dificultades operativas. Pero el dato más pesado aparece cuando se mira dónde se traba realmente la gestión.

La Auditoría plantea que hay que garantizar continuidad administrativa incluso durante los recesos legislativos. Dicho en criollo: cuando el Concejo se apaga, la Municipalidad queda en pausa.

Y esa pausa no es gratis. En un contexto inflacionario, cada expediente que se demora significa pérdida de plata para el municipio. No es solo burocracia lenta: es guita que se va.

Además, el dictamen marca la necesidad de agilizar contrataciones y actualizar parámetros económicos que quedaron viejos. Dos puntos que, en la práctica, suelen quedar atrapados en discusiones políticas más que en necesidades concretas de gestión.

En ese escenario, la Auditoría mete una definición clave: el proyecto del Ejecutivo no le saca facultades al Concejo Deliberante. Y esto cambia el eje de la discusión.

Porque si no hay pérdida de poder, entonces la resistencia deja de ser institucional y pasa a ser política. Es decir, no es que no se puede avanzar: es que no se quiere.

El informe no lo dice de forma explícita, pero deja flotando una pregunta incómoda: si los problemas están claros, si se pierde plata por las demoras y si el proyecto no afecta al Concejo, ¿por qué sigue frenado?

Así, el dictamen termina corriendo el foco. Ya no se trata solo de mejorar la eficiencia administrativa, sino de definir si el Concejo va a acompañar una solución o va a seguir siendo parte del problema.

En definitiva, el clásico choque entre control y gestión. Pero con una diferencia cada vez más evidente: cuando las trabas se vuelven sistemáticas, el costo lo termina pagando todo el municipio.