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Formularon cargos contra el intendente de Allen por administración fraudulenta y peculado: un celular en el centro de la acusación
El intendente de Allen, Marcelo Román, quedó formalmente imputado este jueves por los delitos de administración fraudulenta y peculado, en el marco de una causa que investiga el uso irregular de fondos municipales.
Sigue el escándalo en Allen. Foto: Gentileza.
La Justicia de Río Negro dio un paso decisivo en la causa que investiga al intendente de Allen, Marcelo Román. Este jueves quedaron formalmente presentados los cargos contra el jefe comunal, acusado de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado, en el marco de una investigación impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti.
La magistrada interviniente fijó un plazo de dos meses de investigación penal preparatoria, que vencerá el próximo 30 de agosto, para continuar reuniendo pruebas antes de avanzar hacia las etapas siguientes del proceso.
Un celular caro, fondos públicos y un destino irregular
La acusación tiene en su centro la compra de un teléfono celular de alta gama. Según la imputación presentada por Fiscalía, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el intendente habría autorizado la adquisición del equipo por $479.999, bajo la modalidad de servicio corporativo a nombre del municipio, con un costo total que —sumando el abono mensual a Movistar Argentina— alcanzó los $596.812,38.
El elemento que convierte esta compra en delito, según la acusación, es el destino final del dispositivo: el celular habría sido retirado de la órbita municipal y entregado a un particular que no formaba parte del Estado ni mantenía vínculo contractual que justificara su uso. «Se quebrantó la esfera de custodia legal que debía preservarse sobre el patrimonio público», argumentó la Fiscalía, señalando que la maniobra generó un perjuicio económico directo a las arcas municipales.
La investigación no se limita al intendente. Un segundo imputado quedó vinculado a la causa como partícipe necesario: según Fiscalía, esta persona sabía que no era agente público, pero aun así recibió el dispositivo y lo utilizó, llegando incluso a impartir órdenes y directivas a empleados municipales con el teléfono oficial y asumiendo funciones que no le correspondían.
Las pruebas que construyó la Fiscalía
La acusación llegó a esta instancia respaldada por un conjunto de evidencias reunidas durante la investigación: una denuncia penal del Tribunal de Cuentas municipal, la factura de compra del celular, copias de pagos internos y externos realizados a Movistar, informes de contaduría forense del Ministerio Público, documentación secuestrada en allanamientos al municipio y más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.
Durante la audiencia, la defensa solicitó que no se formalizaran los cargos, pidió incorporar como posible partícipe a quien se desempeñaba como secretaria de Hacienda y requirió excluir parte de la prueba, incluyendo declaraciones testimoniales, documentación secuestrada y pericias sobre teléfonos. La Justicia rechazó esos planteos y resolvió avanzar con la formulación de cargos y mantener abierta la investigación.
