El control que se controla a sí mismo: las grietas del expediente de Wachitas

El viernes por la noche, la Municipalidad creó por decreto la Unidad Ejecutora Mixta de Coordinación y Prevención para la Seguridad Pública y dispuso operativos masivos durante noventa días sobre los locales nocturnos. El anuncio mira hacia adelante: más coordinación, más inspecciones, más control. Y el caso que lo motivó apunta en la dirección contraria.

En paralelo a la causa por el femicidio de Agostina Vega, que llevó a sus tres acusados a indagatoria ante el fiscal Raúl Garzón, el municipio revocó la habilitación de Wachitas y difundió un expediente para mostrar que había actuado. Leído con los documentos a la vista, ese expediente muestra otras cuestiones.

Revocar lo que, según el municipio, nunca existió

¿Cuándo está habilitado un local? La ordenanza lo define en su artículo 3: la habilitación es el certificado, «la autorización con valor de documento público denominado Certificado de Habilitación». No un trámite a medias.

Pero el sistema deja una zona gris. El trámite lo impulsa el Estado, mientras que su cierre depende de que el titular pague la tasa. En el medio puede quedar un paréntesis: un expediente que nadie está obligado a cerrar ni a rechazar, y un local que sigue funcionando mientras su habilitación, en los papeles, nunca termina de existir.

Algo así pasó con Wachitas. El 1 de junio, el Ente de Fiscalización y Control fechó un informe sobre la habilitación 243852, a nombre de Nicole Waiss. Su conclusión: el trámite «no alcanzó su cierre formal» y seguía trabado en «pago de tasas» por inactividad de la titular. Para el propio Ente, a esa altura el local no estaba habilitado.

Once días después, el 12 de junio, ese mismo Ente resolvió «revocar en forma definitiva la habilitación comercial» del bar. No se revoca lo que, según el propio organismo, nunca se otorgó.

Y el expediente lo termina de desmentir. En su última hoja, la tabla del sistema lo marca como «habilitación finalizada», al revés de lo que decía el informe. El acta del 2 de junio dice que el local «posee habilitación de bar» y ordena «el secuestro del certificado». No se incauta un certificado que no existe.

El municipio insistió en un punto: que no habilitó y clausuró el mismo día. Su director, Ezequiel Hormaeche Actis, fechó la habilitación el 18 de octubre de 2025. Pero admitió que la tasa para emitir el certificado se pagó recién el 2 de junio, con los inspectores adentro. Y la ordenanza es clara: sin esa tasa no hay certificado. Si el certificado se completó ese día, la habilitación no pudo ser de octubre. Su propia defensa termina ubicando todo el mismo día que buscaba descartar.

Tres clausuras y qué dicen las actas

La baja se encuadra en el artículo 8 de la Ordenanza 13.140, que prevé como causal de revocación haber sido clausurado tres veces dentro de los dos años contados desde la primera clausura. Hormaeche Actis sostiene que Wachitas alcanzó ese umbral. “Llevamos siete revocaciones en los últimos tres años, no es la primera”, afirmó. La cuenta es suya. Las actas que firmó su propio organismo no la respaldan.

Clausura de dos días: el bar Luzbelito reabrió después de cumplir con las exigencias municipales

La primera clausura es del 16 de mayo de 2024, a las 2:50 de la madrugada. La segunda, del 7 de marzo de 2025, también de madrugada. La tercera, del 2 de junio de 2026. El plazo del artículo 8 corre desde la primera y vencía el 16 de mayo de 2026. La tercera clausura llegó 17 días después. Las tres existen, pero no caen dentro de los dos años que la propia ordenanza exige. El “tres clausuras en menos de dos años” es lo que afirma el funcionario, no lo que muestran las fechas.

Hay un dato más. La primera clausura no fue contra Waiss ni en el mismo número: se labró contra Luis Alberto Molina, en Ituzaingó 535. Antes de contarla como una de las tres que habilitan la revocación, queda por explicar cómo se encadena la clausura de un titular anterior, en otra numeración, con la habilitación que hoy el municipio dio de baja.

Un bar que era otra cosa

La habilitación cubría un bar de expendio de bebidas. El contrato de locación que el propio Ente adjuntó fija el destino del inmueble como “discoteca y/o resto pub con espectáculo o baile” y, más adelante, en otra cláusula, como “predio deportivo”. El certificado catastral describe la obra como “discoteca”. La Ordenanza 13.140 prohíbe expresamente, en un local gastronómico, bailar y toda actividad del Código de Espectáculos Públicos.

Las fotos que el municipio sumó al expediente muestran lo que el rubro no decía: un escenario con tarima, batería y luces, instrumentos, una mesa de pool, un metegol y dos habitaciones con camas, además de una cocina. El acta del 2 de junio anota esas habitaciones como vivienda de la titular. El contrato de locación ya describía la planta alta con cinco dormitorios.

La misma agente, identificada con la chapa 3661, firmó las tres inspecciones del expediente. En diciembre de 2024 anotó 14 observaciones, entre ellas el “sector escenario piso de madera” y el “sector de espera para los artistas”. En marzo de 2025 fue más lejos: pidió por escrito que el local presentara un informe de ingeniero en seguridad y que rectificara la superficie de uso. En agosto de 2025, la misma inspectora describió el lugar como un bar “solo para beber” y lo dio por “en condiciones”, sin observaciones.

Entre una inspección y otra no cambió el local: cambió lo que el acta dijo de él. El escenario que figura en diciembre seguía ahí en la clausura de junio. Aparece, además, en una foto que el propio Ente adjuntó a la inspección favorable de agosto, y en el certificado de tratamiento ignífugo del expediente, cuya superficie tratada enumera “piso, escenario y ventana”. El informe de ingeniería que la inspectora pidió en marzo no figura en la documentación difundida.

La clausura de marzo de 2025 agrega un detalle. El acta consigna que la encargada exhibió una constancia de habilitación en trámite ya vencida. En el mismo expediente obra una constancia nueva, fechada ese mismo día, válida por un mes, firmada por el director ejecutivo del Ente. El día en que el local fue clausurado por presentar un papel vencido, el organismo le emitió uno nuevo.

Quién controla al que controla

El Ente fue creado en febrero de 2024, por una ordenanza impulsada por el Ejecutivo del intendente Daniel Passerini, y concentró en una sola unidad las habilitaciones comerciales y los espectáculos públicos. A su director lo designa y lo remueve el Ejecutivo, sin intervención del Concejo, que solo puede pedirle informes y citar a sus responsables. Sobre ese marco, la oposición reclama el expediente digital completo, con las firmas de cada funcionario que intervino en cada paso del trámite. El director comparece el miércoles ante el Concejo.

Lo que el expediente no responde

Soledad Andreani firmó como receptora las inspecciones de marzo y agosto de 2025, las dos en las que el local fue avanzando hacia el sello de bar en condiciones. Recibió, además, uno de los emplazamientos por deficiencias de higiene y seguridad, pese a que no figuraba en ningún papel como empleada ni como responsable del local. Es la misma persona que hoy está acusada de encubrimiento agravado en la causa por el femicidio de Agostina Vega. La extrabajadora que declaró ante la Justicia la señala, según ese testimonio, como su referente dentro del local, en un relato sobre explotación sexual y presencia de menores que el fiscal Garzón derivó a las fiscalías especializadas. Las habitaciones con camas que el Ente fotografió como vivienda de la titular aparecen, en ese relato, bajo otra luz.

El primer parte municipal, del 2 de junio, enumeró deficiencias eléctricas, falta de señalización, elementos de seguridad vencidos, actividades sin autorización y modificaciones no declaradas. Trece días después, al explicar la revocación, Hormaeche Actis se concentró en una sola de esas causales, la pared demolida. “Ahí es la clausura más grave”, dijo. Entre todo lo que el propio municipio había detectado, eligió comunicar el muro y no la actividad que ese muro ocultaba.

La pregunta, así, no es sólo qué pasó dentro de Wachitas. Es por qué, durante años, el control municipal eligió mirar las paredes y no lo que ocurría detrás de ellas, y por qué, cuando el femicidio de Agostina Vega lo puso todo a la vista, el sistema se ocupó primero de defenderse a sí mismo.