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¿Inversiones de largo plazo? | Perfil



Hay un tipo de pregunta que, cuando se hace en una sala de directorio, siempre termina igual: “Sí, pero… ¿y si cambia el viento?”. Porque en Argentina el largo plazo compite contra la incertidumbre que nace de la inestabilidad institucional y de la dificultad para sostener reglas en el tiempo. Hablo de la gobernanza pública: de cómo se toman decisiones, cómo se negocian, cómo se compatibilizan los tiempos políticos con la lógica de proyectos que requieren años para rendir. La inversión de largo plazo no desaparece por “tener incertidumbre”, sino por un tipo de incertidumbre que es la que vuelve imprevisible la conducta del sistema. En otros términos: no es lo mismo un contexto difícil que un contexto donde la regla del juego es frágil. Y en Argentina, el mercado evalúa la probabilidad de que los propios supuestos no se cumplan. Cuando la inversión se percibe como rehén del conflicto político, el horizonte se achica. Las compañías dejan de pensar en capex plurianual y vuelven a financiar el presente. Porque el riesgo principal pasa a ser decisional. ¿Quién decide? ¿Con qué límites? ¿Hasta cuándo? ¿Qué ocurre si cambia la relación entre poderes? ¿Qué pasa si una política se interrumpe, se modifica o se judicializa? Esa cadena de preguntas se resuelve con instituciones. Si es posible o no lograr inversiones de largo plazo en este contexto, es un asunto clave para el desarrollo del país.

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La gobernanza pública tiende a entrar en tensión cuando se discute quién tiene la última palabra. En esa discusión, el inversor ve el riesgo que la política pública no sea consistente. La Argentina necesita desesperadamente de grandes inversiones de muy largo plazo para desarrollar su potencial en recursos naturales. Para poder concretarlas, el primer punto de dolor es cultural y sistémico a la vez: la incertidumbre institucional no se gestiona; se padece. En un contexto así, muchas decisiones quedan atrapadas en lo contingente y la agenda pública se vuelve reactiva. Y más aún, teniendo como horizonte de corto plazo un año electoral decisivo. Pero la inversión no espera. En términos de gobierno corporativo cuando un directorio quiere invertir en algo grande, no empieza preguntando si “conviene”, sino si existe capacidad de ejecución, si hay trazabilidad de decisiones, si los riesgos están asignados, si hay monitoreo y rendición de cuentas. Trasladado al plano país: Argentina necesita esa misma ingeniería, pero a nivel de política pública y marcos regulatorios. Así como hay consensos básicos entre los hombres de negocio acerca de qué variables considerar a la hora de decidir una inversión, debe haber consensos básicos entre los líderes políticos de un país acerca de qué reglas de juego se deben respetar. Si eso no existe, la incertidumbre institucional escala. Existen paliativos ante la falta de ese consenso político básico, pero nunca son del todo eficaces. Me refiero a las reformas institucionales vía legislativa. Si bien son avances, los antecedentes de leyes que se han cambiado de la noche a la mañana sobran. Es que nada puede reemplazar el consenso básico entre los líderes políticos. Esa es la base de la gobernanza pública. Pero si queremos que el largo plazo ocurra, es imperioso reducir esta incertidumbre institucional. La condición es que la gobernanza (pública y privada) se parezca más a un proceso y menos a una disputa permanente. Que exista un piso de previsibilidad. Que se entienda que los inversores piden que el sistema tenga un comportamiento razonablemente estable y que, frente a cambios, existan reglas de ajuste transparentes. ¿Y cómo se logra esa síntesis? La respuesta está en un “contrato implícito de conducta” entre Estado y sociedad económica. El país necesita un marco donde la incertidumbre deje de ser un freno y empiece a ser un insumo. Incertidumbre de negocios: sí. Incertidumbre institucional: no. La política seguirá tensándose, pero el desafío no es “evitar el conflicto”, sino institucionalizar la forma de resolverlo sin destruir la previsibilidad que necesita la inversión. Las inversiones de largo plazo son posibles; pero no cuando la incertidumbre es primordialmente institucional. * Presidente del Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública (IGEP).

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