La Unicameral vuelve tras el receso y el PJ abre el debate por la extinción de dominio en Córdoba

Después de cuatro semanas sin actividad en el recinto, la Unicameral retomará este miércoles las sesiones ordinarias con una agenda que terminará de definirse en Labor Parlamentaria, aunque con un tema que ya aparece como la principal novedad política: el oficialismo pondrá en marcha el debate en comisión sobre un régimen provincial de extinción de dominio para recuperar bienes provenientes del delito.

Esta iniciativa opositora cobró fuerza luego de la aprobación unánime de la Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, sancionada en la última sesión del 8 de julio, cuando el oficialismo asumió el compromiso de avanzar sobre uno de los principales reclamos impulsados por los bloques cambiemistas en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado.

En ese marco, el PJ decidió no enviar un proyecto del Poder Ejecutivo. La estrategia será que el legislador Juan Manuel Llamosas presente -en las próximas horas- una iniciativa propia del bloque oficialista, que podría ingresar este mismo miércoles para tomar estado parlamentario. En paralelo, también ingresará una actualización del proyecto presentado por la radical Ariela Szpanin, basado en una iniciativa elaborada en 2019 por el exlegislador Javier Bee Sellares.

La intención del oficialismo es analizar en conjunto los expedientes impulsados por la oposición y la futura propuesta del PJ en el seno de la Comisión de Seguridad, que será convocada durante esta semana. Según pudo saber Perfil Córdoba, ese trabajo preliminar ya comenzó de manera informal entre distintos sectores legislativos.

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Tres proyectos sobre la mesa

Hasta ahora, la iniciativa que concentró la discusión política fue la presentada en mayo de 2024 por el legislador liberal Gregorio Hernández Maqueda, acompañada por legisladores de la UCR, entre ellos Brenda Austin y Szpanin, además de representantes de otros bloques.

El proyecto propone crear un régimen provincial de extinción de dominio que permita al Estado recuperar bienes provenientes del narcotráfico, la corrupción y otros delitos mediante una acción civil independiente del proceso penal, sin necesidad de esperar una sentencia firme.

“Córdoba necesita una legislación procesal propia para cubrir un vacío existente en la jurisdicción provincial”, sostuvo Hernández Maqueda a Perfil Córdoba. “El Estado recupera bienes y, además, debilita el poder económico de las organizaciones criminales”, afirmó días atrás al explicar los alcances de la iniciativa.

En la misma línea, Austin señaló que “lo que se cuestiona es el justo título con el que nació ese derecho de propiedad”, y remarcó que el Estado puede actuar sobre bienes cuyo origen no pueda justificarse sin esperar la conclusión del proceso penal.

En este marco, Szpanin ingresó a la Unicameral una actualización del expediente elaborado originalmente por Bee Sellares. La iniciativa, al que accedió Perfil Córdoba, crea un régimen provincial de extinción de dominio para recuperar bienes de origen ilícito vinculados con delitos de competencia provincial mediante una acción patrimonial autónoma e independiente del proceso penal. En consecuencia, la acción podrá avanzar aun cuando no exista condena e incluso en casos de fallecimiento, rebeldía o inimputabilidad del presunto autor.

El proyecto también amplía el universo de bienes alcanzados. Incluye inmuebles, vehículos, dinero, participaciones societarias, derechos patrimoniales, criptoactivos y activos digitales. Asimismo, habilita la acción sobre bienes registrados a nombre de terceros cuando existan indicios de simulación o testaferros y prevé que, acreditados indicios graves sobre el origen ilícito, el titular deba justificar la procedencia legal de los recursos utilizados para adquirirlos.

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Al mismo tiempo incorpora garantías procesales. La competencia recaerá en el fuero Civil y Comercial, la acción será impulsada por fiscales especializados y el procedimiento preserva el debido proceso, el derecho de defensa y la protección de terceros adquirentes de buena fe. También autoriza medidas cautelares como embargos, secuestros e inmovilización de cuentas para evitar la dispersión de los activos mientras tramita la causa.

Desde el punto de vista político, el proyecto busca transformar los bienes recuperados en una herramienta de política pública. Crea un registro provincial de bienes recuperados y un fondo provincial que distribuirá los recursos con un esquema predeterminado: 40% para infraestructura educativa, 20% para seguridad, 20% para salud, 10% para programas de prevención de adicciones y 10% para asistencia a víctimas de delitos.

La agenda de la semana

Antes de la sesión del miércoles, la actividad legislativa comenzará este lunes con la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, presidida por Bernardo Knipscheer.

El cuerpo analizará el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para crear nuevos órganos jurisdiccionales y dependencias del Ministerio Público de la Defensa en distintas sedes judiciales de la provincia, además de los pliegos para designar fiscales reemplazantes en Río Tercero y Río Cuarto.

Se espera la convocatoria del oficialismo a la comisión de Seguridad para poner en marcha el abordaje de la extinción de dominio, tema que ya cuenta con el aval del gobernador Martín Llaryora y de la cartera de Justicia a cargo de Julián López.

Durante la semana pasada, la actividad parlamentaria fue limitada y quedó prácticamente reducida a la comisión de Ambiente y Recursos Renovables. Entre otros temas, se aprobó un reconocimiento a organizaciones ambientalistas por su trabajo en la restauración de ecosistemas, dio dictamen al proyecto para crear el Área Natural Protegida “Monumento Natural Laguna de Pocho”, que ahora pasará a Legislación General, y continuó el análisis de la iniciativa para medir la huella de carbono de la Legislatura.

Además, la comisión mantuvo en estudio distintos pedidos de informes vinculados con la prevención de incendios, la gestión ambiental y contrataciones de la Secretaría de Ambiente, mientras que resolvió archivar el expediente referido a la situación denunciada por la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) sobre las instalaciones de la empresa Porta.