Desde su primera presidencia, Trump ha promovido una agenda caracterizada por decisiones unilaterales, el uso recurrente de aranceles como instrumento de presión política y una lectura ideológica de las relaciones internacionales que desplazó criterios técnicos, multilaterales y de planificación económica de largo plazo. Este patrón se ha intensificado en su segundo mandato con los impases con gobiernos europeos y latinoamericanos que han respondido a diferencias ideológicas explícitas más que a evaluaciones técnicas de política económica o comercial. En América Latina, esta lógica se tradujo en restricciones migratorias y financieras contra gobiernos políticamente distantes, y en confrontaciones directas con líderes como Lula da Silva o Gustavo Petro. Sin embargo, otros países con problemas estructurales comparables —incluida la expansión del narcotráfico— quedaron al margen por su alineamiento con Washington. Ecuador es un caso ilustrativo: pese al deterioro de la seguridad interna, el avance del crimen organizado y que se ha convertido en uno de los principales puntos de salida de cocaína a nivel mundial, no ha enfrentado represalias significativas. Pero esta lógica confrontacional no se ha limitado a la política exterior estadounidense. En América Latina, este tipo de manejo ha comenzado a incorporarse en la conducción de la política económica y exterior de países como Argentina y Ecuador. En el caso ecuatoriano, el reciente impasse diplomático y comercial con Colombia resulta particularmente ilustrativo de esta dinámica.

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En este contexto, el gobierno de Noboa muestra cómo una estrategia guiada por el cálculo político de corto plazo puede reproducir patrones ya observados en la política exterior estadounidense bajo Donald Trump, con mayores riesgos cuando se trasladan a contextos institucionalmente más frágiles y económicamente dependientes. El “Trump ecuatoriano”. Desde el inicio de su mandato, Daniel Noboa ha mostrado rasgos de gestión política análogos al estilo de Donald Trump. Uno de ellos es la búsqueda sistemática de responsables externos o institucionales frente a problemas de gobernabilidad y ejecución de políticas públicas. En diversas ocasiones, el Ejecutivo ha atribuido a la Corte Nacional de Justicia y a otros organismos del Estado la falta de avances en seguridad y reformas clave, mediante señalamientos públicos a jueces y funcionarios. Este patrón no es nuevo. Durante su primer mandato, Ecuador protagonizó uno de los episodios más delicados en materia de derecho internacional de su historia reciente: la irrupción en la embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas. Más allá de las controversias judiciales en torno a Glas, el hecho implicó una transgresión a los principios de la Convención de Viena y derivó en un deterioro significativo de la relación bilateral con México. Posteriormente, el gobierno ecuatoriano anunció medidas comerciales y arancelarias que profundizaron el distanciamiento diplomático y generaron costos evitables. Este estilo volvió a manifestarse recientemente en la relación con Colombia. El 20 de enero el presidente Gustavo Petro declaró que Glas debería ser excarcelado por razones humanitarias y de salud —una afirmación percibida como una injerencia en asuntos internos—, y la respuesta del gobierno de Noboa fue anunciar un incremento arancelario del 30% a las importaciones colombianas. La medida fue justificada por la supuesta falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, los impactos de actividades ilícitas en la frontera y un persistente déficit comercial bilateral. No obstante, la coincidencia temporal entre estas justificaciones y el impase diplomático sugiere una reacción política más que una evaluación técnica integral. La decisión resulta particularmente delicada si se considera que Colombia es uno de los principales socios comerciales y un proveedor estratégico de energía eléctrica para Ecuador. Durante los últimos dos años, las importaciones de electricidad desde Colombia han sido determinantes para mitigar la crisis energética ecuatoriana, en un contexto de condiciones climáticas adversas y limitada inversión en nuevas fuentes de generación. Pese a esta interdependencia, el conflicto escaló rápidamente: Colombia anunció el 22 de enero aranceles recíprocos y la suspensión o revisión de las ventas de energía a Ecuador, una medida que, de concretarse, tendría efectos inmediatos sobre la actividad productiva, los costos empresariales y el bienestar de los hogares. Todo esto ocurre en un contexto de resultados mixtos de la gestión de Noboa. En el plano económico se registran avances como la reducción del riesgo país —el nivel más bajo en una década—, el crecimiento de las exportaciones no petroleras, señales de reactivación en la construcción y mejores perspectivas de crecimiento del PBI. Sin embargo, estos resultados contrastan con desempeños claramente desfavorables en seguridad. Las cifras preliminares de homicidios de 2025 sugieren un nuevo deterioro, con una tasa estimada entre 49 y 51 por cada 100.000 habitantes, el nivel más alto de su historia reciente, reflejando la profundización del crimen organizado y el narcotráfico. La comparación entre el Estados Unidos de Donald Trump y el Ecuador de Daniel Noboa revela un patrón común: cuando la ideología sustituye a la política económica y la confrontación reemplaza a la cooperación, los costos terminan siendo económicos, institucionales y sociales. En el caso estadounidense, el tamaño de su economía le permite absorber parte de estos costos y, eventualmente, contar con mayores márgenes para corregir el rumbo. En economías pequeñas y dependientes como la ecuatoriana, en cambio, los márgenes de error son mucho menores y las consecuencias más inmediatas. Replicar una lógica de poder, presión y alineamientos ideológicos en una región históricamente tratada como “patio trasero” no fortalece la soberanía ni la seguridad económica. Por el contrario, debilita la cooperación regional, aumenta la vulnerabilidad externa y compromete logros recientes. Más allá de liderazgos confrontativos, Ecuador —y América Latina en su conjunto— requiere estrategias de política exterior y económica basadas en el pragmatismo, la planificación y la integración, incluso cuando existen diferencias ideológicas, tal como lo mostró el proceso de integración económico y político europeo. *Economista. Profesor e investigador de la Univ. de las Américas (Ecuador). Doctor en Economía y Negocios por la Univ. Autónoma de Madrid y Máster en Econ. Internacional por la misma universidad. Especializado en economía internacional y macroeconomía. Latinoamérica21.