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El Senado aprobó la baja de la edad de imputabilidad a 14 años: es ley el nuevo Régimen Penal Juvenil
Con 44 votos a favor, el oficialismo logró sancionar el proyecto impulsado por Patricia Bullrich. El peronismo votó en contra denunciando falta de fondos y riesgos de inconstitucionalidad.
La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa clave del Ministerio de Seguridad que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años en la Argentina. Tras un intenso debate marcado por cruces políticos y la presencia de familiares de víctimas, la norma obtuvo 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención.
La sanción definitiva, que ya contaba con el visto bueno de Diputados, representa un giro histórico en la política criminal del país. «El Estado no va a seguir mirando para otro lado. No importa la edad de los delincuentes, importa el delito», sentenció Patricia Bullrich tras la votación, celebrando lo que calificó como el fin de un modelo de «indefensión» para las víctimas.
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Los puntos clave del nuevo Régimen Penal Juvenil
La normativa no solo modifica la edad punible, sino que crea un sistema procesal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años. Entre sus ejes principales se destacan:
- Especialización: Los menores no podrán compartir espacios de detención ni procesos judiciales con adultos.
- Justicia Restaurativa: Se priorizan medidas educativas, reparación del daño y tareas comunitarias.
- Rol de la Víctima: Tendrán derecho a asistencia jurídica, psicológica y podrán oponerse a decisiones de la fiscalía.
- Privación de la libertad: Quedará reservada únicamente para delitos graves, bajo un esquema de excepcionalidad y plazos estrictos.
Cruces por el presupuesto y críticas del peronismo
El bloque de Unión por la Patria rechazó de plano la medida. El principal argumento opositor se centró en la inconstitucionalidad de la norma y la supuesta insuficiencia de recursos para que las provincias puedan aplicarla.
El senador Jorge Capitanich advirtió que el presupuesto previsto ($23.700 millones) es escaso frente a los costos de infraestructura penitenciaria. «Sin el presupuesto necesario, esto es letra muerta y una frustración colectiva», afirmó. En la misma línea, Martín Soria calificó la ley como «peor que el decreto de Videla», asegurando que viola principios jurídicos básicos.
Tensión en el recinto y el reclamo de las víctimas
La sesión tuvo momentos de alta sensibilidad cuando el oficialismo permitió el ingreso de familiares de víctimas de delitos cometidos por menores a los palcos. El senador Luis Juez defendió la medida cruzando al peronismo: «A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza. Si la plata es el problema, que las provincias dejen de gastar en publicidad».
Tras la aprobación, se realizó un minuto de silencio en memoria de las víctimas, un pedido de la senadora Bullrich que fue acompañado por todo el cuerpo legislativo de pie.
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Qué pasa con los menores de 14 años
Para los niños que cometan delitos y queden fuera de la edad de imputabilidad (menores de 14), la ley dispone la intervención de la justicia civil. Se aplicarán medidas curativas o protectoras y se dará intervención a equipos interdisciplinarios para abordar problemáticas de salud mental o consumo de sustancias.
Con la sanción del Senado, la ley queda ahora a la espera de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo y su posterior publicación en el Boletín Oficial para entrar en vigencia en todo el territorio nacional.
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Inflación, crecimiento y empleo: los tres datos que explican el momento económico
El último índice marcó un rebote y reabre el debate sobre el rumbo económico. Especialistas advierten que el problema no es solo de precios.
El último dato de inflación volvió a poner en discusión el rumbo económico y expuso una realidad más compleja que la evolución de los precios por sí sola.
Durante una entrevista en el programa Nada sucede dos veces por AM Cumbre 1400, el economista Javier Gutiérrez analizó el escenario actual y planteó que el problema debe leerse en conjunto con otras variables.
En diálogo con los periodistas, explicó que el contexto no solo muestra dificultades en la inflación, sino también en el crecimiento económico y el empleo.
Según indicó, la economía argentina enfrenta tres frentes críticos —precios, producción y empleo— que no logran alinearse en una recuperación sostenida.
Un rebote que cambia el escenario
El dato inflacionario reciente marca una interrupción en la tendencia de desaceleración que se venía observando.
A esto se suma una revisión a la baja en las proyecciones de crecimiento, que pasaron de niveles cercanos al 4 % a estimaciones en torno al 3,5 %.
Este ajuste impacta directamente en el empleo, que no crecería al ritmo esperado.
El límite de la desinflación
Uno de los puntos centrales del análisis es la dificultad para continuar bajando la inflación.
La experiencia internacional muestra que la reducción desde niveles muy altos es más rápida, pero el tramo final —llevarla a un dígito— es más lento y complejo.
Expectativas y realidad
El rol de las expectativas aparece como un factor determinante.
Las proyecciones optimistas pueden influir en el comportamiento económico, pero también generar frustración si no se cumplen.
Un modelo en debate
El enfoque actual se apoya en el ordenamiento fiscal y la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, el análisis advierte que ese esquema no alcanza por sí solo para generar crecimiento económico.
Crecimiento desigual
Algunos sectores, especialmente grandes empresas, lograron acceder a financiamiento en el mercado.
Pero ese flujo no se traslada de manera homogénea al conjunto de la economía, lo que profundiza diferencias entre sectores.
El desafío pendiente
El análisis plantea la necesidad de incorporar políticas que impulsen la producción y el empleo.
Sin una estrategia productiva, la economía corre el riesgo de estabilizarse sin resolver problemas estructurales.
Un escenario abierto
Con un contexto político que se encamina hacia un nuevo ciclo electoral, las decisiones económicas tendrán un margen de acción limitado.
La evolución de la inflación, el crecimiento y el empleo seguirá siendo clave para definir el rumbo en los próximos meses.
El desafío, según el análisis, no pasa solo por bajar los precios, sino por construir condiciones sostenibles de desarrollo económico.
La entrevista
Javier Gutiérrez, profesor de economía de la Universidad Nacional de Río Negro, analizó la evolución de la inflación, el crecimiento económico y los desafíos estructurales de la economía argentina.
—Pregunta: ¿Cómo se interpreta el último dato de inflación?
—Respuesta: Hay que mirarlo dentro de un contexto más amplio. No es solo el dato en sí, sino cómo se vincula con otras variables como el crecimiento económico y el empleo. La inflación mostró un rebote, pero al mismo tiempo las proyecciones de crecimiento bajaron, y eso impacta directamente en la generación de empleo.
—Pregunta: ¿Qué panorama general ve hoy en la economía?
—Respuesta: Yo siempre planteo que hay tres frentes clave para analizar: precios, producción y empleo. Hoy Argentina está complicada en los tres. La inflación no termina de consolidar una baja sostenida, el crecimiento es menor al esperado y eso implica que el empleo tampoco va a mejorar como se proyectaba.
—Pregunta: ¿Por qué cuesta tanto bajar la inflación?
—Respuesta: Si uno mira la experiencia internacional, bajar la inflación de niveles muy altos a dos dígitos puede ser relativamente rápido, pero llevarla de dos dígitos a uno solo es mucho más complejo. Es un proceso más largo y más difícil de lo que muchas veces se comunica.
—Pregunta: ¿Influye la comunicación del gobierno en ese proceso?
—Respuesta: Sí, porque genera expectativas. Si se plantea que la inflación va a caer rápidamente o que vienen los mejores meses de la economía, la gente construye expectativas en base a eso. Si después no se cumple, esa expectativa se rompe y puede generar efectos negativos en las decisiones económicas.
—Pregunta: ¿Qué está faltando en la estrategia económica?
—Respuesta: Falta una segunda etapa. El ordenamiento fiscal es una parte, pero no alcanza. Es necesario incorporar políticas que impulsen el crecimiento productivo, porque sin crecimiento no hay mejora en el empleo.
—Pregunta: ¿Hay un problema de modelo económico?
—Respuesta: Hay una orientación más financiera que productiva. El esquema apunta a ordenar variables macro, reducir el riesgo país y atraer inversiones, pero eso no necesariamente se traduce en desarrollo para todos los sectores.
—Pregunta: ¿Ese crecimiento está llegando a toda la economía?
—Respuesta: No. Hay sectores que sí acceden a financiamiento, como grandes empresas vinculadas a energía, pero ese acceso no llega a pequeñas empresas o trabajadores independientes. Eso genera una economía más segmentada.
—Pregunta: ¿Qué rol debería jugar el Estado?
—Respuesta: Debería incorporar una política industrial. No alcanza solo con el ajuste fiscal, se necesita una estrategia que impulse la producción y el empleo.
—Pregunta: ¿Hay margen de tiempo para estos cambios?
—Respuesta: El tiempo es limitado, porque los procesos electorales también influyen. Además, la experiencia muestra que estos procesos económicos son largos, no se resuelven en meses.
—Pregunta: ¿Qué escenario se abre hacia adelante?
—Respuesta: Uno de incertidumbre. Si no se incorporan nuevas herramientas para el crecimiento, el riesgo es que la economía se estabilice en niveles bajos de actividad sin resolver problemas estructurales.
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La Línea 102 llegará a las escuelas de Río Negro para reforzar la protección de infancias
El programa impulsado por la SENAF se implementará en instituciones educativas con el objetivo de brindar escucha, contención y acompañamiento ante situaciones de vulneración de derechos.
El Gobierno de Río Negro avanzará con la implementación de la Línea 102 en escuelas de toda la provincia, en una iniciativa que busca acercar a niñas, niños y adolescentes un canal directo de escucha, orientación y acompañamiento.
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La propuesta es impulsada por la SENAF en conjunto con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y apunta a fortalecer la prevención y generar espacios seguros dentro del ámbito escolar.
En ese marco, autoridades provinciales mantuvieron reuniones de trabajo para coordinar acciones que permitan desplegar el programa en los establecimientos educativos. En una primera etapa, la iniciativa estará dirigida a escuelas secundarias, con charlas, encuentros y capacitaciones destinadas tanto a estudiantes como a docentes y equipos de supervisión.
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Desde el área de protección de derechos destacaron que el objetivo es que los adolescentes conozcan la existencia de este recurso y puedan acceder a él en situaciones de vulnerabilidad, promoviendo entornos más seguros y acompañados.
Además, el plan incluye el abordaje de problemáticas como el acoso escolar, mediante actividades institucionales, espacios de diálogo y campañas de concientización.
Con esta medida, la provincia busca reforzar la presencia del Estado en el territorio y garantizar la protección integral de las infancias y adolescencias, promoviendo el acceso a derechos y el acompañamiento en contextos complejos.
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Por hacinamiento, ordenan habilitar el pabellón de máxima seguridad de la U11
La Justicia intimó al Ministerio de Seguridad a explicar por qué el sector inaugurado en 2025 sigue sin uso. También prohibió el ingreso de nuevos detenidos a la Comisaría 7.
La U11 de Senillosa.
La jueza de ejecución Raquel Gass ordenó al Ministerio de Seguridad que informe en un plazo de 10 días por qué aún no fue habilitado el pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención N°11 (U11), inaugurado en diciembre de 2025, en el marco de un habeas corpus presentado por detenidos alojados en la Comisaría 7.
La acción fue impulsada por diez condenados que denunciaron condiciones de hacinamiento en esa dependencia policial, donde —según plantearon— varios internos duermen en el piso y no cuentan con acceso a espacios de recreación ni a dispositivos educativos, a diferencia de lo que ocurre en unidades penitenciarias.
Ante esa situación, la magistrada resolvió además prohibir el ingreso de nuevos detenidos a la Comisaría 7, al advertir que la ampliación del cupo podría replicar reclamos similares en otras dependencias con condiciones equivalentes o más críticas.
En su resolución, Gass también requirió a la Fiscalía de Estado que, en un plazo de cinco días, informe el grado de cumplimiento de un acuerdo firmado en marzo de 2025 ante el juez de garantías Marco Lupica Cristo, vinculado a la situación carcelaria en la provincia.
En paralelo, la jueza ordenó que en un plazo de 30 días hábiles se complete la ocupación del pabellón de máxima seguridad de la U11, actualmente sin uso. “Cuando se inaugura algo es porque ya se puede utilizar, pero pasaron cuatro meses y sigue cerrado”, sostuvo.
Los argumentos
Desde la Fiscalía de Estado solicitaron la revisión de la medida y argumentaron que el pabellón no está operativo por la falta de habilitación del servicio de gas por parte de la empresa Camuzzi. Frente a esto, la magistrada requirió que se informe en detalle por qué no podría completarse ese trámite dentro del plazo fijado.
Asimismo, dispuso que tanto el Ministerio Público Fiscal como el Ministerio Público de la Defensa adopten las medidas necesarias en caso de incumplimiento de las órdenes judiciales.
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