La Justicia formuló cargos contra un hombre que protagonizó un violento episodio en el barrio 2 de Febrero. El imputado deberá cumplir estrictas medidas de restricción hasta el inicio del juicio.

Un ataque planificado en el barrio 2 de Febrero

El pasado 12 de abril, alrededor de las 21:00 horas, se vivió una situación de extrema tensión en una vivienda de Cipolletti. Según la acusación fiscal presentada en el Foro Penal, el imputado irrumpió en el domicilio de su expareja de manera violenta: ingresó por el techo de la propiedad sin ningún tipo de autorización.

Una vez dentro, el hombre se dirigió al dormitorio donde la víctima se encontraba durmiendo. Allí, la habría amenazado con un arma, iniciando una persecución por distintos sectores de la casa que generó un profundo temor en la mujer.

Destrozos y violencia de género

Antes de retirarse del lugar, el acusado descargó su violencia contra los bienes de la víctima. La fiscalía detalló que el hombre rompió un vidrio de la puerta de ingreso al domicilio y destrozó la luneta y un vidrio trasero de un vehículo que estaba estacionado en el garaje.

Debido al vínculo previo y las características del ataque, la fiscal del caso encuadró el hecho bajo la calificación de amenazas agravadas, violación de domicilio y daños, todo enmarcado en un contexto de violencia de género.

Medidas cautelares y vigilancia satelital

Durante la audiencia, la jueza de Garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y dispuso medidas de protección urgentes para la víctima. Dado que la defensa oficial no presentó objeciones a los hechos ni a la calificación legal, se establecieron restricciones para el imputado.

El acusado será monitoreado mediante una tobillera electrónica con control satelital para asegurar que no viole las restricciones. Además, se fijó la prohibición de acercamiento sin poder aproximarse a menos de 200 metros de la víctima ni de su domicilio.

También se estableció la restricción de contacto y cualquier tipo de comunicación con la mujer. Finalmente deberá presentarse de forma quincenal en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

La jueza habilitó un plazo de cuatro meses para la etapa penal preparatoria, tiempo durante el cual se recolectarán las pruebas finales antes de elevar la causa a juicio.

El ministro de Salud reconoció que la obra social atraviesa dificultades, pero buscó llevar tranquilidad en medio del conflicto con profesionales y proveedores.
En un contexto de tensiones y expectativas, el Ministerio de Economía de la Nación procedió a una transferencia financiero de $150 mil millones destinada al PAMI, el organismo encargado de garantizar los servicios de salud para jubilados y pensionados en Argentina. Esta medida resulta crucial frente al creciente malestar manifestado por diversas instituciones y profesionales del sector salud debido a las demoras en los pagos que han afectado a distintas prestadoras y al mismo tiempo, ha precipitado una significativa crisis en el sistema de atención al afiliado. Lee también: Restituyen la cobertura 100% en medicamentos de PAMI: quiénes pueden acceder Mario Lugones, al frente del Ministerio de Salud, proporcionó detalles sobre esta inyección de fondos durante su participación en las jornadas de la AmCham Summit 2026, destacando la importancia de esta acción para frenar un conflicto que amenaza con deteriorar más el servicio de salud «El PAMI está pagando, la plata llegó», declaró Lugones, quien reconoció que, si bien la entidad enfrenta grandes desafíos, el envío de estos recursos representa un paso necesario para normalizar las operaciones administrativas con sus proveedores.Mientras estos eventos se desarrollan, los médicos de cabecera del PAMI se anunciaron en huelga durante 72 horas, en repudio a las resoluciones recientes que, según argumentan, implican una disminución en sus honorarios y establecen primitivas condiciones de trabajo. La medida de fuerza busca revertir las normativas emanadas por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, sobre todo aquellas figuras en la Resolución RESOL-2026-1107, que alteraron el esquema compensatorio de los médicos dedicados a tiempo completo a atender a la población jubilada.El paro médico descentralizado está palpable en las distintas regiones del país, donde los reclamos no sólo pasan por la reivindicación económica, sino también por la protesta frente a un sistema informático plagado de inconvenientes. Los profesionales destacan la inviabilidad de ajustes que merman los montos salariales a un nivel que consideran indigno y poco sustentable dado el crecientemente alto costo de vida.El impacto de la huelga podría, sin embargo, estar parcialmente amortiguado dado los médicos han autorizado la atención a urgencias aun en contexto de paro. Sin embargo, las tensiones se toman de palabra y el conflicto postula la urgencia de una respuesta más integral por parte del gobierno federal para estructurar un esquema estable para los servicios de salud desarrollados por PAMI.

Se trata de un beneficio que se otorgó durante la pandemia y que quedó prolongado en el tiempo.La medida apunta a frenar el delito cibernético. Foto: archivo
En plena pandemia, el sistema carcelario de argentina incorporó la posibilidad de que los presos tengan celulares con acceso a internet. Y mientras algunas provincias van eliminando ese beneficio, Río Negro busca sumarse a partir de un proyecto de ley.Te puede interesar: Brindan detalles oficiales sobre el disturbio en el Penal 1La propuesta, que ingresó el legislador de Primero Río Negro, César Domínguez, apunta a la no tenencia ni tampoco al ingreso de los equipos por terceros. También la posibilidad de que los detenidos no tengan acceso al WIFI.La propuesta tiene como eje central desarticular la organización de delitos desde las celdas. ¿De qué manera? Implementando en su lugar un sistema estricto de comunicaciones institucionales controladas exclusivamente a través de telefonía fija.Dentro de los fundamentos, indicó que, ya pasada la pandemia, no tiene sustento jurídico ni fáctico. Asimismo, el autor subrayó: “No es un derecho vulnerado, constituye un arma que se usa para extorsionar, para estafar, para amenazar y hasta organizar secuestros”.Será el Ministerio de Seguridad y Justicia quien se encargue del bloqueo e inhibición de toda señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios. Establece que las comunicaciones de los internos estarán restringidas a horarios específicos, durarán un máximo de cinco minutos y estarán mediadas por una operadora.El antecedenteLa Legislatura del Chubut aprobó por amplia mayoría, en la sesión del jueves 9 de abril, la ley que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de ciudadanos privados de la libertad en los establecimientos penitenciarios de la provincia.La iniciativa armoniza con la ley nacional vigente y tiene como objetivo proteger la seguridad pública y prevenir los delitos, como estafas y extorsiones, que se cometen desde las cárceles.La ley prohíbe el uso de celulares en todos los establecimientos penitenciarios de Chubut, y, al mismo tiempo, introduce un régimen de comunicaciones controladas que garantizan el derecho a la comunicación respetando los derechos humanos.