Buenos Aires fue seleccionada para formar parte del programa internacional eBRT2030, una iniciativa financiada por la Unión Europea que busca acelerar la transición hacia sistemas de transporte público eléctrico más eficientes, conectados y sustentables.

El proyecto reúne a distintas ciudades del mundo en un esquema de cooperación internacional orientado a desarrollar soluciones tecnológicas aplicadas a la movilidad urbana, con foco en la reducción de emisiones, la digitalización del servicio y la mejora de la eficiencia operativa.

La Ciudad de Buenos Aires fue incorporada junto con Ciudad del Cabo, Curitiba y Kigali, tras un proceso de selección internacional en el que participaron 25 ciudades, y pasó a integrar el denominado International Cluster City, un grupo de ciudades piloto del programa.

La implementación local se realizará a través del trabajo conjunto con el organismo internacional Urban Electric Mobility Initiative (UEMI), encargado de articular la ejecución técnica de las iniciativas en las ciudades seleccionadas.

En ese marco, la Ciudad avanzará con dos desarrollos principales vinculados a la gestión energética del sistema de colectivos eléctricos.

Por un lado, se implementará un sistema de carga inteligente (smart charging), que permitirá organizar la recarga de la flota en función de la demanda del servicio, la disponibilidad de la red eléctrica y los costos de la energía. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa, evitar picos de consumo y optimizar el uso de la infraestructura existente.

Por otro lado, se realizarán estudios de factibilidad para la incorporación de sistemas de almacenamiento energético mediante baterías (BESS) en estaciones de carga. Estas soluciones permitirán acumular energía en momentos de menor demanda y utilizarla en horarios pico o como respaldo ante interrupciones del suministro. También se evaluará la integración de energías renovables, como la solar, en la infraestructura de carga.

Como parte del programa, Buenos Aires recibirá una subvención de 120.000 euros destinada al desarrollo de estas iniciativas, que serán ejecutadas por equipos técnicos del área de movilidad y planificación del Gobierno porteño.

Con esta participación, la Ciudad busca avanzar no solo en la incorporación de colectivos eléctricos, sino también en la gestión inteligente de la energía asociada a su operación, un componente clave para la expansión de la electromovilidad urbana.

En una semana sin sesiones, oficialismo y oposición miden fuerzas con agendas contrapuestas. En el Senado, La Libertad Avanza retomó el debate del proyecto del Gobierno sobre inviolabilidad de la propiedad privada, mientras que en la Cámara de Diputados distintos bloques comienzan a unificar un proyecto para aliviar a familias sobreendeudadas con tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, busca acuerdos con las bancadas dialoguistas para dictaminar la semana próxima y votar la siguiente el proyecto de propiedad privada del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que introduce cambios en venta de tierras, expropiaciones, desalojos, uso de terrenos incendiados y tenencia de propiedades en barrios populares.

La discusión se reanudó este miércoles en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde expusieron invitados críticos del proyecto.

Uno de los puntos más cuestionados fue la eliminación de los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de privados extranjeros. Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras integrado por investigadores del CONICET y la UBA, advirtió que más de 13 millones de hectáreas están actualmente en manos extranjeras, una cifra que representa el 4,97% de la superficie nacional.

Si bien el porcentaje está lejos del límite vigente, que es del 15%, el especialista alertó que el problema es “la concentración en regiones específicas” donde las tierras tienen un valor productivo, ambiental o hasta geopolítico.

La ministra de Ambiente de Buenos Aires, Daniela Vilar, subió la apuesta y denunció que la ley también permitirá “entregar nuestros ríos, lagos y acuíferos” con la derogación de artículos vigentes. “Vamos a poner en venta el acceso al agua de los argentinos. Complementado con la Ley de Glaciares, el escenario es catastrófico”, lamentó.

Vilar, funcionaria de Axel Kicillof, sostuvo que “una cosa es la inversión productiva y otra cosa es la propiedad del suelo. No se necesita ser dueño de la tierra para realizar una inversión”. De esa manera salió al cruce de Sturzenegger, quien aseguró ante los senadores que el objetivo de la propuesta es atraer inversiones privadas.

El capítulo vinculado a los desalojos también fue cuestionado. Según señaló Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, se habilita un “desalojo ultra exprés” donde “si te atrasás con el pago de alquiler, te desalojan de inmediato”. Algo preocupante en un contexto donde, indicó, los precios de los alquileres se disparan y muchas empresas pagan salarios en cuotas.  

Desendeudamiento familiar

En la Cámara de Diputados, la oposición puso en debate una veintena de proyectos que prestan auxilio a las familias que se sobreendeudan para gastos básicos de consumo. La intención de diputados de Unión por la Patria, el interbloque Unidos, Innovación Federal y la monobloquista Marcela Pagano es unificar una iniciativa que genere un esquema de refinanciación de las deudas.

Según un informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) basado en datos del Banco Central, para las familias el ratio de irregularidad en el crédito al sector privado se cuadriplicó entre noviembre de 2023 y enero de 2026, pasando del 2,7% al 10,6%. En ese mismo período, la irregularidad en tarjetas de crédito creció un 566%.

La morosidad en entidades financieras (bancos) es del 11,2%, mientras que en entidades no financieras (billeteras virtuales) trepa al 29,9%. En total, se registran 4,8 millones de personas con mora superior a tres meses: son 1,5 millones más con respecto a febrero de 2024, cuando recién iniciaba la gestión de Javier Milei. Es decir, un aumento del 45% en apenas dos años.

Estos y otros datos fueron puestos sobre la mesa en una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el diputado y sindicalista Hugo Yasky (Unión por la Patria). Allí se realizó una primera ronda de invitados y se acordó concretar una segunda con más expositores, mientras los bloques trabajan para consensuar un único proyecto.  

El líder de Unión por la Patria, Germán Martínez, llamó a avanzar con celeridad. “Es un tema que genera angustia a miles de personas con nombre y apellido. Hay que salir del Excel, no es una cuestión solo de números”, dijo. Además, marcó un contrapunto con el Gobierno al denunciar que con la Ley de Inocencia Fiscal “le perdonaron las deudas a todos”.

La Libertad Avanza rechazó avanzar en una ley como la que propone la oposición. El cordobés Marcos Patiño Brizuela, integrante de la comisión, consideró que el camino es avanzar con un nuevo Código de Defensa del Consumidor que contemple, por ejemplo, la categoría de consumidores “hipervulnerables”. Recordó que hay proyectos presentados desde 2019 en ese sentido.

No obstante, el kirchnerismo marcó una fuerte presión. “En los barrios populares la gente se endeuda con los prestamistas que muchas veces terminan siendo los mismos transas de los barrios”, blanqueó la diputada Natalia Zaracho, del ala de Juan Grabois. “Las tarjetas se utilizaban como un instrumento financiero para pagar un inmuebles o vacaciones; hoy se usan para pagar comida en cuotas”, alertó la fueguina Andrea Freites.

La ex oficialista Pagano también defendió la ley y responsabilizó al Gobierno por la crisis en las finanzas familiares: “No se trata de responsabilidad individual: esta es la consecuencia de un modelo económico que los empuja a endeudarse para sobrevivir y llegar a fin de mes, tomando créditos a tasas que no se pueden sostener porque ningún salario puede explicar el repago de esas tasas”.

Corresponsalía Buenos Aires.

En línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 29 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), entre ellas su extitular, ya procesado, Diego Spagnuolo.

Corrupción en Andis: amplían indagatorias

Las indagatorias se llevarán adelante entre el 28 de abril y el 26 de mayo. La lista incluye la ampliación de las declaraciones de cinco personas procesadas en la causa, como Spagnuolo; el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini y Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Además, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—“, sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

Las maniobras implicaron salidas de dinero por más de $75.000 millones provenientes del erario público que tuvieron como destino los bolsillos de un reducido grupo empresarial.

NA