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Un cirujano operó sin permiso a su esposa y enfrenta un grave juicio en Regina
La cirugía se hizo en el hospital público, por fuera de todo registro. El profesional pagó unos seis millones de pesos, pero no frena la investigación penal.
La audiencia donde se investigó el caso y se decidió la investigación penal, este martes. Foto: LCR Diario Digital/archivo
En Villa Regina, donde el hospital público no es solo un edificio sino un refugio cotidiano para miles de familias, la confianza es un bien tan valioso como cualquier insumo médico. Por eso el caso que esta semana avanzó en la Justicia no se reduce a un expediente: interpela el corazón mismo de la ética profesional.
El equipo fiscal local, junto a la Fiscalía de Estado de Río Negro como querellante, imputó al cirujano que en enero de 2025 realizó una intervención quirúrgica de carácter estético a su esposa dentro del Hospital Área Programa de la ciudad. Según la acusación, la práctica se llevó a cabo sin orden médica registrada ni habilitación administrativa, utilizando instalaciones, insumos y personal destinados al servicio público.
Investigación penal
El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y dispuso cuatro meses de investigación penal preparatoria. El cirujano quedó imputado como autor de peculado de servicios; el anestesista, la ayudante quirúrgica y la mujer intervenida como partícipes necesarios; y tres enfermeras como partícipes secundarias.
Pero más allá de la calificación legal, el eje que atraviesa el caso es ético. La fiscalía sostiene que la intervención fue decidida, dirigida y ejecutada por el profesional en beneficio personal, al margen del sistema regular de atención hospitalaria. Es decir: el mismo médico que tenía bajo su responsabilidad el cuidado de la salud pública habría dispuesto de recursos estatales para un interés privado.
En ciudades intermedias del Alto Valle, donde los vínculos son cercanos y la reputación profesional se construye cara a cara, ese límite —el que separa lo público de lo personal— es especialmente delicado. El hospital es el lugar al que acuden quienes no tienen otra alternativa, quienes esperan una cirugía programada durante meses o quienes atraviesan una urgencia inesperada. Cada quirófano, cada turno, cada insumo tiene un destino social.
La investigación judicial se apoya en la denuncia penal presentada por el director del hospital junto con la Fiscalía de Estado, además de documentación interna como libros de guardia y quirófano, historia clínica, protocolo del servicio y otras constancias administrativas.
Pago de 6 millones de pesos
En paralelo, la Fiscalía de Estado informó que aceptó una reparación económica ofrecida por el cirujano, tras determinar que el perjuicio patrimonial al Estado Provincial ascendía a más de seis millones de pesos, monto que ya fue transferido. Sin embargo, el organismo dejó en claro que la reparación económica no cierra el debate penal: el daño patrimonial puede ser compensado, pero la eventual responsabilidad por el delito deberá resolverse en los tribunales.
En el trasfondo del proceso judicial subyace una pregunta que excede a los protagonistas: ¿qué ocurre cuando quien debe custodiar lo público lo utiliza para sí? En tiempos en que el sistema de salud enfrenta demandas crecientes y recursos limitados, el impacto social de estas decisiones no se mide solo en dinero, sino en credibilidad.
