La Justicia decretó la quiebra de una histórica cadena de electrodomésticos

La Justicia Comercial decretó la quiebra de la cadena de electrodomésticos Garbarino luego de que fracasara el proceso de salvataje que buscaba evitar la liquidación de la empresa. La decisión fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D’Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N°7.

El magistrado resolvió cerrar el concurso preventivo iniciado en 2021 al constatar que la compañía no logró reunir las mayorías necesarias entre los acreedores para aprobar un acuerdo de reestructuración. Tampoco prosperó la instancia de cramdown o salvataje, mecanismo que permite a terceros presentar propuestas para asumir el control de la firma.

En el expediente se registró un único interesado en el proceso, la sociedad financiera Vlinder, que se había inscripto en el registro de salvataje. Sin embargo, esa empresa no presentó una propuesta formal para reestructurar la compañía. Ante la falta de ofertas y la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con acreedores, el juez aplicó lo previsto en los artículos 48 y 77 de la Ley de Concursos y Quiebras y dispuso la apertura del proceso falencial.

Con la quiebra, la empresa quedó desapoderada de la administración de sus bienes, que pasan a quedar bajo control de la sindicatura designada por el tribunal. A partir de ahora se iniciará el proceso de identificación y eventual liquidación de los activos disponibles para intentar cancelar parte del pasivo.

La resolución dispuso mantener la inhibición general de bienes y ordenó notificar a distintos registros públicos, entre ellos los de propiedad inmueble, automotor y marcas, para identificar activos que puedan integrar la masa de la quiebra. El tribunal también extendió las medidas a la provincia de Tierra del Fuego por la participación accionaria de Garbarino en las sociedades industriales Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., vinculadas a la producción electrónica en esa provincia.

Además, el juez inhabilitó a los directivos de la empresa, entre ellos el presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales. Los tres no podrán ejercer el comercio durante el plazo previsto por la legislación concursal y deberán cumplir una prohibición de salida del país que regirá al menos hasta octubre de 2026, fecha en la que la sindicatura deberá presentar su informe general.

En paralelo, el juzgado ordenó cerrar las cuentas bancarias abiertas durante el concurso preventivo en el BBVA y transferir cualquier saldo al expediente judicial. También dispuso prohibir cualquier pago o entrega de bienes a la empresa sin autorización de la sindicatura.

La resolución incluyó además medidas sobre los últimos locales que seguían vinculados a la firma. El tribunal ordenó constatar e inventariar los establecimientos ubicados en la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano; en la calle Uruguay, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires; y un outlet en el barrio de Almagro. La sindicatura quedó facultada incluso para solicitar allanamientos y fuerza pública para asegurar los bienes existentes en esos puntos de venta.

El fallo también abrió el proceso de verificación de créditos, mediante el cual acreedores —entre ellos bancos, proveedores y exempleados— deberán presentar sus reclamos para determinar el pasivo definitivo de la quiebra. El plazo para iniciar ese trámite vencerá el 24 de junio de 2026, mientras que los informes de la sindicatura se presentarán entre agosto y octubre.

La histórica cadena

La resolución judicial cierra el proceso de deterioro de una de las cadenas más conocidas del comercio minorista argentino. Garbarino fue fundada en 1951 y durante décadas ocupó un lugar central en el mercado de electrodomésticos, con más de 300 sucursales en todo el país y miles de trabajadores.

En su etapa de mayor expansión llegó a concentrar cerca del 30% del mercado y desarrolló negocios asociados como Compumundo y Garbarino Viajes, además de participaciones en plantas industriales de Tierra del Fuego.

Sin embargo, problemas financieros, caída del consumo y cambios en el comercio minorista deterioraron su estructura. La venta de la empresa en 2020 al empresario Carlos Rosales, quien anunció un plan de rescate, no logró revertir la crisis.

Los informes incorporados al expediente indicaban que la compañía había reducido su operación a menos de 20 empleados, tres locales activos y ventas mensuales mínimas, sin capacidad financiera para sostener su actividad.

Con la quiebra ya decretada, comienza ahora la etapa de liquidación judicial, en la que se buscará identificar y vender los activos disponibles para intentar satisfacer, al menos parcialmente, las deudas con acreedores. Con esa decisión, la histórica marca queda formalmente fuera del mercado.