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Política

Pasa del Poder Ejecutivo a manejar los sumarios a jueces y fiscales de Neuquén: quién es la nueva Auditora General

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El Tribunal Superior de Justicia eligió a Rocío Aylén Martín Aimar como Auditora General del Poder Judicial. Desde ese lugar instruirá los sumarios administrativos a magistrados y funcionarios; controlará la gestión interna de los organismos y revisará «el cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas recomendadas».

El poder que tendrá Martín Aimar sintoniza con su carrera dentro del Estado. Viene de ser secretaria Legal y Técnica de la gobernación, es decir, la persona que revisa todos los decretos antes de que los firme Rolando Figueroa. También fue representante del Poder Ejecutivo en la comisión interpoderes encargada de la reforma procesal civil.

Fue prosecretaria y secretaria de Cámara de la Legislatura en la época del vicegobernador Marcos Koopmann (2019-2023), y en sus comienzos trabajó en la fiscalía de Estado junto a Alejo Bolan Reina, uno de los hombres más influyentes en el Poder Judicial.

La relación con Bolan Reina y la fiscalía de Estado

En un breve diálogo con diario RÍO NEGRO, Martín Aimar dijo que considera incorrecto que la vinculen con Bolan Reina porque «hace muchos años que ya no trabajo en la fiscalía de Estado».

La flamante funcionaria, hermana del fiscal de Delitos Juveniles Germán Martín, también fue consejera suplente en el Consejo de la Magistratura por el Movimiento Popular Neuquino. En 2021 estuvo a punto de asumir en reemplazo de Claudio Domínguez, pero prefirió quedarse como secretaria legislativa.

Cómo fue la selección

Fue elegida Auditora en el concurso abierto del que participaron otras siete personas. La entrevistaron el presidente del Tribunal, Gustavo Mazieres, la vocal María Soledad Gennari y el vocal Evaldo Moya. En tanto Germán Busamia se excusó por amistad con los competidores, y Alfredo Elosu Larumbe estuvo ausente.

La conclusión de los vocales fue que «la persona seleccionada acredita solvencia técnica y práctica suficientes para asumir las responsabilidades inherentes al cargo, evidenciando idoneidad para el ejercicio de funciones de conducción con criterio proactivo, así como aptitud para la implementación y supervisión de las políticas institucionales que defina este Tribunal Superior de Justicia, tratándose de un cargo de especial relevancia para el adecuado funcionamiento del sistema de control interno».

Martín Aimar «es quien mejor responde a los requerimientos del perfil concursado, acreditando conocimientos académicos y experiencia específica en materia de auditoría, con trayectoria en funciones vinculadas al control, demostrando compromiso, formación y aptitudes suficientes para asumir las responsabilidades propias del cargo».

La abogada, matriculada desde 2012, tendrá una categoría MF2, la más alta del Poder Judicial (salvo los vocales del TSJ) equivalente a camarista o fiscal jefe. El cargo que ocupa estaba vacante.

«Instruir sumarios» y «control de gestión»

Entre sus funciones figuran «instruir o hacer instruir los sumarios administrativos e informaciones sumarias que ordene el Tribunal Superior de Justicia y su Presidencia»; controlar «la gestión interna de los organismos del Poder Judicial, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, con excepción del Tribunal Superior de Justicia, sus Ministerios Públicos y sus secretarías».

Además tiene a su cargo «ejecutar los planes de auditoría aprobados» y «realizar la verificación periódica del cumplimiento de las acciones correctivas y/o preventivas recomendadas en los informes finales que hayan sido aprobados por el Tribunal Superior de Justicia».

Fuertes, secretario de Superintendencia

El Tribunal Superior de Justicia eligió, por motivos similares, a Manuel José Fuertes como ganador del concurso para secretario de Superintendencia, otro puesto estratégico en el equipo de gobierno del Poder Judicial.

Fuertes, actual director de Justicia de Paz y exdiputado provincial, tenía muchas posibilidades de ganar, como anticipó este diario.

Ocupaba el cargo en forma interina desde febrero del 2025, cuando Mazieres llegó a la primera presidencia (ahora transita por la segunda) en reemplazo de Claudia Valero, quien a su vez fue a la Auditoría General hasta su jubilación.

Las funciones

Es un puesto de tal relevancia que se lo equipara con un ministro de Gobierno. Tiene asignadas, entre otras funciones, «planificar, coordinar y ejecutar la gestión administrativa e institucional del Poder Judicial, garantizando el cumplimiento de acuerdos, decretos y políticas del Tribunal Superior de Justicia, optimizando procesos, registros y relaciones institucionales para contribuir a la eficiencia y calidad del servicio judicial».

Además debe «trabajar de manera coordinada con el resto de los organismos del Poder Judicial, para lograr los objetivos estratégicos definidos» y «concertar y atender las relaciones institucionales del área de su competencia ante organismos dependientes de otros poderes del Estado y personas físicas o jurídicas, públicas o privadas».

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Política

Chevron expande su participación en el petróleo venezolano en un nuevo acuerdo de mutuo beneficio

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Chevron Corporation (NYSE:CVX) anunció que, a través de sus filiales con intereses en Venezuela, ha acordado un intercambio de activos con Petróleos de Venezuela, S. A. («PDVSA») y las filiales de PDVSA en un acuerdo mutuamente beneficioso que consolida el enfoque de todas las partes en los activos  estratégicos del país.

Bajo el acuerdo, Chevron recibirá 13,21% adicional de participación en la empresa mixta Petroindependencia, S.A., aumentando su participación total al 49%. Además, la empresa mixta Petropiar, S.A., en la cual la filial de Chevron posee 30% de participación, ha recibido los derechos para desarrollar el bloque Ayacucho 8 situado en la Faja Petrolífera del Orinoco en Venezuela.

Venezuela recibirá de las filiales de Chevron sus participaciones operadas del 60% y 100% en las licencias de los activos de gas costa afuera Plataforma Deltana Bloque 2 y  Bloque 3, respectivamente, y su participación no operada del 25,2% en la empresa mixta Petroindependiente, S.A. situada en el oeste de Venezuela.

«Este acuerdo amplía la posición de Chevron en la producción de crudo pesado en dos empresas mixtas clave en Venezuela, y refleja nuestro desarrollo disciplinado de los importantes recursos del país. Ayacucho 8 es un campo en producción muy cercano a Petropiar, lo que mejora el desarrollo eficiente«, afirmó Javier La Rosa, presidente de la unidad de Activos Base y Países Emergentes de Chevron. 

«Este intercambio de activos supone otro paso importante en la larga historia de Chevron en Venezuela, y refuerza nuestro rol en el apoyo a la seguridad energética regional», sostuvo. 

Chevron es una de las principales empresas energéticas de Venezuela, con una presencia que se remonta a 1923. Petroindependencia y Petropiar operan petróleo extrapesado en proyectos en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Chevron tiene una amplia presencia de producción y exploración en toda América Latina, con operaciones activas que abarcan activos convencionales, no convencionales y aguas afuera. La empresa produce petróleo y gas en países clave como Argentina, Guyana y Venezuela, apoyados por activos operados y no operados. 

En paralelo, Chevron mantiene una sólida cartera de exploración con unos 35 bloques activos en Brasil, Surinam, Uruguay y Perú, posicionando a la empresa para un crecimiento a largo plazo mientras mantiene una mezcla equilibrada de producción y oportunidades futuras en toda la región.

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Política

«Fue una chiquilinada» dijo el juez que abandonó la audiencia tras maltratar a una defensora

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“Fue una chiquilinada, en efecto le falté respeto a todos los que estaban en la audiencia, inclusive a la doctora Delgado». Así lo expresó el juez federal de Roca, Hugo Horacio Greca, para referirse al episodio que ocurrió el 10 de septiembre del año pasado cuando abandonó la audiencia que dirigía, disgustado porque la defensora oficial Celia Delgado le había pedido un cuarto intermedio de cinco minutos.

Como informó diario RÍO NEGRO en esa oportunidad, Greca abandonó la audiencia por 18 minutos sin haber dispuesto un cuarto intermedio. Amenazó con expulsar a la defensora Delgado de la sala, se fue él, regresó, e hizo un discurso amenazante hacia la abogada, quien lo denunció.

La jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, le impuso a Greca una prohibición de dirigir audiencias en las que Delgado interviniera como defensora. Tras un período de armonía la situación se repitió el 19 de marzo último, y otra vez dictaron una cautelar que incluyó prohibición de acercamiento.

Ahora todas las actuaciones fueron elevadas al Consejo de la Magistratura de la Nación, que tiene facultades para revisar y eventualmente sancionar a los jueces federales.

«Voy a tener que pedir disculpas»

Según pudo saber este diario, en octubre Greca se presentó ante la jueza Pandolfi para hacer su descargo por el incidente de septiembre del 25: “En definitiva, la verdad, no deja de ser una chiquilinada eso de levantarme, porque el que tiene que dar coherencia en estas circunstancias es el juez y no las partes, así que en definitiva voy a tener que pedir disculpas a todos los que estaban presentes, público, fiscales y defensoras».

Luego se realizó una especie de audiencia de conciliación a la que asistieron Greca y Delgado, pero se interrumpió cuando el juez «decidió irse para atender compromisos contraídos con anterioridad».

La negociación se reanudó a su regreso y en un tramo de su intervención Greca le dijo a la jueza Pandolfi: «Yo me veo mucho en usted a veces, en esa personalidad inquisitiva (…) Somos muy parecidos en personalidad y además la vez anterior que usted me interrumpió, yo le digo una cosa, yo le interrumpo a la doctora Delgado y cuando usted me interrumpió me sentí como yo la trataba a la doctora Delgado en esa condición y no me gustó para nada (…) Es inevitable que uno vea la realidad ajena en la propia (…) Son cosas que voy a ir modificando (…) Es una enseñanza ver lo que le pasa a los ajenos».

El nuevo episodio

Pero meses después sucedió el nuevo incidente, y la defensora Delgado lo denunció por violencia de género.

Greca, sobre el particular, respondió: «No son hechos de maltrato los que se denuncian, sino una serie de sentimientos que a la letrada le generan las decisiones adversas a sus requerimientos jurídicos o posicionamientos procesales». También dijo que a la jueza Pandolfi la colocaban en el rol de «policía moral».

«Lamento profundamente que el Dr. Greca se sienta amenazado -respondió Pandolfi- por el ejercicio sincero e intelectualmente honesto que procuro hacer de mis facultades jurisdiccionales. Fui llamada a intervenir en un conflicto delicado tanto en su dimensión institucional como humana. Intento hacerlo con toda la prudencia y equilibrio que la situación amerita».

«Ridiculización»

La magistrada aclaró que no valoraba los fundamentos de las decisiones del juez en las audiencias, «sino la ridiculización a la que la somete a la defensora». Añadió que Greca «tiene derecho a apreciar que un planteo de la defensa fue formulado de mala fe», pero «no tiene derecho a sermonear a quien lo formula, pues incurre en violencia psicológica».

«No es, como sostiene el denunciado (Greca), el sentido de las decisiones que adopta lo que le provoca a Delgado el daño emocional, sino el modo en que ellas son transmitidas y las descalificaciones hacia su tarea profesional con que son acompañados sus fundamentos, configurativo de la violencia psicológica contemplada por el artículos 5 inciso 2 de la ley 26.485″ de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Pandolfi también lo cuestionó porque en una audiencia en la que la defensora Delgado se descompensó «el juez en ningún momento (al menos mientras se mantuvo activa la grabación) le ofreció auxilio o asistencia de ningún tipo ni se preocupó para que la obtuviera por parte de ningún funcionario de la oficina judicial».

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Política

Fullone cruzó a Weretilneck y pidió un cambio de rumbo urgente en Río Negro

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El Senador nacional Enzo Fullone cuestionó la gestión provincial tras su participación en el AmCham Summit 2026 y apuntó contra el gobernador Alberto Weretilneck por la falta de medidas para reducir el gasto estatal.

Fullone asistió al encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, donde se desarrollaron exposiciones de funcionarios nacionales y provinciales. En ese marco, planteó que existe una contradicción entre el respaldo político a las políticas del Gobierno nacional y la falta de acciones concretas en la provincia.

“En el actual contexto nacional, donde se impulsan medidas orientadas a la modernización económica, la reducción de impuestos y el desarrollo productivo, resulta contradictorio observar la falta de acciones concretas a nivel provincial para acompañar este proceso”, sostuvo.

Fullone remarcó que, si bien Weretilneck ha apoyado públicamente iniciativas del Ejecutivo nacional, “en la práctica no se evidencia un esfuerzo en Río Negro para reducir el elevado gasto estatal que afecta las finanzas provinciales”.

Críticas al gasto público y a la presión impositiva por parte del Gobierno provincial

El senador también cuestionó la falta de medidas para aliviar la carga tributaria sobre el sector privado. En particular, señaló que no se avanzó en la reducción del impuesto a los Ingresos Brutos, al que consideró clave para incentivar la inversión y el empleo.

“No se han impulsado medidas para aliviar la carga impositiva sobre comerciantes, emprendedores y empresarios”, afirmó.

En esa línea, advirtió que el crecimiento del aparato estatal y el uso ineficiente de los recursos públicos pueden limitar el potencial de desarrollo de la provincia, incluso en un contexto favorable por el impulso del sector energético.

Proyección política hacia 2027

Fullone también proyectó un cambio político en Río Negro de cara a las próximas elecciones. “La provincia en 2027 va a cambiar de rumbo”, aseguró, al señalar que La Libertad Avanza buscará gobernar el distrito.

“El desafío es avanzar en reformas en empleo público, política fiscal y áreas esenciales como salud, educación y seguridad. Para lograrlo, es indispensable contar con voluntad política y una firme convicción de transformar el Estado”, concluyó.

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