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Caso Loan: Casación cerró la última puerta recursiva y el juicio oral ya es inevitable

El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña acaba de atravesar un punto de inflexión procesal. La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y Mariano Hernán Borinsky, rechazó el recurso presentado por la defensa de Antonio Benítez, tío del niño y uno de los principales imputados en la causa. La resolución tiene un significado que excede el plano técnico. En causas de alta complejidad, el sistema recursivo puede cumplir dos funciones opuestas: proteger garantías o paralizar procesos. Cuando los recursos se utilizan como instrumentos de defensa legítima, fortalecen el Estado de Derecho. Pero cuando se transforman en una cadena sucesiva de impugnaciones destinadas a fragmentar el expediente, el proceso penal corre el riesgo de quedar atrapado en un laberinto procedimental. Eso es lo que la Casación decidió evitar.
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La defensa de Benítez había interpuesto un recurso para cuestionar una decisión procesal vinculada al avance del expediente hacia la etapa de juicio oral. El planteo pretendía que la Cámara Federal de Casación Penal revisara esa resolución y suspendiera su efecto, lo que en los hechos hubiera significado interrumpir o retrasar el camino hacia el debate oral y público. La Sala III analizó el planteo y concluyó que el recurso no reunía los requisitos exigidos por el ordenamiento procesal. El fundamento central de la decisión responde a una doctrina estable del derecho procesal penal argentino: la instancia casatoria sólo se habilita frente a sentencias definitivas o resoluciones equiparables que produzcan un gravamen irreparable. En otras palabras, la Casación no interviene para revisar cada decisión que se dicta dentro de un expediente en trámite. Caso Loan: ¿Por qué el silencio puede ser la estrategia más segura para los acusados? En este caso, la resolución impugnada no ponía fin al proceso, no impedía su continuación y tampoco generaba un perjuicio constitucional irreversible. Se trataba de una decisión de trámite dentro de la dinámica normal del procedimiento. Por esa razón, el tribunal declaró inadmisible la queja. El razonamiento es sencillo pero jurídicamente contundente: la Casación no es una tercera instancia para reabrir discusiones procesales ya resueltas, sino un mecanismo excepcional destinado a controlar violaciones constitucionales concretas y verificables. De haber prosperado el planteo defensivo, el expediente habría quedado nuevamente atrapado en una discusión recursiva que podía impactar directamente en el cronograma del juicio oral. La resolución de la Sala III evitó ese escenario y reafirmó el principio de racionalidad procesal, indispensable para que los procesos penales complejos puedan avanzar hacia su etapa natural de resolución: el debate público ante un tribunal. Este momento procesal tampoco puede comprenderse sin recordar el trabajo que permitió que la causa llegara a esta instancia. La investigación fue impulsada en la primera etapa por los fiscales Mariano De Guzmán, junto con la intervención especializada de PROTEX, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, en coordinación con la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, quien condujo la instrucción de una causa que desde su inicio estuvo marcada por su complejidad, su sensibilidad social y el enorme volumen de información generado. Durante meses de investigación se analizaron comunicaciones, movimientos, testimonios y múltiples líneas investigativas, lo que permitió reunir un conjunto de pruebas que finalmente condujo al procesamiento de los imputados y a la elevación del caso a juicio oral. Ese camino institucional es el que ahora continúa. El juicio oral y público estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes, con la intervención del fiscal Carlos Schaefer y de la fiscal Tamara Pourcel, quienes tendrán la responsabilidad de sostener la acusación en el debate. Será allí, en el escenario del juicio oral, donde las pruebas deberán ser discutidas públicamente, donde las defensas ejercerán plenamente su derecho de contradicción y donde el tribunal deberá determinar las responsabilidades penales correspondientes. Pero el proceso no se agota en el juicio. Caso Loan, cuando el reloj corre contra el Estado: plazo razonable y deber reforzado de protección al menor Mientras avanza el camino hacia el debate oral, la investigación sobre el paradero de Loan continúa abierta en el legajo 92, que permanece bajo la órbita del Juzgado Federal. Esto responde a una característica jurídica fundamental del caso: la desaparición de un menor constituye un delito de carácter permanente, lo que significa que el hecho delictivo continúa desarrollándose mientras no se conozca el destino de la víctima. En términos jurídicos, el delito sigue en curso. Por esa razón, el Estado mantiene una doble obligación: juzgar los hechos investigados y continuar la búsqueda del niño. En este contexto, la resolución de la Casación adquiere un significado institucional claro. El tribunal reafirmó que las garantías procesales deben respetarse plenamente, pero también recordó que el sistema recursivo no puede convertirse en un mecanismo capaz de desarticular o paralizar el avance del proceso penal. El expediente avanza hacia una etapa decisiva. Y en ese escenario, no puede descartarse que el propio desarrollo del juicio oral produzca movimientos internos dentro del caso. Los procesos penales por hechos complejos suelen revelar, en el momento del debate público, tensiones que permanecieron ocultas durante la investigación. En ese punto, muchos observadores del proceso consideran posible que el pacto de silencio que hasta ahora rodea al caso comience a resquebrajarse cuando las pruebas sean expuestas ante el tribunal. Por ahora, lo que está claro es otra cosa. A pesar de los intentos recursivos y de los múltiples planteos defensivos, el proceso judicial por la desaparición de Loan no se detuvo. La decisión de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme un principio básico del derecho procesal: los recursos existen para garantizar derechos, no para bloquear el funcionamiento del proceso. Y con esa definición jurídica, el expediente continúa avanzando hacia el juicio oral que deberá comenzar en Corrientes, lo antes posible, y sin perder el próximo 13 de junio, que sería el día ideal para realizar la reconstrucción de los hechos solicitada reiteradamente por la querella. La imagen de Loan que interpela al derecho (y a la conciencia) Por lo menos los padres de Loan, ha puesto a disposición la fuerza y energía propia y de su equipo de abogados, para comenzar a trabajar en el juicio oral de inmediato durante 60 días corridos, sin sábados ni domingos ni feriados. Así se avanza y termina. Es un plazo razonable para terminar un juicio complejo. Es un plazo razonable para que los imputados quiebren ese pacto de silencio cruel y brutal que mantienen. Sesenta días, sin parar de trabajar, ponen fin a uno de los juicios más dolorosos sobre niños que se haya conocido en nuestro país. El Ministerio Público Fiscal, acompaña siempre. La exhortación al Tribunal futuro está hecha, solo resta la voluntad y obviamente las posibilidades fácticas y reales de poder realizarlo. Loan se lo merece. Un juicio que, más allá de las responsabilidades penales que determine, tiene un objetivo mayor: acercar a la sociedad a la verdad sobre lo ocurrido con Loan Danilo Peña.
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La industria automotriz argentina busca su lugar frente a la competencia china
La industria automotriz del Mercosur enfrenta un dilema estructural que ya dejó de ser teórico. Ejecutivos del sector en Argentina y Brasil advierten que el avance de los vehículos chinos pone en jaque décadas de inversión y desarrollo industrial en la región. Con costos elevados y reglas comerciales que empiezan a mostrar signos de agotamiento, el reclamo es concreto: hacen falta cambios urgentes para no quedar fuera de la competencia global. La señal de alerta se explicitó en un reciente foro en Buenos Aires, donde referentes de las principales asociaciones automotrices coincidieron en un diagnóstico incómodo: la competencia china no se da en condiciones equivalentes. Los números ayudan a dimensionarlo. Mientras Argentina y Brasil produjeron en conjunto cerca de 3,1 millones de vehículos en 2025, China superó los 34 millones. La brecha, sin embargo, no es solo de escala. También es de costos. Según estimaciones del propio sector, producir en la región puede resultar hasta un 65% más caro, afectado por factores estructurales como el costo del capital, la logística y la infraestructura.
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Mientras Argentina y Brasil produjeron en conjunto cerca de 3,1 millones de vehículos en 2025, China superó los 34 millones» En ese contexto, el foco vuelve a posarse sobre el Acuerdo de Complementación Económica N°14 (ACE 14), que regula el comercio automotor entre ambos países desde 1990. El acuerdo fue clave para consolidar la integración productiva en la antesala del Mercosur, eliminando aranceles internos para vehículos y autopartes con contenido regional. Durante décadas, funcionó como un pilar del entramado industrial bilateral. Pero el escenario global cambió más rápido que sus reglas. Hoy, aunque el ACE 14 sigue ordenando el intercambio entre Argentina y Brasil, muestra límites frente a una competencia externa mucho más agresiva. Las importaciones desde China avanzan con fuerza: en Argentina crecieron 30% en 2025 (entre enero y septiembre), mientras que en Brasil los vehículos chinos aumentaron un 53%. El problema ya no está dentro del acuerdo, sino fuera de él. Y es ahí donde el esquema actual empieza a quedar desfasado. La comparación con Europa surge casi de manera inevitable. A diferencia del Mercosur, la Unión Europea no necesita acuerdos sectoriales específicos para su industria automotriz. Desde 1993, su mercado único permite la libre circulación de bienes sin barreras internas, con normas técnicas armonizadas y políticas industriales coordinadas. Eso habilita una escala mucho mayor: más de 15 millones de vehículos producidos al año y una integración que trasciende lo comercial para volverse estructural. En Argentina, las importaciones de vehículos chinos crecieron 30% en 2025, mientras que en Brasil aumentaron un 53%» Pero la diferencia no se limita a la integración interna. También aparece en la forma de enfrentar la competencia externa. Europa sostiene un esquema de apertura, pero lo combina con mecanismos de defensa selectiva. El arancel base del 10% para autos importados convive con medidas más específicas cuando detecta distorsiones. Así ocurrió con China, tras una investigación que concluyó que los subsidios estatales generaban una competencia desleal. La respuesta fue la aplicación de aranceles adicionales de hasta 38% a los vehículos eléctricos, junto con precios mínimos y cupos en determinados casos.El mensaje es claro: competir, sí, pero bajo reglas equilibradas. No se trata de cerrar el mercado, sino de evitar que las asimetrías estructurales destruyan capacidades productivas. En el Mercosur, ese equilibrio todavía está lejos. Argentina y Brasil acumulan déficits comerciales crecientes con China —en el caso argentino, más de US$ 6.500 millones en los primeros nueve meses de 2025— mientras los vehículos electrificados de origen chino ganan participación a gran velocidad. En Brasil, ya representan la mitad del flujo importado en ese segmento. En ese escenario, el ACE 14 sigue funcionando como un escudo para el comercio bilateral, pero resulta insuficiente para enfrentar una dinámica global mucho más exigente. Sin mejoras en los costos estructurales y sin herramientas más activas de defensa comercial, el riesgo deja de ser hipotético. Empieza a tomar forma en la posibilidad de pérdida de producción, cierre de plantas y deterioro del empleo industrial. La experiencia europea, con sus matices, ofrece una lección difícil de ignorar: integración profunda hacia adentro y protección inteligente hacia afuera. El tiempo, en este caso, no es un dato menor. Con la vigencia del acuerdo proyectada hasta 2029, la necesidad de una renegociación empieza a imponerse como una decisión estratégica más que técnica. La discusión ya no pasa por sostener lo construido, sino por adaptarlo a un contexto que cambió de manera radical. La pregunta es si Argentina y Brasil lograrán anticiparse o si volverán a reaccionar tarde frente a una transformación que ya está en marcha. Para la industria, la urgencia no es discursiva. Es concreta. Y no pasa por pedir privilegios, sino por garantizar condiciones mínimas para competir. *presidente del Movimiento Productivo Argentino
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Eduardo Lahoz advierte: “La morosidad está tocando valores récord, arriba del 11%”
El último dato de inflación volvió a encender alertas sobre el rumbo económico, aunque para Eduardo Lahoz no se trata de una sorpresa. “Este 3,4% es un poco el correlato que se viene observando en el mercado”, señaló, al remarcar que el índice se mantiene en niveles similares desde hace más de seis meses.
El economista explicó que el cambio de prioridades del Gobierno es clave para entender esta dinámica. “El objetivo del equipo económico pasó a ser la acumulación de reservas”, afirmó, destacando que desde comienzos de 2026 se dejó en segundo plano la desaceleración inflacionaria.
En ese sentido, detalló la tensión estructural del programa económico: “Para poder frenar la inflación, vos tenés que frenar la economía”, lo que implica decisiones difíciles en un contexto de bajo nivel de actividad.
Una economía que crece, pero no para todos
Lahoz describió un escenario desigual, donde conviven sectores en expansión con otros en caída. “Vos tenés una economía que este año en PBI va a crecer alrededor de un 4 o un 5%”, explicó, aunque aclaró que ese crecimiento está concentrado.
Según indicó, “si esos sectores crecen al 8 o al 10%, significa que hay otros sectores que están cayendo”, en clara referencia al contraste entre el agro y la energía frente al mercado interno.
El impacto en la vida cotidiana es evidente. “Desapareció el crédito por el lado de las empresas y de las familias”, sostuvo, vinculando esta situación con el endurecimiento de las tasas durante 2025. Como consecuencia, alertó que “la morosidad está tocando valores récord, arriba del 11%”.
Frente a este panorama, destacó un cambio reciente en la política económica. “El equipo económico empezó a poner énfasis en bajar las tasas de interés”, lo que podría aliviar el financiamiento. Y agregó: “lo que lográs es bajar el costo del financiamiento para las empresas y para la familia”, una condición necesaria para reactivar el consumo.
Recuperación lenta y desafíos hacia 2027
Consultado sobre las perspectivas, Lahoz fue cauteloso. “Ojalá que sí sea”, respondió sobre la posibilidad de los “mejores 18 meses” planteados por el Gobierno, aunque marcó límites claros.
El economista señaló que durante mucho tiempo se priorizaron variables macro por sobre la economía real: “descuidando el mercado interno”, especialmente el poder adquisitivo de los trabajadores.
No obstante, reconoció un cambio reciente: “el gobierno ha empezado a estimular nuevamente el otorgamiento de créditos”, lo que podría marcar un punto de inflexión si se sostiene en el tiempo.
Aun así, advirtió que la recuperación será gradual. “Cuando vos la querés poner en marcha, no es un Fórmula 1”, graficó, anticipando un proceso lento. En esa línea, sostuvo que “la recuperación económica tal vez nos cueste un poco más”, con señales más claras recién hacia fin de año o comienzos de 2027.
En cuanto a la inflación, proyectó cierta estabilidad en el corto plazo. “La inflación en abril va a ser similar a la de marzo”, indicó, aunque con variaciones en los componentes. Y concluyó con una advertencia: “difícilmente lleguemos a una inflación de 1% en el 2026”, postergando ese objetivo para más adelante.
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Aumento de jubilaciones con bono ANSES: cuáles son los nuevos montos por la inflación de 3,4% en marzo
Tras conocerse el dato de inflación correspondiente a marzo de 2026 por parte del INDEC, las jubilaciones y pensiones de ANSES aumentarán 3,4% a partir del próximo mes.
Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad opor el Decreto 274/24, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
Jubilaciones en debate: por qué el futuro previsional también es una decisión personal
De no mediar cambios, los beneficiarios seguirán cobrando $70.000 como bono adicional. Los nuevos montos son:
– Jubilación mínima: $463.250,17 ($393.250,17 + bono de $70.000).
– Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.599,67 ($314.599,67 + Bono de $70.000).
– Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.275,12 ($275.275,12 + bono de $70.000).
– Pensión Madre de 7 hijos: $463.250,17 ($393.250,17 + bono de $70.000).
Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000
El bono no alcanza a todos los beneficiarios, sino que está dirigido a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema. Según informó ANSES, lo recibirán:
– Jubilados que cobran el haber mínimo
– Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
– Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Para cobrar el monto completo del bono, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima ($393.250,17).
En el caso de que se perciba un monto superior, se pagará un compensatorio para alcanzar los $463.250,17. Es decir que si beneficiario cobrara $400.000, el bono ascendería a $63.250,17.
LM
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