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Murió un policía de Río Negro tras un choque en la Ruta 22: el conductor del auto tenía más de 2 g/l de alcohol

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El oficial subinspector Ángel Lautaro Monsalve, de 23 años, falleció luego de un choque frontal entre su motocicleta y un automóvil. El conductor del vehículo dio 2,06 g/l de alcohol en sangre.

Un policía de la provincia de Río Negro murió en un accidente vial ocurrido durante la madrugada del domingo en la Ruta Nacional 22, en un hecho que generó fuerte conmoción en el Alto Valle.

La víctima fue identificada como el oficial subinspector Ángel Lautaro Monsalve, de 23 años, quien prestaba servicios en la Policía de Río Negro, en la Comisaría 43° de Cinco Saltos.

Desde la institución expresaron su profundo pesar por la pérdida y dispusieron acompañamiento y contención para la familia y los seres queridos del efectivo.

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Cómo fue el choque

El siniestro ocurrió alrededor de las 6:25 de la madrugada en un tramo recto de la ruta, cuando la motocicleta en la que circulaba el policía impactó de manera frontal contra un automóvil.

El otro vehículo involucrado fue un Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 40 años oriundo de Ingeniero Huergo.

Tras el choque, el joven policía murió a causa de la violencia del impacto.

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El conductor del auto tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Según los primeros datos recabados por los peritos, el conductor del automóvil dio positivo en el test de alcoholemia, con 2,06 gramos de alcohol por litro de sangre.

El registro cuadruplica el límite permitido para conductores particulares y supera ampliamente el régimen de tolerancia cero que rige en gran parte de la región.

Las autoridades continúan con las pericias para determinar la mecánica exacta del accidente y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

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Proponen capacitar a limpiavidrios y personas en situación de calle para insertarlos en el trabajo formal

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Un proyecto en el Concejo Deliberante busca capacitar a limpia vidrios y personas en situación de calle para facilitar su inserción en el empleo formal.

La concejal Valeria Todero presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de Neuquén que busca ofrecer una alternativa a quienes hoy trabajan como limpia vidrios en los semáforos, lava coches o atraviesan situaciones de calle, con el objetivo de facilitar su inserción en el empleo formal.

La iniciativa plantea la creación de un programa denominado “Promotores de Movilidad Urbana”, pensado como una instancia de transición laboral que combine capacitación, acompañamiento y articulación entre el Estado y organizaciones sociales. “El proyecto apunta a lograr la transición laboral de aquellas personas que hoy se encuentran en la calle trabajando de forma muy precaria hacia la posibilidad de un empleo formal”, explicó Todero en AM Cumbre 1400.

La propuesta se diferencia de otras iniciativas en debate dentro del Deliberante que buscan prohibir este tipo de actividades. En este caso, el enfoque está puesto en generar herramientas y oportunidades, sin recurrir a sanciones directas.

“La idea no es darle dinero, pero sí entender que si se prohíbe la actividad esas personas tienen que subsistir. No se puede prohibir y correr el problema de una esquina a la otra”, sostuvo la concejal.

El programa prevé capacitaciones en áreas como seguridad vial, primeros auxilios y tareas urbanas, además de un seguimiento individual que contemple la situación particular de cada persona, incluyendo casos atravesados por consumos problemáticos o contextos de vulnerabilidad social.

También se busca que quienes participen puedan desempeñar un rol activo en la ciudad, colaborando en tareas vinculadas al mantenimiento urbano, la detección de problemas en la vía pública y la mejora del entorno.

La iniciativa comenzará a ser debatida en comisión en los próximos días, en un contexto donde distintos bloques coinciden en la necesidad de abordar la problemática, aunque con miradas diferentes sobre cómo hacerlo.

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MUERTE DEL DEBIDO PROCESO: CÓMO EL EJECUTIVO LOCAL PISOTEA LA CARTA ORGÁNICA PARA DISCIPLINAR EMPLEADOS

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Villa La Angostura atraviesa una crisis de institucionalidad que ya no puede ocultarse bajo la alfombra del discurso oficial. Documentos recientes emitidos por la Auditoría Municipal y la flamante Defensoría del Pueblo ponen al desnudo una preocupante realidad: el uso del aparato administrativo no como una herramienta de justicia y orden, sino como un mazo para golpear derechos laborales básicos, ignorando —por impericia o por diseño— las garantías constitucionales más elementales.

Un manual de «cómo no hacer las cosas»

Lo que revelan los informes sobre los sumarios administrativos de las agentes Rosa Orellana y Jesica Maldonado es, sencillamente, un escándalo jurídico. No se trata de errores menores; estamos ante «vicios graves» que parecen sacados de un manual de autoritarismo burocrático.

¿Cómo es posible que en un Estado de derecho se ignore el derecho a la defensa? La Auditoría Municipal ha sido tajante: la instrucción del sumario contra Orellana (Decreto N° 1408/2025) fue calificada de «deficiente, desproporcionada e irracional». Se castigó a una trabajadora sin permitirle el descargo correspondiente, vulnerando el Estatuto del Personal Municipal. Aquí no hubo justicia, hubo una decisión tomada de antemano que buscó un expediente que la justificara a posteriori.

La Defensoría contra el atropello

El informe del Defensor del Pueblo en la Nota N° 42/2026 es aún más demoledor. El organismo señala una confusión procesal que roza lo absurdo: se citó a las agentes como «testigos» cuando en realidad eran las «acusadas», privándolas de la posibilidad de defenderse con asistencia letrada y de producir pruebas.

Más grave aún es la ligereza con la que se dispuso la exoneración de Maldonado por «notoria indignidad moral», un concepto subjetivo que la Municipalidad utilizó sin fundamentar ni explicar. ¿Quién define la moral en el Ejecutivo local? ¿Con qué vara se mide la dignidad de un trabajador cuando los propios procesos municipales carecen de integridad legal?

El costo de la negligencia

Este accionar no es gratuito. El incumplimiento de los plazos, las notificaciones mal cursadas a abogados sin personería y la violación de la Carta Orgánica Municipal tienen una consecuencia directa: la nulidad.

La gestión actual, encabezada por el Intendente Javier Murer, y la JACAD (Junta de Admisión, Calificación, Ascenso y Disciplina), parecen haber olvidado que la administración pública debe ser la primera en cumplir la ley. Al forzar sumarios viciados, no solo se comete una injusticia contra los trabajadores, sino que se expone al erario público a futuras demandas judiciales y resarcimientos que terminaremos pagando todos los vecinos.

Conclusión

La Auditoría y la Defensoría han cumplido su rol: advertir el desastre antes de que sea irreversible. Ahora, la pelota está en la cancha del Ejecutivo y de la JACAD. Si no hay una rectificación inmediata y un archivo de estas actuaciones viciadas, quedará confirmado que en la Municipalidad de Villa La Angostura, la ley es apenas una sugerencia opcional para quienes ostentan el poder.

Es hora de que la prolijidad administrativa deje de ser una excepción y vuelva a ser la norma.

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Cirugía histórica en Neuquén: salvaron a una nena con un tumor en el cerebro

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La menor ingresó en estado crítico y fue operada de urgencia por un tumor en el tálamo. Hoy evoluciona favorablemente y sin secuelas neurológicas.

El sistema de salud pública de Neuquén logró un hito sin precedentes con una cirugía pediátrica de alta complejidad que permitió salvar la vida de una nena de 10 años con un tumor maligno en el cerebro.

La intervención se realizó en el Hospital Provincial Neuquén, donde la paciente ingresó en estado crítico tras sufrir una convulsión. Los estudios detectaron un tumor de gran tamaño en el tálamo, acompañado de hidrocefalia, una condición que elevaba el riesgo de vida.

Lo más destacado del caso es que todo el tratamiento se realizó en la provincia, sin necesidad de derivación, y con un resultado excepcional: la niña evoluciona favorablemente y no presenta secuelas neurológicas.

Una intervención urgente y decisiva

Ante el cuadro crítico, el equipo médico decidió actuar de inmediato. El mismo día del ingreso se realizó una endoscopía cerebral, un procedimiento mínimamente invasivo que permitió reducir la presión intracraneal y estabilizar a la paciente.

Esta primera intervención fue clave para ganar tiempo y preparar las condiciones necesarias para la cirugía principal, en un contexto de alta complejidad.

El proceso incluyó una respuesta integral del hospital, que logró articular en pocos días equipamiento especializado y equipos médicos altamente capacitados.

Tres cirugías y un resultado poco frecuente

En total, la paciente fue sometida a tres intervenciones quirúrgicas, siendo la más importante la extirpación del tumor.

Para ello, se utilizaron tecnologías avanzadas como neuronavegación, microscopio y exoscopio 3D, herramientas que permiten trabajar con precisión en zonas profundas del cerebro.

El desafío era enorme: los tumores en el tálamo son poco frecuentes en la infancia y están ubicados en una región clave del sistema nervioso, lo que implica un alto riesgo de secuelas motoras y sensitivas.

Sin embargo, el resultado superó las expectativas. La niña camina, habla y no presenta secuelas motoras, una evolución considerada poco habitual en este tipo de casos.

Actualmente, continúa con tratamiento oncológico y seguimiento médico, acompañada por un equipo interdisciplinario que incluye especialistas en oncología pediátrica y pediatría.

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