Caso Comarsa: el acuerdo con la Justicia al que llegaron los imputados por contaminación

La causa por contaminación ambiental contra directivos de la empresa Comarsa sumó un nuevo capítulo judicial en Neuquén. El juez de garantías Lucas Yancarelli resolvió conceder la suspensión de juicio a prueba (probation) a tres imputados, pese a la oposición del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de las querellas, que habían solicitado avanzar a juicio oral.

La decisión se conoció tras una audiencia en la que el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid cuestionó la procedencia del beneficio. Argumentó que la gravedad de los hechos investigados —vinculados a delitos ambientales, presuntos beneficios económicos y posibles afectaciones al derecho constitucional a un ambiente sano— hacía improcedente la probation. En ese marco, sostuvo que la oposición fiscal debía ser considerada vinculante y advirtió sobre el riesgo de generar “un escenario de impunidad”.

Desde las defensas, en cambio, se planteó que se cumplían los requisitos legales para acceder a la suspensión del juicio. Sostuvieron que, en caso de llegar a una eventual condena, esta sería de ejecución condicional, y remarcaron que no existen pruebas concluyentes de afectaciones directas a la salud. También cuestionaron la falta de intervención de organismos estatales como víctimas en el proceso.

Al fundamentar su resolución, Yancarelli sostuvo que la probation puede ser una herramienta válida para resolver el conflicto penal, especialmente en casos donde el eje debe estar puesto en la reparación del daño. En esa línea, consideró prioritaria la remediación ambiental del predio y citó antecedentes en los que se aplicaron soluciones similares con condenas condicionales.

La medida establece distintos plazos: dos de los imputados deberán cumplir reglas de conducta durante tres años, mientras que el restante lo hará por dos años. Entre las condiciones impuestas, se incluye la obligación de retirar la totalidad de los residuos acumulados antes de marzo de 2027 y completar el saneamiento integral del predio dentro del plazo fijado. Además, deberán realizar donaciones —cuyo monto será definido—, abonar multas, fijar domicilio y someterse a controles judiciales periódicos. En el caso de uno de los imputados, se dispuso el pago de 10 millones de pesos en cuotas.

Tras la resolución, tanto el MPF como las querellas particulares hicieron reserva de impugnación. Al tratarse de un proceso bajo la figura de procedimiento complejo, cuentan con un plazo de diez días hábiles para formalizar los recursos ante instancias superiores.

Los delitos imputados

Según la acusación fiscal, el caso se remonta a 2014, cuando Comarsa comenzó a recibir residuos petroleros en su planta del Parque Industrial de Neuquén por encima de su capacidad operativa. Esto habría derivado en una acumulación masiva de material sin tratar, mientras la empresa continuaba emitiendo certificados de disposición final y cobrando por servicios no realizados. Esa operatoria le habría permitido sostener contratos —principalmente con YPF—, simular resultados económicos y dificultar los controles.

Además, la firma debía trasladar sus operaciones fuera del ejido urbano y avanzar con el cierre del predio, pero —según la investigación— incumplió de manera reiterada los compromisos de remediación y continuó recibiendo residuos.

Los imputados son el presidente y accionista mayoritario de la empresa, un exdirector con funciones de control y administración, y un exgerente general y responsable técnico. Están acusados como coautores del delito de contaminación peligrosa para la salud pública, en concurso con administración fraudulenta, en función de la presunta simulación de ganancias y distribución de dividendos.