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Un 30% de los argentinos tiene una opinión negativa de los derechos humanos, según una encuesta nacional a 50 años del golpe

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A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, casi 3 de cada 10 argentinos tienen una opinión negativa sobre los derechos humanos en el país. El 28,1% de los encuestados los rechaza: el 21,1% considera que «no defienden a los argentinos de a pie» y el 7% directamente afirma que «no deberían existir».

Los datos surgen de un informe especial de la consultora Explanans, elaborado a partir de una encuesta nacional realizada entre el 18 y el 28 de febrero de 2026 sobre una muestra de 4.068 casos en 91 ciudades de 21 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El estudio, dirigido por Sebastián Puechagut y coordinado por Martín Notarfrancesco y Daniela Piccone, midió la valoración ciudadana sobre el movimiento de derechos humanos y la democracia como sistema de gobierno.

Pese a todo, el rechazo no es mayoritario -el 68,9% mantiene una visión positiva-, pero su magnitud a cincuenta años de la última dictadura marca el nivel de erosión que ha sufrido la causa en sectores de la sociedad argentina.

Casi el 70% con opinión positiva, pero la disputa es central

Ante la pregunta sobre qué opinión tienen del tema de los derechos humanos en Argentina, el 68,9% de los encuestados respondió de manera positiva: el 33,1% calificó su opinión como «muy buena», señalando que «los DDHH son un emblema nacional»; mientras que el 35,8% optó por «buena», con la aclaración de que «son necesarios pero no se debe hacer política con eso».

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«Con matices, siguen siendo parte del patrimonio moral y político del país. No aparecen como bandera arrasada ni causa marginal, sino como valor instalado en la conciencia colectiva», indican desde la consultora. Ese consenso no es ausencia de disputa. Los datos muestran que no se rompe la agenda democrática ni la tradición de DDHH, pero sí se discute su sentido, sus usos y representaciones.

En el otro extremo, el 28,1% expresó una opinión negativa: el 21,1% eligió la opción «mala» —argumentando que «no defienden a los argentinos de a pie»— y el 7% optó por «muy mala», indicando que «no deberían existir». El 3% restante no supo o no contestó.

Los datos revelan que, más allá del respaldo mayoritario, el debate no es sobre si los derechos humanos deben existir sino sobre qué significan y quién los representa.

La segmentación por voto en el balotaje de 2023 expone la brecha más pronunciada del informe. Entre los votantes de Sergio Massa, el 63,7% tiene una opinión «muy buena» sobre los DDHH y el 22,4% la califica de «buena», lo que suma un respaldo positivo del 86,1%.

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Entre los votantes de Javier Milei, en cambio, la distribución es inversa en la intensidad: el 45,6% tiene una opinión «buena» —es decir, reconoce su necesidad pero rechaza su uso político—, el 9,7% «muy buena», y el 41,9% tiene una visión negativa (30,4% «mala» y 11,5% «muy mala»).

La polarización no borra el consenso pero lo fragmenta: incluso dentro del electorado libertario, más de la mitad reconoce algún valor a los derechos humanos.

Los jóvenes lideran el apoyo

La segmentación etaria muestra una tendencia contraria a lo que podría suponerse en el contexto del clima político actual. Los menores de 30 años tienen el nivel de respaldo más alto: el 79% tiene una opinión positiva (40,1% «buena» y 38,9% «muy buena»), frente al 66,8% en adultos de entre 30 y 50 años y al 62,2% entre los mayores de 50.

La diferencia de género también es significativa. Entre mujeres, el 75% expresa una opinión positiva, con el 40,3% en la categoría «muy buena». Entre varones, ese porcentaje cae al 62,4%, con el 25,4% en «muy buena». La visión negativa es casi el doble entre varones (34,6%) que entre mujeres (22%).

Mendoza muestra más rechazo

El informe también ofrece una apertura por distritos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires registra los índices más altos de opinión positiva: el 82,6% (39,5% «buena» y 43,1% «muy buena»). En el otro extremo, Mendoza acumula el mayor porcentaje de visión negativa entre los grandes distritos relevados: el 33,1% (22,3% «mala» y 10,8% «muy mala»).

En la provincia de Córdoba, el 64,6% tiene una opinión positiva (38,3% «buena» y 26,3% «muy buena»), mientras que el 31,8% se posiciona en la franja negativa. El dato posiciona a Córdoba por debajo del promedio nacional en apoyo al movimiento de derechos humanos.

En paralelo a la pregunta sobre DDHH, el estudio midió la valoración del sistema democrático. El 78,4% de los encuestados afirmó que «la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno». El 12,6% consideró que «en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible», el 2,5% señaló que «da lo mismo» y el 6,5% no supo o no contestó.

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Eduardo Lahoz advierte: “La morosidad está tocando valores récord, arriba del 11%”

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El último dato de inflación volvió a encender alertas sobre el rumbo económico, aunque para Eduardo Lahoz no se trata de una sorpresa. “Este 3,4% es un poco el correlato que se viene observando en el mercado”, señaló, al remarcar que el índice se mantiene en niveles similares desde hace más de seis meses.

El economista explicó que el cambio de prioridades del Gobierno es clave para entender esta dinámica. “El objetivo del equipo económico pasó a ser la acumulación de reservas”, afirmó, destacando que desde comienzos de 2026 se dejó en segundo plano la desaceleración inflacionaria.

En ese sentido, detalló la tensión estructural del programa económico: “Para poder frenar la inflación, vos tenés que frenar la economía”, lo que implica decisiones difíciles en un contexto de bajo nivel de actividad.

Una economía que crece, pero no para todos

Lahoz describió un escenario desigual, donde conviven sectores en expansión con otros en caída. “Vos tenés una economía que este año en PBI va a crecer alrededor de un 4 o un 5%”, explicó, aunque aclaró que ese crecimiento está concentrado.

Según indicó, “si esos sectores crecen al 8 o al 10%, significa que hay otros sectores que están cayendo”, en clara referencia al contraste entre el agro y la energía frente al mercado interno.

El impacto en la vida cotidiana es evidente. “Desapareció el crédito por el lado de las empresas y de las familias”, sostuvo, vinculando esta situación con el endurecimiento de las tasas durante 2025. Como consecuencia, alertó que “la morosidad está tocando valores récord, arriba del 11%”.

Frente a este panorama, destacó un cambio reciente en la política económica. “El equipo económico empezó a poner énfasis en bajar las tasas de interés”, lo que podría aliviar el financiamiento. Y agregó: “lo que lográs es bajar el costo del financiamiento para las empresas y para la familia”, una condición necesaria para reactivar el consumo.

Recuperación lenta y desafíos hacia 2027

Consultado sobre las perspectivas, Lahoz fue cauteloso. “Ojalá que sí sea”, respondió sobre la posibilidad de los “mejores 18 meses” planteados por el Gobierno, aunque marcó límites claros.

El economista señaló que durante mucho tiempo se priorizaron variables macro por sobre la economía real: “descuidando el mercado interno”, especialmente el poder adquisitivo de los trabajadores.

No obstante, reconoció un cambio reciente: “el gobierno ha empezado a estimular nuevamente el otorgamiento de créditos”, lo que podría marcar un punto de inflexión si se sostiene en el tiempo.

Aun así, advirtió que la recuperación será gradual. “Cuando vos la querés poner en marcha, no es un Fórmula 1”, graficó, anticipando un proceso lento. En esa línea, sostuvo que “la recuperación económica tal vez nos cueste un poco más”, con señales más claras recién hacia fin de año o comienzos de 2027.

En cuanto a la inflación, proyectó cierta estabilidad en el corto plazo. “La inflación en abril va a ser similar a la de marzo”, indicó, aunque con variaciones en los componentes. Y concluyó con una advertencia: “difícilmente lleguemos a una inflación de 1% en el 2026”, postergando ese objetivo para más adelante.

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Aumento de jubilaciones con bono ANSES: cuáles son los nuevos montos por la inflación de 3,4% en marzo

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Tras conocerse el dato de inflación correspondiente a marzo de 2026 por parte del INDEC, las jubilaciones y pensiones de ANSES aumentarán 3,4% a partir del próximo mes.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad opor el Decreto 274/24, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Jubilaciones en debate: por qué el futuro previsional también es una decisión personal

De no mediar cambios, los beneficiarios seguirán cobrando $70.000 como bono adicional. Los nuevos montos son:

– Jubilación mínima: $463.250,17 ($393.250,17 + bono de $70.000).

– Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.599,67 ($314.599,67 + Bono de $70.000).

– Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.275,12 ($275.275,12 + bono de $70.000).

– Pensión Madre de 7 hijos: $463.250,17 ($393.250,17 + bono de $70.000).

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El bono no alcanza a todos los beneficiarios, sino que está dirigido a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema. Según informó ANSES, lo recibirán:

– Jubilados que cobran el haber mínimo

– Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

– Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para cobrar el monto completo del bono, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima ($393.250,17).

En el caso de que se perciba un monto superior, se pagará un compensatorio para alcanzar los $463.250,17. Es decir que si beneficiario cobrara $400.000, el bono ascendería a $63.250,17.

LM

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El pronóstico de la inflación para el 2026 quedó sin efecto: “En lo que va del año se acumuló 10 puntos porcentuales de inflación”

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El economista, Fran Martinelli, en comunicación con Canal E, analizó que la inflación de marzo volvió a ubicarse en el centro del debate económico. El dato oficial del 3,4% abrió interrogantes sobre su composición, la metodología de medición y el impacto real en el bolsillo.

Martinelli remarcó que el cálculo del IPC no es un promedio simple: “Para poder medir la inflación lo que se hace no es un promedio simple de todos los rubros”. Y explicó el rol de la canasta de consumo: “Lo que busca emular el INDEC es la canasta que consumimos los argentinos”.

La desactualización de la medición inflacionaria

Sin embargo, el problema central radica en la actualización de esa canasta: “La canasta que se armó y que se está sosteniendo, es una canasta del 2004 a 2005 con un ajuste por precio de 2016”. Esto genera una distorsión en la medición actual, ya que existe una estructura más reciente: “Hay una canasta más reciente que en el 2017-2018”.

Martinelli detalló qué sectores impulsaron la inflación: “La educación aumentó 12,1% en este mes”. También destacó otros rubros por encima del promedio: “Aumentó el transporte 4,1% y servicios, tarifas, etc., que aumentó 3,7%”.

Según explicó, estos componentes tienen mayor peso en la canasta actualizada, lo que cambia la lectura del dato: “Estos tres que estuvieron por encima tienen mayor peso en la encuesta o en la ponderación del 2017-2018”.

La estimación de la inflación en el presupuesto quedó obsoleta

El entrevistado cuestionó las metas oficiales: “Ya en lo que va del año se está acumulando casi 10 puntos porcentuales de inflación”. Sobre la misma línea, marcó la inconsistencia con el presupuesto: “El Gobierno había pronosticado que la inflación de todo el año iba a ser de 10,1%”.

Uno de los puntos más críticos es el deterioro del ingreso real. En este sentido detalló que, “los trabajadores registrados perdieron, en términos reales y descontando la inflación, casi 8%”.

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