Después de una década al frente de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DDNA) de Córdoba, Amelia López se prepara para dejar el cargo el próximo 7 de abril. No lo hace por decisión propia, sino por el límite legal que impide una nueva reelección tras dos mandatos consecutivos.

Médica de profesión, con una trayectoria que incluye su paso como diputada nacional y como ministra de Educación durante la segunda gestión de José Manuel de la Sota, López fue una figura central en la construcción del perfil institucional del organismo, el primero de su tipo en el país.

En diálogo con Perfil Córdoba, repasó su gestión, analiza los desafíos actuales —especialmente los vinculados al mundo digital— y fija posición sobre debates sensibles como la baja de la edad de imputabilidad.

—¿Cómo resumiría el trabajo realizado en estos 10 años?

—La Defensoría fue la primera del país y el desafío inicial fue construir una identidad: ser un organismo de garantía, de control y de exigibilidad de derechos. Para eso armamos equipos interdisciplinarios, generamos protocolos y una lógica de intervención que evitara que las personas fueran de un lugar a otro sin respuestas. En una segunda etapa, el eje pasó a ser el protagonismo de niñas, niños y adolescentes. Tuvimos que volver a instalar en la sociedad la idea de que son sujetos de derecho y, sobre todo, traducir ese concepto en acciones concretas. En ese recorrido, también fuimos cambiando herramientas, porque cambiaron los problemas.

—Hoy, por ejemplo, ¿el mundo digital es mucho más invasivo que hace 10 años?

—En los últimos años vimos crecer problemáticas ligadas al ecosistema digital. Pero hay que entender algo: para los chicos no existe la diferencia entre lo real y lo digital. Es un único sistema. Nosotros, los adultos, tenemos una mirada más analógica. Entonces, lo que antes pasaba en el ámbito presencial hoy también ocurre en el digital. Las vulneraciones son las mismas: ciberacoso, grooming, sexting, pornografía.

«El mundo digital se convirtió en otro espacio donde se juegan los derechos».

—Y también el juego online, que es un gran flagelo.

—El juego online existe y no se puede negar. Por eso hablamos de la necesidad de regulaciones, de una ciudadanía digital responsable. Tenemos que preguntarnos: ¿cuánto tiempo está mi hijo en la pantalla? Si yo veo que está cambiando de conductas, que no está prestando atención, o que le está yendo mal en la escuela tengo que reaccionar, que ponerle un límite. Y ese límite no puede ser la proscripción. Tiene que ser un límite consensuado, para que el chico también se comprometa.

—¿En qué lugar se ubica en el debate sobre el celular en la escuela?

—Creo que hay escuelas que han adoptado algunas medidas que me parecen interesantes, como ponerlos en una canasta y sacarlos solamente cuando tengan que hacer algún trabajo en particular. Eso es responsable: poner límite, poner control, poner condiciones, poner actividades. Pero no se puede evitar que lo tengan.

—¿Cree que la escuela realmente está conteniendo a los chicos?

—Los chicos con la escuela sienten una contradicción. Es el lugar donde tienen la posibilidad de generar más oportunidades, donde tienen los amigos, donde pueden socializar y, como contraparte, también puede convertirse para ellos en el lugar más violento. ¿Cómo se salva esta contradicción? Con adultos capaces de acompañar, de escuchar sin juzgar, siendo capaces también de dar una opinión que no sea una prescripción, ni una orden; siendo capaces de dialogar y estando dispuestos a escucharlos en el momento que ellos necesitan ser escuchados. Y también necesitamos espacios de salud mental especializados en adolescentes. Hay muy pocos espacios con esa especialidad.

—¿Hay un estigma social sobre la peligrosidad de los adolescentes que delinquen?

—Hoy la narrativa social concibe a la adolescencia como un riesgo, como un problema. No sabemos qué les está pasando a los chicos y nadie se pregunta ni siquiera qué nos están queriendo decir. Hemos hecho un universo de cada caso de delito juvenil, que en realidad porcentualmente son menos del 1%. Entonces, cambiar la conversación pública de los últimos tiempos debe ser un objetivo central.

—Usted marcó diferencias con el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27801), que permite investigar y juzgar a adolescentes de 14 a 18 años por delitos graves, estableciendo penas máximas de 15 años.

—Es que mi rol es garantizar derechos y cumplir con la normativa internacional (Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989). Y la experiencia muestra que las respuestas punitivas, aunque sean socialmente aceptadas, no resuelven el problema. Cuando se aplican medidas restaurativas, cuando se acompaña a un chico, cuando hay un tutor o un referente, los resultados son distintos.

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—¿Por qué cuesta tanto sostener esa mirada “restaurativa”?

—Porque requiere esfuerzo. Es más fácil adherir a discursos que proponen el encierro. Pero encerrar a un chico durante años solo profundiza la violencia. En el encierro se aprende la ley del más fuerte. Entonces, lo que vamos a tener después es más violencia, más reiterancia. Es el “espiral de la violencia” del que hablaba Helder Cámara (N. de la R.: obispo brasileño, símbolo del catolicismo latinoamericano comprometido con la defensa de los pobres y los derechos humanos). Eso es lo que hay que desandar. Yo creo que esta ley es una aberración desde el punto de vista de la normativa internacional. La acepto como parte de la vida democrática, pero no resignadamente.

—Y en “el mientras tanto”, ¿qué se hace?

—No estoy diciendo que no hay que hacer nada, ni significa que el menor no sea culpable. El problema es que un adolescente tiene desarrollos emocional y físico que van por carriles distintos. Los chicos crecen físicamente, pero sus emociones, su cerebro, crecen de otra manera. Por eso la responsabilización exige que el adolescente se haga cargo de lo que ha hecho, que comprenda acabadamente el daño ocasionado. Y, después de eso, hay que trabajar y acompañarlo en la reinserción. También hay que entender el contexto: niveles de pobreza y de violencia social muy altos. No podemos pretender que los adolescentes sean ajenos a eso cuando los adultos les mostramos una sociedad violenta, atravesada por discursos de odio.

—Entonces, el “clima de época” es parte del problema.

—Hay una corriente antiderechos mundial que nos hace creer que tengo que destruir al otro para alcanzar el éxito. Pero la realidad es que los seres humanos somos una especie social, que evoluciona más cuanto más relacionamiento tiene y que involuciona más con el individualismo. Y hoy estamos viviendo una profunda involución porque el dinero es más importante que las personas. Si no comprendemos que somos una única humanidad, que lo que me pase a mí también le va a repercutir al otro y lo que le pase al otro también me va a repercutir a mí, vamos a volvernos cada vez más primitivos.

—Después de tantos años, ¿cómo hace para lidiar con la sensación de que nunca es suficiente?

—Hay momentos de tristeza y de desazón. Pero soy una persona resiliente y también veo a muchos jóvenes que quieren construir desde el diálogo y la paz. Lo que falta es articular esa energía para que tenga incidencia y logre cambiar la conversación pública. Tenemos que entender que el odio no es sentido común, sino una construcción muchas veces alimentada por algoritmos. Como sociedad, necesitamos rehumanizarnos.

Salud mental juvenil: un sistema que llega tarde

El dato más inquietante del informe “Adolescencias: entre transformaciones y búsquedas” —elaborado por la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba, con el apoyo del Programa Adolescencias de la Universidad Pedagógica Nacional (Unipe) y presentado el jueves 19 de marzo— no está en una cifra aislada sino en la brecha que explicita: el propio documento advierte sobre una “brecha crítica” entre la magnitud del malestar y la capacidad real del sistema para dar respuesta.

El relevamiento, que combina datos oficiales con testimonios directos, identifica señales persistentes como estrés, angustia, consumos problemáticos e incluso ideación suicida, frente a un sistema que llega tarde, con recursos insuficientes y escasa capacidad preventiva.

El informe es claro: hoy se interviene sobre la urgencia más que sobre las causas. A esa limitación estructural se suma la dificultad del mundo adulto para interpretar y canalizar ese malestar, lo que deriva en respuestas tardías o en la parálisis frente a situaciones críticas. Esa combinación —demanda creciente, respuestas insuficientes y adultos desbordados— configura un escenario de riesgo en el que muchos jóvenes quedan librados a sus propios recursos, consolidando no sólo el malestar individual sino una sensación más profunda de soledad.

Sucesión en marcha

La salida de Amelia López de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se hará efectiva el próximo 7 de abril, cuando expire su segundo mandato, no renovable. A partir de allí, se activa el mecanismo previsto por la Ley 9396: el Ministerio de Justicia, a cargo de Julián López, deberá proponer una terna al gobernador Martín Llaryora, quien enviará un candidato a la Legislatura para su aprobación. Por ahora, el proceso se maneja con hermetismo y no hay nombres confirmados para el recambio.