AySA se acerca a la privatización: dos grupos ofertaron por la empresa y el Gobierno busca US$500 millones

El Gobierno avanzó este martes 15 de septiembre en uno de los procesos de privatización de mayor envergadura de su programa económico: dos grupos presentaron ofertas para quedarse con el control de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó el avance del proceso de venta, que contempla la transferencia del 90% del paquete accionario actualmente en manos del Estado Nacional.

La apertura de ofertas estaba prevista para este 15 de septiembre, luego de que el Ministerio de Economía prorrogara el plazo original a pedido de empresas interesadas. La licitación es nacional e internacional y se realiza sin una base económica pública.

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Según estimaciones oficiales difundidas durante el proceso, el Gobierno apunta a obtener alrededor de US$500 millones por la privatización.

En su posteo, el ministro de Economía resaltó que la empresa que se haga cargo de AySA deberá desembolsar 2000 millones de dólares en 5 años. El objetivo oficial es apuntalar la expansión de la empresa y mejorar la calidad de servicio.

Qué se privatiza de AySA

Actualmente, el Estado Nacional controla el 90% del capital de AySA, mientras que el 10% restante pertenece a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

El esquema diseñado por Economía establece que al menos el 51% del capital deberá quedar en manos de un operador estratégico, seleccionado mediante la licitación. El resto de las acciones estatales podrá ser colocado posteriormente en bolsas y mercados locales.

La intención oficial es que el nuevo accionista controlador tenga experiencia en la prestación de servicios de agua y saneamiento y capacidad patrimonial y financiera para afrontar el plan de inversiones de la empresa.

El procedimiento consta de distintas instancias. En una primera etapa se analizan los antecedentes técnicos, financieros, patrimoniales y legales de los candidatos. Aquellos que superen esa evaluación podrán avanzar hacia la apertura de las ofertas económicas y la posterior adjudicación.

La estimación oficial es que el proceso desde la apertura de los sobres hasta la adjudicación podría extenderse alrededor de 45 días, incluyendo períodos de evaluación, impugnaciones y trámites administrativos.

Una de las mayores privatizaciones del Gobierno

La venta de AySA representa una de las privatizaciones más relevantes impulsadas por la administración de Javier Milei, tanto por el tamaño de la compañía como por el carácter estratégico del servicio que presta.

La empresa había vuelto al control estatal en 2006, tras la salida del grupo francés Suez de la concesión. Dos décadas después, el Gobierno busca volver a transferir su operación al sector privado.

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La licitación fue formalmente lanzada en mayo pasado y contempla la venta del paquete accionario estatal a un operador estratégico. La Agencia de Transformación de Empresas Públicas es la encargada de coordinar el proceso.

Para el Gobierno, además, la operación tiene un componente financiero. La administración económica proyectó ingresos por privatizaciones por US$800 millones durante 2026 y US$1.500 millones durante 2027, dentro de una estrategia para sumar divisas al Tesoro y reducir la presencia estatal en compañías comerciales.

El cambio de control de la compañía no implica la desaparición del esquema regulatorio. AySA continuará operando bajo una concesión para prestar el servicio público de agua potable y desagües cloacales.

El contrato previsto para el futuro operador establece compromisos de inversión. De acuerdo con las condiciones difundidas durante la licitación, se proyectan US$1.940 millones durante los primeros cinco años y alrededor de US$15.040 millones en los 30 años de vigencia de la concesión.

La cuestión tarifaria será uno de los puntos centrales de la nueva etapa. AySA ya venía atravesando desde 2024 un proceso de recomposición de sus ingresos para reducir la dependencia de las transferencias del Tesoro.

En agosto, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) rechazó un pedido de la empresa para sumar un ajuste adicional del 1% mensual destinado a cerrar una brecha tarifaria estimada entonces en 10,5%. Desde septiembre, las facturas continúan actualizándose según la fórmula mensual vigente.

Un proceso que también llegó a la Justicia

La privatización, además, enfrenta una discusión judicial. La semana pasada, un tribunal bonaerense dictó una medida vinculada con el nuevo contrato de concesión y remitió la causa a la Justicia federal.

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La resolución no anuló la privatización, pero puso bajo análisis aspectos relacionados con los estándares que deberá cumplir el futuro operador en la prestación del servicio.

Con la presentación de las ofertas, el proceso entra ahora en una instancia clave: determinar qué candidatos cumplen los requisitos para competir por el control de AySA y, luego, cuánto están dispuestos a pagar por la empresa.

Si el cronograma previsto se mantiene, la definición podría llegar durante las próximas semanas y convertir a AySA en una de las principales empresas estatales transferidas al sector privado durante la gestión de Milei.

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