Casa propia y estabilidad – Diario Río Negro

El anuncio gubernamental sobre el destino del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS —dos billones de pesos que serán orientados a fondear líneas de crédito hipotecario para primera vivienda— busca instalar la posibilidad de un horizonte reactivador a partir del crédito hipotecario.

Bajo la arquitectura trazada por el ministerio de Economía de la Nación, el esquema contempla licitaciones por tramos de 200.000 millones de pesos, en las que los bancos recibirán depósitos indexados para prestarlos a plazos de hasta treinta años, ajustados por UVA y a una tasa de hasta 7,5% anual. La noticia impresiona en la retórica oficial, pero tropieza de inmediato al trasponer los límites de la realidad cotidiana.

El núcleo del dilema argentino no reside en la falta de instrumentos financieros, sino en la patología histórica de la inflación y la desconfianza estructural que esta genera. La memoria colectiva no guarda solo una prevención abstracta, sino que se apoya en cicatrices recientes. Cuando los créditos UVA irrumpieron en 2016, la promesa de actualización por inflación parecía sustentable.

Sin embargo, al acelerarse la dinámica de precios en 2018 y 2019, apareció el riesgo UVA, ya que las cuotas crecieron muy por encima de las paritarias y el capital adeudado en pesos se agigantó. El raid desencadenó una severa crisis de deudores que luego se profundizaría con la pandemia y, aunque paradójicamente el valor del inmueble solía respaldar el capital adeudado, la cuota devoraba los ingresos mensuales y aumentaba el pánico familiar.

Además, el fondo del modelo de crédito indexado por la evolución de los precios contiene una anomalía severa en la Argentina, ya que traslada la totalidad del riesgo macroeconómico sobre las espaldas del tomador individual. Entonces, si los salarios no acompañan la dinámica inflacionaria o el peso de otros gastos se dispara, como ocurrió con los Servicios Públicos, el compromiso que nació como solución habitacional fatalmente degenerará en un túnel de endeudamiento inviable.

Exigir hoy que un grupo familiar acredite ingresos de 3,5 millones de pesos para afrontar una cuota inicial similar a un alquiler de $ 850 mil —que equivale a 25% del dinero disponible— reduce el universo de beneficiarios a una franja minoritaria. Y, además, les demanda un acto de fe en que esta vez la inflación será erradicada de manera definitiva.

La fragilidad del mercado local queda expuesta al contrastarlo con otras  dinámicas:

Chile (27% del PBI en hipotecas): la Unidad de Fomento opera en un marco donde el riesgo del largo plazo no recae en el deudor, sino que es absorbido por el músculo de las AFP.

Estados Unidos (65% del PBI): predomina la tasa fija y el riesgo no se atomiza en las familias, sino que se securitiza en los mercados y se distribuye entre aseguradoras y fondos de pensión.

Europa (50% del PBI promedio): se financia mediante bonos e instrumentos previsionales, con cuotas protegidas por techos normativos para diluir la eventual quiebra del tomador.

En otras latitudes, la hipoteca es un contrato resguardado por el sistema; en la Argentina, persiste como un reto solitario del ciudadano frente a la incertidumbre de la moneda. De allí que la ratio local languidezca en un paupérrimo 2% del PBI, reflejo de un cortoplacismo cultural que reduce a los argentinos desde hace años a medir la vida en el día a día.

Por eso, aunque la iniciativa sea loable, para el gobierno nacional el desafío excede la contención de precios y le exige, además, mayor disciplina para desmantelar la cultura del desasosiego, sin lo cual será difícil convencer a futuros demandantes. El número de beneficiarios previstos no parece inalcanzable, pero recién podría haber mayor ánimo cuando la inflación mensual se planche con un cero adelante. Era la promesa oficial para este año.

Si esto no se registra y el Estado insiste en trasladar la volatilidad inflacionaria al presupuesto familiar, la apelación al crédito no será leída como una oportunidad, sino como una amenaza y habrá reticencia. Para ello, será necesario que aparezca un mecanismo de reaseguro, ya que sin una red institucional que amortigüe el riesgo, la promesa de la casa propia volverá a diluirse en el marco de las frustraciones argentinas.