Caso Loan: ¿Hay una mano negra?

Dos años después, Loan sigue sin aparecer. Alrededor de su ausencia quedó un territorio sembrado de contradicciones, irregularidades, silencios, pistas falsas y personajes llegados desde el poder judicial, sindical, fundaciones, policial, político, empresarial, mediático y hasta religioso. ¿Fue solamente el caos de una investigación desbordada o alguien necesitó producir ese caos? Cuando todos los desvíos alejan siempre del mismo lugar, la verdad, la casualidad empieza a ser una explicación demasiado cómoda. Ni la familia de Loan ni esta nota denuncian una conspiración: formulan una pregunta más grave. ¿Quién ganó cada vez que la causa perdió el rumbo? ¿Quién necesitaba que todos miráramos hacia otro lado? Si existió una estructura capaz de confundir, proteger, desinformar o encubrir, el juicio deberá hacer algo más que encontrar responsables: deberá sacar de la oscuridad, dedo por dedo, a quienes movieron las piezas. A esa sospecha la historia le puso nombre hace más de un siglo: la mano negra. ¿Casualidad o causalidad? La historia aprendió hace mucho a ponerle nombre a lo que actúa sin mostrarse. La metáfora literaria suele llamar ‘mano negra’ a ese poder que nadie ve, nadie reconoce, pero cuyas huellas aparecen cuando demasiadas cosas dejan de ser casualidad. Nació en la Andalucía convulsionada de 1882 y 1883, cuando se lo atribuyó a una presunta organización secreta anarquista a la que se adjudicaron asesinatos, incendios y violencia rural en medio del hambre, las malas cosechas y una feroz conflictividad social. Su existencia real, su extensión y su estructura quedaron desde entonces envueltas en una controversia que atravesó generaciones de historiadores, lo que no impidió que siete de los condenados fueran ejecutados a garrote en la plaza del Mercado de Jerez en junio de 1884. Los propios archivos de la Junta de Andalucía hablan hoy, con cautela, de una “presunta organización”, y las investigaciones de José Luis Pantoja Antúnez y Manuel Ramírez López sobre aquella represión, y la de Juan Madrid en “La Mano Negra. Caciques y señoritos contra anarquistas”, reconstruyeron un universo en el que delito, poder, clandestinidad, miedo y uso político de la violencia se mezclaron hasta volver imposible distinguir dónde terminaba el hecho y dónde empezaba su manipulación. Veinte años más tarde, al otro lado del Atlántico, la expresión reapareció con una fuerza todavía más siniestra. En los barrios italianos de Nueva York, Chicago y otras ciudades norteamericanas, extorsionadores enviaban cartas que exigían dinero bajo amenaza de incendio, secuestro o muerte, y las firmaban con revólveres, calaveras o el dibujo de una mano negra. El estudio clásico de Thomas M. Pitkin y Francesco Cordasco, “The Black Hand: A Chapter in Ethnic Crime” (1977), demostró que no se trataba de la gigantesca organización centralizada que sugería la prensa, sino de grupos y delincuentes que compartían un método, un lenguaje de terror y un símbolo; ya en 1908 Gaetano D’Amato denunciaba en The North American Review el mito de una única Black Hand Society.

Esto no les gusta a los autoritarios

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

Movimientos en las sombras Acaso allí esté la razón por la cual esas dos palabras sobrevivieron a las organizaciones que alguna vez las usaron: una mano es lo que ejecuta, ordena, mueve, paga, amenaza, protege o hace desaparecer; y es negra cuando permanece en la oscuridad y solo conocemos sus efectos. Desde entonces, hablar de una mano negra dejó de exigir una sociedad con estatutos, jefes y afiliados y pasó a nombrar algo mucho más inquietante: la sospecha de que detrás de acontecimientos aparentemente desconectados hay una voluntad invisible que mueve las piezas sin dejarse ver. Y es exactamente desde ese significado histórico, no como afirmación anticipada de una conspiración sino como interrogante, que este análisis se atreve a formular la pregunta más incómoda de la causa Loan: ¿cuántos errores, contradicciones, interferencias, silencios y desvíos pueden acumularse antes de que resulte legítimo preguntarse si detrás de todos ellos hubo una mano? Loan: ¿casualidad o sistema? Después de más de dos años, la causa Loan obliga a formular la pregunta que muchos evitaron: ¿hubo, y sigue habiendo, una estructura de poder trabajando para desviar la búsqueda de la verdad? Porque alrededor de un niño desaparecido aparecieron demasiadas cosas que no deberían haber aparecido juntas: irregularidades policiales, contradicciones, operadores, intereses empresariales, interferencias políticas, personajes vinculados a organizaciones, sobreexposición mediática y hasta episodios que involucraron a autoridades de la Iglesia, todos documentados en la causa penal. Mientras unos parecían empeñados en fabricar ruido, otros hicieron periodismo. Perfil y otros medios serios, fueron un ejemplo a seguir; Paula Bernini fue otra de esas excepciones: estuvo en el territorio, preguntó, confrontó versiones y declaró ante la Justicia sobre contradicciones que había observado directamente. Su testimonio terminó siendo mucho más que una crónica. Las fuentes: no son sospechas en el aire Nada de lo que aquí se interroga nace de rumores de redes sociales ni de reconstrucciones imaginarias. El núcleo documental de este análisis se encuentra en la causa principal FCT 2157/2024, hoy parcialmente elevada a juicio ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes bajo la carátula “Benítez, Bernardino Antonio y otros s/Sustracción de menores de 10 años (art. 146)”, y en el enorme universo de actuaciones conexas, acumuladas y residuales que continuaron produciéndose después de aquella elevación. La propia resolución del Juzgado Federal de Goya del 25 de agosto de 2026 identifica expresamente los Legajos Nros. 92, 94, 96 y 97 y explica su función: el Legajo 92, destinado a la continuidad de las investigaciones residuales; el 94, a actuaciones complementarias correspondientes a líneas cerradas o agotadas con resultado negativo y requerimientos de las partes; el 96, a la continuidad de la búsqueda de Loan, nuevas líneas investigativas y medidas urgentes que requieren reserva, bajo delegación del Ministerio Público Fiscal; y el 97, a concentrar y unificar la prueba producida respecto de los imputados. Ese universo comprende testimonios, peritajes, informes técnicos, evidencia digital, análisis de comunicaciones e información patrimonial y financiera. A ello se agregan expedientes conexos como el FCT 4096/2024 (Caso MPF N.º 237290/2024), iniciado respecto de Gustavo Javier Vera por asociación ilícita, encubrimiento y falso testimonio, cuya relación procesal con la causa 2157/2024 fue objeto de una controversia específica entre el Juzgado y el Ministerio Público Fiscal: el fiscal federal Mariano E. de Guzmán apeló la negativa judicial a acumular esas actuaciones, pretensión que -según el propio recurso- había sido sostenida también por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. No estamos, por lo tanto, ante una causa lineal ni ante un único expediente: estamos ante una investigación de dimensiones extraordinarias, cuya propia magistrada describió como un universo integrado por “legajos, cuerpos, videos, actas, informes, pericias”, advirtiendo expresamente sobre la necesidad de eliminar hipótesis falsas o acusaciones sin sustento que desvíen del objeto del proceso. Esa documentación judicial -y no una teoría previa- es el punto de partida de la pregunta que atraviesa este análisis: ¿todo ese ruido fue únicamente producto del caos o, dentro de él, existieron desvíos deliberadamente provocados? Y entonces la pregunta cambia. Ya no alcanza con preguntar quién se llevó a Loan: hay que investigar quién desvió, quién confundió, quién encubrió, quién instaló pistas falsas, quién protegió intereses y, sobre todo, a quién beneficiaba que la verdad nunca apareciera. La familia no sostiene la existencia de una conspiración. Exige que la Justicia determine si semejante acumulación de anomalías fue casualidad o si detrás existió una arquitectura deliberada de desinformación y protección. Porque si hubo sectores del poder sindical, judicial, policial, empresarial, mediático, político o religioso operando para apartar la investigación de su verdadero camino -y existen rastros que obligan a preguntarlo en la enorme cantidad de pistas que fueron incorporadas, investigadas y finalmente descartadas por falsas o inconsistentes-, entonces ya no estaríamos hablando solamente de la desaparición de un niño. Estaríamos frente a algo todavía más grave: la posible existencia de intereses capaces de producir confusión, desviar esfuerzos, instalar versiones o protegerse aun a costa de Loan. Y si esa mano negra existió, no alcanza con descubrir algunos de sus dedos. Hay que reconstruirla completa: determinar quién introdujo cada pista falsa, quién la hizo circular, quién la amplificó, qué investigación provocó, cuánto tiempo hizo perder y, fundamentalmente, a quién benefició cada desvío. ¿Quién necesita que Loan no aparezca? La familia debió atravesar además otro calvario: el de los iluminados que siempre supieron qué había ocurrido antes que los investigadores, antes que los fiscales, antes que los jueces y, naturalmente, antes que las pruebas. Durante más de dos años aparecieron personas capaces de anunciar con certeza dónde estaba Loan, qué le había sucedido, quién se lo había llevado y hasta cuál había sido el destino final del niño. Sin embargo, detrás de muchas de esas afirmaciones categóricas jamás apareció una prueba seria, concreta y verificable que permitiera resolver el caso. Son los sofistas de la posverdad: construyen relatos, los arrojan al espacio público y, cuando los hechos los desmienten, simplemente fabrican otro. El daño, en cambio, permanece. Confunden a una sociedad desesperada por encontrar al niño, alimentan sospechas sin sustento, dañan personas y obligan a gastar tiempo y recursos investigando fantasías que alguien presentó como certezas. Hoy la esperanza de la familia también está depositada en el juicio oral y en las líneas investigativas que continúan abiertas, entre ellas el legajo 92 bajo investigación de la jueza Cristina Pozzer Penzo. La esperanza es sencilla y terrible: que quienes conocen la verdad hablen. Que expliquen qué ocurrió con Loan, para qué se lo llevaron y, sobre todo, dónde está. Porque después de más de dos años existe una pregunta que ninguna maniobra, ningún silencio, ninguna teoría y ninguna pista falsa consiguió borrar: ¿dónde está Loan? Y allí aparece la segunda verdad que este caso deberá buscar. Porque descubrir quién se llevó al niño puede no ser suficiente. Si durante todo este tiempo hubo personas que deliberadamente trabajaron para impedir que esa respuesta apareciera, la Justicia tendrá dos obligaciones: identificar a quienes hicieron desaparecer a Loan e identificar a quienes ayudaron a ocultar la verdad. Solo entonces podremos saber si aquella “mano negra” fue apenas la metáfora de un expediente extraordinariamente caótico o si, detrás del caos, hubo realmente una mano hasta hoy negra, invisible e impune.