Histórico consenso en Diputados: aprobaron la nueva ley de protección social de la discapacidad

Con un amplio respaldo opositor, el proyecto obtuvo media sanción tras descartar recortes presupuestarios y asegurar la cobertura permanente del sistema prestacional.
La Cámara de Diputados aprobó por una abrumadora mayoría de 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones el proyecto de ley sobre protección social de la discapacidad. La iniciativa parlamentaria fue fruto de intensas negociaciones entre el oficialismo de La Libertad Avanza, el bloque de Argentina Federal liderado por Oscar Herrera Ahuad y bancadas opositoras como Unión por la Patria, quienes decidieron acompañar el dictamen definitivo tras reunirse con colectivos del sector. Con esta media sanción, el texto legislativo fue girado de inmediato al Senado para su tratamiento definitivo. Lee también: Río Negro busca prohibir la caza con perros: el proyecto prevé multas y decomisos La flamante normativa, titulada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, modifica el enfoque histórico al eliminar la condición de emergencia o transitoriedad y establecer una estructura de orden público con vigencia indefinida. En materia presupuestaria, el articulado garantiza un piso de financiamiento clave para el sector: determina por ley que los fondos asignados al Ministerio de Salud de la Nación no podrán sufrir caídas en términos reales con respecto al ejercicio fiscal del año previo. Entre los puntos más destacados, la ley ratifica la compatibilidad absoluta entre el cobro de la pensión por discapacidad —equivalente al 70 por ciento del haber jubilatorio mínimo para titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD)— y el desempeño en un empleo formal o la inscripción en el monotributo, fijando un tope salarial de dos haberes mínimos, vitales y móviles. Asimismo, preserva el principio de nomenclador único, asegura la cobertura médica a través del Plan Federal Incluir Salud y establece la actualización automática y periódica de los aranceles prestacionales atada a la inflación por movilidad previsional. Con el objetivo de optimizar los recursos públicos, la norma dispone la creación de un sistema de auditorías periódicas cruzando las bases de datos de la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER. Finalmente, a exigencia de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria de fuerte impacto para el sector: el Poder Ejecutivo Nacional dispondrá de un plazo máximo de 30 días para reglamentar la ley y confeccionar un cronograma obligatorio para cancelar todas las compensaciones económicas adeudadas a los prestadores de salud.