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\t\t\t\t\t\tEl gobierno volvi\u00f3 a poner en agenda el proyecto para agravar las penas por denuncias falsas. La iniciativa hab\u00eda quedado estancada y ahora intenta reactivarse en el Senado con impulso pol\u00edtico renovado. Detr\u00e1s del movimiento aparece una figura central, Patricia Bullrich, y una necesidad que atraviesa toda la discusi\u00f3n, de conseguir el acompa\u00f1amiento de los gobernadores. La propuesta apunta a endurecer las sanciones para quienes denuncien hechos inexistentes. Desde el inicio gener\u00f3 un escenario dividido, los bloques muestran posiciones cruzadas, y tambi\u00e9n a nivel federal. Los mandatarios provinciales expresaron reparos y obligaron al oficialismo a reformular la estrategia.<\/p>\n
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En su versi\u00f3n original, el proyecto propone elevar las penas actuales, hoy consideradas bajas y en muchos casos excarcelables. La intenci\u00f3n es avanzar hacia un esquema m\u00e1s severo donde las condenas podr\u00edan ubicarse entre 1 y 3 a\u00f1os de prisi\u00f3n. En situaciones agravadas escalar\u00edan entre 3 y 6 a\u00f1os, especialmente en denuncias vinculadas a violencia de g\u00e9nero, abuso o menores. Adem\u00e1s, se suman sanciones para falsos testimonios y peritajes adulterados, lo que ampl\u00eda el alcance del delito. Burford se hundi\u00f3 e YPF escal\u00f3 casi 4% tras el fallo a favor de la Argentina por el juicio de expropiaci\u00f3n El punto de conflicto no se limita a la escala penal, sino que la discusi\u00f3n de fondo se concentra en el impacto que podr\u00eda tener una norma de este tipo. En ese terreno, los gobernadores, otra vez, comenzaron a jugar un rol determinante. Desde distintas provincias surgieron advertencias sobre un posible efecto desaliento, principalmente a mujeres denunciantes de violencia de genero o familiar. La preocupaci\u00f3n apunta a que una legislaci\u00f3n demasiado amplia termine desincentivando denuncias reales. Tambi\u00e9n aparece otro temor, que denuncias que no prosperen por falta de pruebas puedan ser interpretadas como denuncias falsas y derivar en sanciones. El mensaje de los gobernadores fue claro, aunque no siempre expl\u00edcito. Sin ajustes, el proyecto dif\u00edcilmente consiga apoyo suficiente. Con ese escenario, el gobierno opt\u00f3 por una estrategia de negociaci\u00f3n. No se trata de una reescritura total, pero se comenz\u00f3 a trabajar modificaciones puntuales en la redacci\u00f3n para reducir resistencias y hacer la iniciativa viable. El foco est\u00e1 en delimitar mejor el delito y evitar interpretaciones amplias. Uno de los cambios centrales es reforzar que solo ser\u00e1n punibles los casos con intenci\u00f3n comprobada de mentir. La idea es marcar una diferencia clara con situaciones donde una acusaci\u00f3n no puede probarse. En esa l\u00ednea, se busca dejar establecido que una denuncia fallida no equivale a una denuncia falsa. Este punto aparece como clave dentro de la negociaci\u00f3n. Tambi\u00e9n se trabaja en incorporar salvaguardas espec\u00edficas en casos de violencia de g\u00e9nero. En ese \u00e1mbito el riesgo de desalentar denuncias aparece con m\u00e1s fuerza. La intenci\u00f3n oficial es evitar un efecto inverso al buscado y responder a los cuestionamientos de gobernadores y sectores judiciales. El respaldo, sin embargo, sigue siendo parcial. Algunos mandatarios valoran los cambios como un gesto de apertura, en cambio otros mantienen su desconfianza. Por ese motivo el gobierno enfatiza sobre que se busca avanzar contra las denuncias falsas sin restringir el acceso a la Justicia ni habilitar usos pol\u00edticos del delito. Millones de personas se manifiestan este s\u00e1bado contra Donald Trump en todo Estados Unidos: \u00ab\u00a1Luchemos contra el fascismo!\u00bb En paralelo, el impulso de Patricia Bullrich le imprime velocidad al debate. Desde su entorno sostienen que las denuncias falsas generan da\u00f1o institucional, afectan a personas inocentes y erosionan la credibilidad del sistema judicial. Bajo esa l\u00f3gica, el endurecimiento de penas aparece como una herramienta necesaria. Dentro del oficialismo reconocen que el camino no est\u00e1 despejado, el proyecto depende de acuerdos que exceden al Congreso. La clave est\u00e1 en la relaci\u00f3n con las provincias y en la capacidad de construir consenso pol\u00edtico. Por ahora, la iniciativa se mueve en una zona intermedia, tiene impulso pol\u00edtico y volvi\u00f3 a instalarse en la agenda, pero al mismo tiempo sigue atada a una negociaci\u00f3n abierta. Cada cambio en el texto busca acercar posiciones, en ese proceso, los gobernadores se consolidan como actores decisivos para definir si el proyecto avanza o vuelve a quedar en suspenso. RG <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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