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El Gobierno nacional present\u00f3 un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n para que revise la sentencia que habilit\u00f3 la implementaci\u00f3n de la ley de emergencia en discapacidad, al advertir sobre su impacto fiscal.
\n En un nuevo cap\u00edtulo de la tensa disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, el Gobierno Nacional ha decidido llevar su controversia por la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta la Corte Suprema de Justicia. Con un recurso extraordinario, el Ejecutivo busca impugnar un reciente fallo que ordena la plena y efectiva aplicaci\u00f3n de dicha ley. Este desarrollo respalda argumentos de severo impacto fiscal y lo que el gobierno describe como un riesgo de ‘gravedad institucional’.Todo comenz\u00f3 cuando el Congreso promulg\u00f3 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad en julio de 2025, ley que presuntamente apunta a ofrecer un marco m\u00e1s s\u00f3lido de protecci\u00f3n y servicios para individuos con discapacidades en todo el pa\u00eds. Sin embargo, lo que parec\u00eda ser una gran victoria para defensores de derechos, fue seguida r\u00e1pidamente por un veto presidencial, el cual fue desafiado y derrotado en el Poder Legislativo. Posteriormente, el Poder Ejecutivo movi\u00f3 ficha decretando la suspensi\u00f3n de su implementaci\u00f3n por el Decreto 681\/2025, sosteniendo que no se hab\u00edan establecido fuentes claras de financiamiento para sustentar las responsabilidades financieras significativas que la legislaci\u00f3n implica.Surgi\u00f3 entonces una demanda colectiva judicialmente que vet\u00f3 el decreto. En abril, el juez Adri\u00e1n Gonz\u00e1lez Charvay, a cargo del caso, decret\u00f3 que la suspensi\u00f3n del decreto era inv\u00e1lida, afirmando adem\u00e1s que el Ejecutivo hab\u00eda utilizado instrumentos fuera de su jurisdicci\u00f3n, es decir, usurp\u00f3 atribuciones que pertenecen exclusivamente al Congreso. Remat\u00f3 su sentencia al afirmar que, legalmente, el Jefe de Gabinete posee autoridad para asignar fondos necesarios en el cumplimiento de la ley.La controversia legal tom\u00f3 otro giro cuando la C\u00e1mara Federal de San Mart\u00edn clasific\u00f3 la cuesti\u00f3n como ‘abstracta’, lo cual dej\u00f3 espacio al recurso por parte del Gobierno. Este \u00faltimo sostiene que las potenciales consecuencias son de una significancia tal que afectan no solo a las partes involucradas en el litigio, sino al pa\u00eds en su conjunto. La implementaci\u00f3n de la sentencia podr\u00eda, seg\u00fan el argumento gubernamental, desbalancear el estado financiero nacional dada la magnitud del gasto p\u00fablico que implicar\u00eda, comprometiendo el esquema de seguridad social establecido y el abastecimiento de \u00e1reas cr\u00edticas a nivel nacional.As\u00ed, el escrito oficial solicita de forma decidida que la Corte Suprema suspenda la ejecuci\u00f3n del fallo hasta brindar una resoluci\u00f3n firme. Alegan que el caso presenta una dimensi\u00f3n que supera intereses individuales, ya que compromete pol\u00edticas p\u00fablicas m\u00e1s amplias y los fundamentos del equilibrio fiscal del pa\u00eds.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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